La exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo, la misma que enfrenta un juicio por presunta corrupción en el programa Buen Comienzo, encontró escampadero en la Costa Caribe para seguir contratando con el Estado.
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Mientras en Medellín la exfuncionaria lleva dos años afrontando un proceso penal en el que la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos, en el departamento de Cesar su nombre aparece vinculado a por lo menos cuatro contratos que fueron firmados después de que estallara ese escándalo y renunciara a su cargo en medio del escarnio público.
Estos contratos fueron encontrados por el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, quien durante una sesión en el Concejo cuestionó no sólo la pertinencia de que la exsecetaria siguiera ejecutando contratos públicos pese a sus procesos en curso, sino que consideró insólito que muchos de los exfuncionarios envueltos en cuestionamientos durante la era Quintero continúen conectados con la política en otras regiones.
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“Es que son sinvergüenzas, descarados. Y quieren seguir a sus anchas como si no hubiera pasado nada, como si en Medellín no nos acordáramos de todo el daño que le hicieron a la ciudad”, dijo el concejal.
Los contratos en cuestión
De acuerdo a la información publicada por De Bedout, los contratos en cuestión son por lo menos cinco, firmados por un total de $59 millones, y comprenden fechas que van desde el 2 de mayo de 2024 hasta uno firmado en febrero pasado y que todavía está en ejecución.
La vinculación contractual de Agudelo vino por cuenta principalmente de dos entidades: la Alcaldía del municipio de La Gloria y la Alcaldía del municipio de San Diego.
En el caso de La Gloria, el primer contrato aparece identificado como el 131 de 2024 y en su objeto reseñó una vinculación por prestación de servicios profesionales como psicóloga para los casos que deba atender la comisaría de familia de ese municipio en zona rural.
Dicha tarea, según el contrato, incluyó visitas domiciliarias, realización de estudios, asesorías, entre otros, y estipuló una remuneración mensual de $4 millones por un plazo de tres meses.
Con condiciones y remuneración similares, esa vinculación se renovó el 7 de agosto de 2024 por otros tres meses más.
También en 2024 comenzó la vinculación de Agudelo con el municipio de San Diego, en donde firmó un contrato el 7 de mayo de ese año con el objeto de prestar servicios profesionales para fortalecer el programa de calidad, cobertura y fomento a la educación.
Este contrato, identificado como el 106 de 2024, tuvo un valor de $10,5 millones y un plazo de ejecución de tres meses.
El 16 de octubre de 2024 el nombre de Agudelo aparece en otro contrato, esta vez con el objeto de prestar servicios profesionales para apoyar el diseño y la implementación de políticas públicas para juventudes.
Este contempló un valor de $7 millones y un plazo de ejecución de dos meses.
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El último contrato que aparece en los registros fue firmado el 13 de febrero de este año, por un valor de $17,5 millones y un plazo de ejecución de cinco meses, también con el objeto de fortalecer el programa de calidad, cobertura y fomento a la educación.
Según planteó De Bedout, fuentes conocedoras de las movidas políticas en esa región han señalado que el aterrizaje de Agudelo en esos dos municipios vendría más por cuenta de la cercanía de su cónyuge, Elmer Jacit Jiménez Silva, con el representante a la Cámara de Cesar por el Partido Conservador, Alfredo Ape Cuello Baute.
Este último, además de integrar la Comisión Sexta y ser identificado como uno de los parlamentarios que le marchan a los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro, ha sido también señalado de gozar de influencia con por lo menos 17 alcaldes de Cesar.
Aunque en las bases de datos de la Procuraduría, la exsecretaria Agudelo Ruiz no aparecía con ninguna inhabilidad vigente con corte a este 3 de abril, su llegada a esos dos municipios de Cesar levantó ampolla, sobre todo porque el juicio por el caso Bueno Comienzo se mantiene en curso.
Para conocer las razones de escoger a Agudelo como contratista, EL COLOMBIANO envió requerimientos de prensa tanto a la alcaldía de La Gloria como a la de San Diego, pero ninguna de esas dos entidades se pronunció al cierre de esta edición.
De igual manera, este diario consultó con el representante Alfredo Ape Cuello y la misma Agudelo Ruiz, quienes tampoco respondieron a las preguntas.
