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No cabe duda de que nuestro país se ha transformado para mejorar las condiciones de vida, reducir la pobreza y la desigualdad. Estas transformaciones sustanciales no deben perderse de vista, pues han sido posibles gracias a esfuerzos continuados, con distintos instrumentos y énfasis, de distintos gobiernos. Esto ha sido posible también por un manejo responsable de la economía, de las finanzas públicas y la política monetaria.
Colombia necesita ser consciente de esas transformaciones. Por ejemplo, en 1900, el 66,0% de la población era analfabeta (BdelaR). En el último censo de Población y Vivienda del Dane, dicho porcentaje es de 5,1% (para población mayor de 15 años). La esperanza de vida al nacer en 1960 era de 57 años y en 2023, aún después de los efectos de la pandemia, este indicador se situaba cerca de 21 años por encima, es decir, en 78 años. Varios factores han incidido en este último progreso, así como en la menor tasa de mortalidad infantil (de 86 x cada mil nacidos vivos en 1964 a cerca de 10 en 2024 (BM)): la salud pública (programas de vacunación, etc.), la reducción de la mortalidad materna, el mayor acceso a agua potable y obviamente el aseguramiento creado por la ley 100 de 1993. Es necesario reiterar que esta ley aumentó la cobertura del aseguramiento de 23,7% a inicio de los 90s a cerca de 98,0% en 2022 (Anif).
Quizás otro de los cambios más importantes que ha tenido Colombia es la participación laboral de la mujer. En 1951, solo 701 mil mujeres hacían parte de la población económicamente activa (PEA), 18.7% de esta (Censo, Dane); el último dato del Dane para este año es de 11.1 millones de mujeres, que representan el 42,0% de la PEA. Esto ha sido posible por el mayor acceso a la educación y el menor número de hijos. Pese a estos logros, es necesario transformar la doble jornada de las mujeres para no limitar sus posibilidades laborales, principalmente a través de una oferta adecuada de atención a la primera infancia y de cuidadores.
También hay avances indudables en calidad de vida. El acceso de las viviendas a servicios públicos en 2018 (Censo, Dane) así lo evidencia: 96,3% en energía eléctrica, 86,4% en acueducto, 76,6% en alcantarillado y 81,6% en recolección de basuras; aun así, hay que repensar el diseño en la provisión de varios servicios públicos como alcantarillado y gas domiciliario, además de la calidad de la educación y la salud primaria en las zonas más apartadas. Eduardo Lora (2024) sostiene que hoy la calidad de vida es un concepto más amplio que incluye la felicidad y sus determinantes. Las políticas del cambio están afectando logros trascendentales como el de esperanza de vida saludable y servicios públicos como energía. Colombia debe profundizar todos esos logros, cerrar brechas regionales y erradicar la pobreza, y no dejar perder, además, las ventajas de estos en ese nuevo concepto de calidad de vida. Los precandidatos tienen mucho que decir al respecto.
