El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los ocho alcaldes del Valle de San Nicolás le ganaron una acción de tutela al Ministerio de Hacienda, al que se le ordenó girar los recursos para la consulta del Área Metropolitana de esta parte del Oriente antioqueño para determinar si se aprueba o no su creación.
El fallo fue aprobado por el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín en favor de los denunciantes, argumentando que esta consulta cuenta con un visto bueno desde el pasado 3 de junio.
Para esta consulta se deben destinar 6.858.446.029 pesos por parte de esta cartera y desde entonces, mediante la gestión del secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto, se había logrado su aprobación.
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Según esta acción de tutela, el Ministerio de Hacienda tiene que girar los recursos en un plazo de dos días y aunque haya una apelación para no hacerlo, igual se debe destinar los recursos para que se pueda realizar esta consulta.
La tutela también fue firmada por los alcaldes de Hugo Alfonso Jiménez Cuervo, alcalde de El Carmen de Viboral; Santiago Montoya Giraldo, de El Retiro; Martín Alberto Duque Gallo, de El Santuario; Diego Mauricio Grisales Gallego, de Guarne; María Ilbed Santa Santa, de La Ceja; Carmen Judith Valencia Moreno, de La Unión; Julio César Serna Gómez, de Marinilla; Jorge Humberto Rivas Urrea, de Rionegro, y Nelson de Jesús Henao Zapata, de San Vicente Ferrer.
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El principal argumento para esta acción de tutela se dio luego de que se tuviera que postergar las votaciones para aprobar esta área metropolitana, comicios que estaban programados para el próximo 9 de noviembre, pero que por falta de recursos se tuvieron que suspender. Ahora la Registraduría deberá definir una nueva fecha para que se pueda realizar
Los demandantes indicaron que para programar la fecha para los comicios, había un concepto favorable por parte de este ministerio, garantizando la disponibilidad de los dineros para el evento electoral. La mayor inconformidad fue el cambio de decisión a última hora.
“(No es válido que) una vez autorizado el uso de unos recursos, a pocos días de llevarse a cabo el certamen electoral, la entidad accionada se sustraiga del compromiso adquirido, aduciendo la difícil situación fiscal del país, así como la posibilidad de que los entes territoriales interesados financiaran la Consulta Popular”, señaló el documento.
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