La investigación que hoy tiene a Lili Pink en un proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación se remonta a 2022, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha un sistema interno de monitoreo conocido como “el Ojo de la Dian” y que detectó una presunta red de contrabando.
En 2022, EL COLOMBIANO publicó el artículo Software de la Dian pescó a un zar del contrabando. Allí se contó cómo la Dian diseñó un software para vigilar en tiempo real el comportamiento de los funcionarios de la entidad. A través de esta herramienta, entidad comenzó a detectar accesos inusuales a información tributaria, como consultas de datos de terceros que no correspondían a las funciones asignadas, así como solicitudes sospechosas de devoluciones de IVA. Eso encendió las alarmas.
¿Qué alertas encendieron las sospechas sobre el contrabando textil?
Las primeras señales de irregularidades surgieron cuando el sistema identificó un patrón repetitivo: varios funcionarios consultaban información relacionada con empresas registradas en una misma dirección en Barranquilla.
Este hallazgo llevó a la entidad a profundizar en el análisis. La Dian encontró que en ese mismo lugar se habían constituido más de 30 empresas del sector textil durante los últimos 20 años. Todas compartían características similares: operaban como proveedoras, tramitaban devoluciones de IVA y luego desaparecían.
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Con base en estos indicios, las autoridades ubicaron una de las empresas que aún seguía activa y procedieron a realizar un allanamiento. En ese operativo se encontró una libreta con registros detallados de pagos de sobornos a funcionarios de la Dian.
Los apuntes incluían porcentajes, montos y nombres, lo que permitió evidenciar un esquema sistemático de coimas para facilitar devoluciones fraudulentas de impuestos.
¿Cómo operaba el esquema de contrabando de Lili Pink?
A partir de las pruebas recolectadas, la Dian logró establecer que existía un modelo estructurado de fraude. Las empresas fachada simulaban operaciones comerciales para justificar devoluciones de IVA sobre mercancía que en realidad había ingresado al país como contrabando.
El esquema combinaba varios elementos: ingreso ilegal de textiles sin pago de impuestos, creación de compañías ficticias que servían como proveedoras, facturación con IVA inexistente y solicitud de devoluciones tributarias fraudulentas.
Además, la investigación confirmó la participación de funcionarios de la Dian, quienes facilitaban los trámites irregulares a cambio de sobornos.
La Fiscalía se demoró cuatro años en tomar acciones
Tras consolidar las pruebas, la Dian trasladó el caso a la Fiscalía en 2022, incluyendo la información obtenida por el software, los patrones detectados y los hallazgos del allanamiento.
Sin embargo, solo hasta 2026 el ente acusador tomó acciones concretas. Sobre este punto, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, señaló: “Esto viene desde el 2022, mire todo los que se demoró la Fiscalía en poder dar esta orden de allanamiento, cuatro años, increíble que sea tan lenta la justicia, pero por fin llegó”.
En síntesis, la entidad destapó un esquema completo de negocio ilegal basado en contrabando de mercancía, uso de empresas ficticias, fraude con devoluciones de IVA y corrupción interna.
La investigación no surgió por una denuncia externa, sino por inteligencia basada en análisis de datos y monitoreo interno, lo que permitió identificar tanto la red de contrabando como la participación de funcionarios dentro de la propia entidad.
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