La mina de oro conocida La Mandinga, controlada por el Clan del Golfo, no solo operaba en las inmediaciones de una base del Ejército colombiano, sino que alcanzó a instalarse dentro de su perímetro. Fuentes militares lo habían negado, pero un reportaje gráfico, documentado por periodistas de The New York Times, reveló este domingo una actividad que contradice los controles estatales sobre la minería ilegal en el país.
En repetidas visitas al lugar, los reporteros observaron cómo decenas de trabajadores utilizaban mangueras de alta presión para remover grandes extensiones de bosque, en una operación a cielo abierto que transformó el paisaje en un terreno de lodo, pozos y agua contaminada.
La mina colinda con el Batallón Rifles 31. Según el reportaje, incluso sin barreras físicas claras entre ambos espacios, la actividad extractiva avanzó progresivamente hacia instalaciones militares. El Batallón de Infantería Aerotransportado N°31 Rifles desarrolla operaciones militares de manera permanente y conjunta, en el municipio de Cáceres, Antioquia, en la jurisdicción del Bajo Cauca antioqueño y Sur de Córdoba, particularmente contra la amenaza hídrica.
Imágenes aéreas captadas con drones muestran en el reportaje zonas intervenidas dentro de lo que sería propiedad del Ejército, mientras los generadores diésel —ruidosos y constantes— podían escucharse desde los edificios de la base.
Pese a estas evidencias, el entonces comandante, el coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente que la extracción ilegal se realizara dentro del batallón. Reconoció la presencia de mineros en áreas vecinas, pero sostuvo que no habían cruzado los límites militares. También aseguró que en los seis meses que llevaba al “mando había tenido conocimiento de los mineros ilegales de al lado, pero señaló que el ejército dudaba en emprender acciones armadas contra civiles, aunque estuvieran cometiendo delitos”.
La versión oficial empezó a desmoronarse cuando el propio coronel accedió a recorrer la zona junto a los periodistas. A pocos minutos de caminata desde la base, el bosque dio paso a un terreno devastado: maquinaria improvisada, pozos fangosos y trabajadores operando a plena luz del día. Allí, frente a la evidencia, el oficial admitió que la actividad ocurría en terrenos del Ministerio de Defensa.
“Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, nosotros podemos dispararles por estar aquí”, les gritó a quienes estaban allí.
Soldados llegaron al sitio y comenzaron a destruir los equipos utilizados en la minería: rociaron gasolina sobre motores y mangueras, y les prendieron fuego. Los mineros, lejos de dispersarse sin resistencia, intentaron salvar sus herramientas, apagaron llamas con agua lodosa y, en algunos casos, respondieron con agresiones.
El enfrentamiento escaló rápidamente. Algunos trabajadores blandieron machetes, otros lanzaron piedras. Uno de ellos llegó a amenazar con incendiar el lugar rociando gasolina mientras advertía que “todos se iban a prender”. La tensión obligó al coronel y a sus hombres a retirarse del área.
Detrás de esta escena hay una economía ilegal consolidada. Los mineros que operan en La Mandinga pagan un impuesto al Clan del Golfo para poder trabajar, lo que convierte la extracción de oro en una de las principales fuentes de financiación de este grupo armado. Según el reportaje, este flujo de recursos permite la compra de armas y el sostenimiento de su control territorial.
El caso adquiere una dimensión internacional. Uno de los puntos más graves, es que la investigación periodística señala que parte de ese oro ilegal habría ingresado a cadenas de suministro que terminan en Estados Unidos, incluso llegando a la Casa de la Moneda, pese a las restricciones legales que exigen que solo se adquiera oro extraído dentro de ese país. Precisamente, el Clan del Golfo, el grupo armado más grande de Colombia, fue catalogado por Estados Unidos como organización terrorista.
Para el coronel Echeverry, quien supervisa a unos 800 soldados en la región, el episodio dejó en evidencia una contradicción: mientras el Ejército combate a estructuras criminales, estas logran operar —y financiarse— en espacios bajo su propia jurisdicción. Tras conocer las pruebas, el oficial aseguró que tomaría medidas.
El reportaje cuestiona además la dificultad del Estado colombiano para controlar economías ilegales que se expanden incluso en zonas militarizadas.
Como respuesta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, publicó en su cuenta de X y anunció que ordenó “una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia” y dijo que “aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley”.
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