El próximo año se perfila como un periodo de mayor dinamismo para la economía colombiana. Las proyecciones apuntan a que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá del 2,6% en 2025 a entre 2,8% y 3% en 2026. Sin embargo, este avance estaría condicionado por una inflación que no lograría ceder y por tasas de interés que se mantendrían elevadas.
Entre los pronósticos más recientes se encuentra el de Corficolombiana, que prevé una reactivación económica más sólida, aunque heterogénea entre sectores. La firma advierte, no obstante, que las finanzas públicas continúan en una posición frágil, lo que podría limitar el margen de maniobra del Gobierno en los próximos años.
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En entrevista con EL COLOMBIANO, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que, sin un ajuste fiscal creíble, el país se mantendría “al filo del precipicio” en 2025 y 2026. Además, proyectó que el déficit fiscal superará el 7,5% del PIB al cierre de este año, mientras que la discusión del Presupuesto General de la Nación refuerza la percepción de que 2026 podría ser un año aún más complejo para las cuentas públicas.
Pabón también advirtió que podrían surgir nuevas presiones inflacionarias en los próximos meses, impulsadas principalmente por la discusión del salario mínimo y los ajustes en precios regulados. Estos factores, añadió, limitarían la capacidad del Banco de la República para acelerar la reducción de su tasa de interés.
¿Qué se espera para el cierre de año en materia de crecimiento e inflación?
“El crecimiento es una noticia positiva. Vemos que puede ser incluso superior al 2,6%, lo cual se explica por diferentes razones, entre ellas la reactivación de las regiones. Por ejemplo, Antioquia se ha convertido en un líder de la reactivación económica, no solo en términos de producción, sino también de empleo. El crecimiento del departamento podría superar el 3%, por encima del promedio nacional.
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Uno de los sectores que más estaría impulsando la actividad económica en Antioquia es el de infraestructura, gracias a las inversiones que se están desarrollando, las cuales generan impactos positivos no solo en la producción, sino también en el empleo. Esto se complementa con el buen desempeño del comercio y el consumo.
En cuanto a la inflación, esta no muestra señales de ceder. El proceso de desinflación se estancó desde noviembre del año pasado, en torno al 5%, y todo indica que podría repuntar en los próximos meses. Estimamos que cerrará 2025 por encima del 5%, mientras que en 2026 se ubicaría alrededor del 4,3%, aún lejos de la meta del 3% del Banco de la República. Así sería el sexto año consecutivo en que no se cumplirá esta meta”.
¿Cuáles son los riesgos fiscales que ve para el próximo año?
“La situación fiscal y los riesgos inflacionarios seguirán siendo factores latentes durante el próximo año. Vemos que las finanzas públicas podrían registrar un déficit cercano al 8% del PIB este año, y un nivel no muy diferente el próximo. Esto enciende las alarmas, porque serían los déficits más altos de la historia reciente, en al menos 120 años, exceptuando la pandemia.
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Estos datos demuestran que las finanzas públicas no son sostenibles en el corto ni en el mediano plazo, y eso naturalmente imprime riesgos importantes para la economía colombiana, sin importar el gobierno que llegue.
Creemos que la llegada del nuevo gobierno podría cambiar algunos rumbos, pero será difícil que la situación fiscal, así como los problemas de precios e inflación, se resuelvan rápidamente, independientemente de quién asuma el poder”.
La deuda pública alcanzó un nuevo récord histórico en septiembre: aumentó $169 billones en solo 12 meses, el mayor salto anual desde 2002. ¿Qué panorama le deja esto al próximo gobierno?
“Creo que este va a ser el tema más crítico que tendrá que sortear el país, llegue el gobierno que llegue.
La deuda como porcentaje del PIB ya supera el 60%, uno de los niveles más altos de la historia reciente, exceptuando la pandemia. Además, no muestra señales de corregirse, sino de incrementarse. Y aunque con frecuencia me preguntan si este resultado se debe al gobierno anterior, la realidad es que ya en el tercer año de esta administración, resulta difícil sostener ese argumento. Este gobierno tiene mucho que ver en el deterioro actual.
El problema no es solo de planeación financiera, pues se han sobreestimado los ingresos año tras año, sino también de falta de austeridad y de ajuste en el gasto, medidas que eran necesarias para aliviar, al menos parcialmente, esta situación.
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En perspectiva, las finanzas públicas están al ‘filo del precipicio’, como lo hemos señalado. Es fundamental que el próximo gobierno adopte correctivos inmediatos, aunque probablemente serán insuficientes, ya que el Presupuesto de este año y del próximo ya está prácticamente definido. Esta semana se conocerán los montos y la distribución, lo que significa que la presión sobre el gasto seguirá vigente, sin importar quién llegue al poder.
Muy posiblemente, las decisiones de fondo solo tendrán efecto a partir de 2027. Mientras tanto, la deuda y la falta de sostenibilidad fiscal seguirán siendo factores latentes que afectarán la confianza en la economía colombiana, algo que ya se refleja en las calificaciones de riesgo y en el aumento de los intereses que paga el Gobierno por su deuda”.
El Gobierno inició una operación de manejo de deuda poco convencional, en la que toma un préstamo de corto plazo en francos suizos a una tasa baja para recomprar TES y bonos globales con descuentos altos... ¿cree que es una apuesta arriesgada?
“En efecto, es una estrategia novedosa que se viene implementando, aunque aún no se ha ejecutado por completo. La idea es que esta operación tenga una duración de un año, pero implica riesgos inherentes que siempre deben considerarse en este tipo de medidas.
El primero es el riesgo cambiario. El Gobierno ha reconocido este riesgo y, de hecho, ha tomado coberturas para mitigarlo. Sin embargo, la operación nos hace más vulnerables frente a la volatilidad de las divisas, especialmente frente al dólar y al franco suizo, que es la moneda en la cual se adquirió el crédito y se estructuró esta operación de deuda pública.
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El segundo riesgo, que se hará más evidente el próximo año cuando finalice la operación, es el de refinanciamiento. En agosto de 2026, cuando llegue el nuevo gobierno, deberá decidir qué hacer con esta deuda que vence al cabo de un año. En ese momento, habrá que definir si se refinancia, si se emiten nuevos bonos —por ejemplo, en euros— para continuar con el proceso, o si se opta por pagar una cuenta potencialmente muy costosa si las condiciones no resultan favorables.
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Es, en resumen, una apuesta novedosa, pero con riesgos claros: cambiarios, de refinanciamiento y también políticos. Aunque podría generar ingresos adicionales en el corto plazo —como lo ha señalado el Ministerio de Hacienda—, estos recursos están destinados principalmente a aliviar la situación fiscal y mejorar la liquidez del Gobierno Nacional”.
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