En medio de crecientes tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, lanzó una advertencia que va más allá de lo técnico y toca el corazón institucional del país: la autonomía monetaria podría quedar en entredicho si no se respetan las reglas de juego.
En entrevista con Bloomberg Línea, Villar aclaró que, si el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no asiste a la próxima reunión de la Junta Directiva, simplemente no habría sesión válida para decidir sobre tasas de interés.
Cabe recordar que el Decreto 2520 de 1993 establece que la presencia del ministro y al menos cinco miembros es obligatoria para deliberar.
“Si se usa para, de alguna manera, obligar a que las decisiones tengan que ser aquellas que quiere el Gobierno, la independencia y la autonomía del banco estarían en entredicho”, señaló Villar.
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La ruptura de marzo y la tensión con el Gobierno
El episodio que detonó la preocupación ocurrió en marzo. En plena reunión de política monetaria, Ávila abandonó sorpresivamente la sesión y convocó una rueda de prensa paralela, en la que acusó al Banco Central de favorecer al sector financiero y a inversionistas privados.
Ese gesto profundizó el distanciamiento con el Gobierno de Gustavo Petro y dejó una señal de ruido institucional que hoy inquieta a los mercados.
Villar reconoció que desde entonces no ha tenido contacto con el ministro, aunque mantiene la expectativa de que asista a la reunión del 30 de abril.
“Tengo respeto. A pesar de la deslegitimación que ha hecho mía y de mis colegas, estoy abierto a conversar”, dijo, dejando ver un canal institucional aún abierto, pero tensionado.
¿Qué pasa si el ministro de Hacienda no asiste a la Junta?
El escenario es delicado. Sin la presencia del ministro, la Junta no podría sesionar, lo que bloquearía decisiones clave de política monetaria en un momento de alta sensibilidad inflacionaria.
“Si él no llega, habría que ver cómo la institucionalidad del país puede hacer que la Constitución se respete”, advirtió Villar, sugiriendo un posible choque entre normas y práctica política.
Aunque algunos exgerentes y excodirectores han planteado excluir al ministro de la Junta, Villar se aparta de esa idea.
Considera que el esquema actual ha funcionado durante 35 años y confía en que “la sensatez prevalezca”.
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