La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió sus dos primeras sentencias por crímenes cometidos en el conflicto armado: una contra 12 exmilitares responsables de 135 casos de falsos positivos en Cesar, y otra contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros.
Ambas decisiones, que imponen sanciones restaurativas en lugar de cárcel durante ocho años, han sido catalogadas como un hito por la comunidad internacional, pero también despiertan debate interno sobre los alcances de la justicia transicional.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) celebró la expedición de estas sentencias y confirmó que tendrá un papel activo en su verificación.
Raúl Rosende, jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, explicó que el Consejo de Seguridad mandató a la misión para vigilar dos aspectos clave: primero, que los sancionados cumplan efectivamente con las medidas impuestas, y segundo, que el Estado garantice las condiciones necesarias para su implementación.
La ONU presentará reportes trimestrales al Consejo de Seguridad y realizará este trabajo de forma “independiente e imparcial”. Para ello, aprovechará su presencia territorial en algunas de las regiones más golpeadas por el conflicto, lo que le permitirá estar en contacto directo con comunidades y víctimas.
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“La implementación eficaz, enérgica y célere de las sentencias es fundamental, así como escuchar la voz de las víctimas”, dijo Rosende, quien subrayó que el éxito de las sanciones restaurativas dependerá de que coincidan con las expectativas y necesidades de quienes sufrieron los crímenes.
El organismo también hizo un llamado al Estado colombiano a movilizar esfuerzos para que estas medidas puedan cumplirse en la práctica, y a los sancionados para que preserven su compromiso con la paz.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó las sentencias como un paso histórico en la implementación del Acuerdo de Paz y reiteró el respaldo del sistema internacional al modelo de justicia transicional colombiano, que busca satisfacer los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición y consolidar la paz.
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