Una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno para cerrar brechas en salud en la región amazónica ha quedado en entredicho por un escándalo que mezcla nepotismo y abuso de poder. En el centro del escándalo está Beatriz Gómez Consuegra, esposa del actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es médica de profesión y ocupa un alto cargo como superintendente delegada para prestadores en la Superintendencia Nacional de Salud.
Aunque su cargo ya le otorga una cuota significativa de autoridad, múltiples fuentes denuncian que Gómez Consuegra ha sobrepasado los límites de sus competencias, emitiendo órdenes y tomando decisiones en procesos que son directamente competencia del ministerio, liderado por su esposo. La situación ha escalado con la reciente destitución de la agente interventora del Hospital San Rafael de Leticia, Lina Baracaldo, luego de negarse a firmar un contrato con serias dudas legales y financieras.
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Según reveló el periodista Daniel Coronell en su columna dominical en Cambio, Gómez Consuegra habría presionado de manera directa y con un tono autoritario a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia, encargado de ejecutar el proyecto del hospital fluvial en el Amazonas. La funcionaria, en una llamada telefónica, exigió la firma inmediata del contrato, a pesar de que no se contaban con las garantías jurídicas ni presupuestales para su implementación. De no hacerlo, advirtió que debían presentar su renuncia.
El proyecto en cuestión involucra la compra de un buque hospital por 55.000 millones de pesos, destinado a prestar atención médica a comunidades remotas del Amazonas. Si bien el plan fue anunciado como un avance significativo en salud pública, su ejecución ha sido obstaculizada por retrasos administrativos, aumentos de costos por parte de los constructores del barco –la empresa Cotecmar– y falta de garantías presupuestales para su operación.
Además, comunidades indígenas afectadas interpusieron una tutela alegando falta de consulta previa, mientras que la Gobernación del Amazonas no respaldó la iniciativa y tampoco aprobó las vigencias futuras requeridas para asegurar el sostenimiento del proyecto.
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En ese contexto, Lina Baracaldo y Mario Castro, asesor jurídico del hospital, recomendaron posponer la firma del convenio. La advertencia era clara: sin recursos asegurados, el hospital fluvial podría naufragar financieramente, llevándose consigo al Hospital de Leticia, que sería el operador del servicio. Pero esta posición no fue bien recibida por la superintendente delegada.
El pasado 27 de marzo, Beatriz Gómez Consuegra habría realizado una llamada telefónica al abogado Castro, exigiendo que el contrato se firmara ese mismo día, sin más dilaciones. La grabación divulgada registra no solo un tono autoritario, sino también la amenaza directa: “Ustedes firman hoy... o mañana me presentan la renuncia”.
Durante la conversación, también participaron Mónica González, directora de medidas especiales de la Superintendencia, y una contratista llamada Nayith Arango. El llamado a firmar el convenio y subir los documentos al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) ignoraba por completo las advertencias legales y técnicas previamente formuladas.
Consultada sobre la llamada, Gómez Consuegra negó haber participado en dicha conversación, alegando que el proyecto era competencia del ministerio, no de la Superintendencia. No obstante, al ser confrontada con un fragmento del audio, dijo no reconocer su propia voz, pese a la similitud con sus declaraciones públicas previas.
Cuatro días después del episodio, la Superintendencia emitió la resolución que removió a Lina Baracaldo de su cargo como agente interventora. Su reemplazo, Dennis Amparo Vásquez Arias, ha sido vinculada a cuotas políticas del Tolima, departamento del que es originario el ministro Jaramillo.
El Ministerio de Salud, por su parte, emitió este domingo un comunicado en el que manifestó su preocupación por las “demoras injustificadas” en la ejecución del proyecto, valorado en 55.000 millones de pesos y que involucra también a Cotecmar y la Armada Nacional. La cartera no hizo referencia a las denuncias sobre la conducta de Gómez Consuegra, limitándose a enfatizar la necesidad de avanzar con la iniciativa.
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Según el ministerio, las trabas en el desarrollo del buque hospital afectan directamente a las poblaciones ribereñas del Amazonas, quienes han sufrido históricamente las consecuencias del abandono estatal. Sin embargo, en los argumentos de funcionarios del Hospital de Leticia que se resistieron a firmar el contrato, pesaban elementos como errores administrativos del propio ministerio, el aumento en los costos exigidos por Cotecmar y la falta de recursos asegurados para operar la nave, lo que ponía en riesgo la sostenibilidad del proyecto.
El ministro Jaramillo, por su parte, evitó referirse directamente al contenido de las denuncias, y se limitó a defender la trayectoria profesional de su esposa. A través de un mensaje publicado en la red social X, señaló que los cuestionamientos en contra de Gómez Consuegra tienen un trasfondo “machista” y aseguró que su designación en el cargo se dio antes de que él asumiera el liderazgo de la cartera, respaldo que apoyó en un concepto de la Función Pública.
“Una vez me fue ofrecido el cargo por el señor presidente Petro, actué con total transparencia y solicité un concepto a Función Pública para que evaluara cualquier posible inhabilidad. La entidad, que es la competente para hacerlo, concluyó que no existe ninguna inhabilidad, pues no hay relación jerárquica entre nuestras funciones ni facultad o posibilidad de nominarnos mutuamente”, escribió.
“Es profundamente indignante que, a pesar de esta claridad jurídica, los ataques persistan, y más grave aún, que se realicen con un sesgo evidentemente machista”, escribió el ministro, sin hacer mención de la denuncia sobre la presión que se habría ejercido desde la Superintendencia sobre funcionarios subordinados a su ministerio.
“Este tipo de agresiones no solo buscan deslegitimarla como profesional, sino que refuerzan una cultura que aún persiste en nuestro país: una en la que el mérito de una mujer es cuestionado solo por ser pareja de un hombre que ostenta un cargo de poder”, agregó.
