Quince días después del brutal ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades han logrado judicializar a cuatro de los implicados, sin que hasta ahora se conozca quiénes dieron la orden. ¿A cuántos más habrá que atrapar para llegar hasta los verdaderos autores intelectuales?
Para responder a esta pregunta, hay que analizar cómo operan las redes sicariales y terroristas en Bogotá, en particular las involucradas en atentados que, desde su planeación, buscan sacudir a la opinión pública con un hecho de resonancia nacional.
Fuentes de la Fiscalía y la Policía le explicaron a EL COLOMBIANO que, por lo general, este tipo de estructuras criminales se articulan en tres niveles, que se coordinan entre sí y definen las funciones de los miembros contratados, pero actúan con relativa independencia.
En un primer nivel están los autores intelectuales, que señalan al blanco del ataque y se encargan de la financiación del operativo ilegal.
En el segundo, hay una célula logística con un coordinador, la cual se encarga de conseguir armas, explosivos, medios de transporte, tiquetes, vestuario, hospedajes y otros implementos necesarios para ejecutar el atentado. También es la que asume la labor de contratar y transportar a quienes van a perpetrar el ataque.
Y en el tercer nivel está la célula que se ocupa de ajusticiar a la víctima, compuesta por los espías que le hacen seguimientos y los sicarios. En algunos casos estas personas son integrantes de bandas delincuenciales diferentes a la organización que financia la operación.
“Los delincuentes utilizan este esquema de nódulos o células para mantener en la clandestinidad a los autores intelectuales. Cada nivel solamente sabe una parte del plan, no tiene todo el panorama ni conoce a los demás participantes, así compartimentan la información y evitan fugas que los comprometan”, comentó uno de los investigadores judiciales consultados.
Esta metodología delincuencial se ha detectado en los principales atentados que han sacudido a la capital colombiana en los últimos años: las bombas contra el centro comercial Andino, la escuela de cadetes general Santander, el CAI del barrio Arborizadora Alta y la caravana vehicular del exministro Fernando Londoño (ver los ANEXOS).
¿Cuánta gente participa?
El número total de involucrados en esta clase de crímenes es variable, aunque suele haber un mínimo de 10 participantes, según las fuentes. “Eso lo sabemos por los casos que se logran esclarecer, que, la verdad, no son todos”, contó un agente.
En el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, perpetrado en 2022 en la isla de Barú (Cartagena), han sido procesadas nueve personas de las células operativa y logística, pero tres años después no ha sido posible llegar hasta los determinadores.
Para citar otro caso emblemático, aunque más antiguo, recordemos el asesinato del humorista Jaime Garzón Forero, cometido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá.
La investigación judicial ha señalado a 15 personas, la mayoría de las cuales ha muerto en el transcurso del tiempo por diferentes motivos.
La célula operativa, encargada de ejecutar el ataque sicarial, estuvo conformada por cuatro miembros de la banda “la Terraza”, de Medellín.
La logística corrió por cuenta de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en especial del cabecilla Diego Murillo Bejarano (“don Berna”).
Y los autores intelectuales fueron altos mandos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Ejército Nacional, según el expediente.
De este último nivel fueron condenados a 30 años de cárcel José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del DAS; y a 38 años Carlos Castaño Gil, comandante de las AUC (aunque fue asesinado en 2004). También fueron investigados varios generales y otros miembros del DAS, sin que hasta ahora haya más sentencias, por lo que el número total de participantes en este hecho podría crecer.
Hay homicidios de alto impacto en los que es muy difícil establecer la cadena de mando, y para continuar con los ocurridos en Bogotá, recapitulemos los relacionados con la disputa interna en el cartel conocido como la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico.
Desde 2021 se han documentado once atentados con nueve muertos y dos heridos ligados a la minería de esmeraldas, el tráfico de cocaína y el lavado de activos.
De esa lista, dos de los homicidios más sonados fueron los de los empresarios esmeralderos Juan Sebastián Aguilar (“Pedro Pechuga”) y Hernando Sánchez, acribillados por un francotirador que los tenía en la mira desde un cerro y les acertó sendos balazos en la urbanización Bosques del Marqués, donde ambos vivían. El primero cayó el 7 de agosto de 2024 y el segundo el 6 de abril de 2025.
Por ahora no hay pistas concretas del autor material, y aunque se sospecha de los intelectuales, los investigadores han tenido pocos avances.
Intereses políticos
A diferencia del citado francotirador, en el ataque al senador Uribe, el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, el sicario adolescente fue capturado minutos después y luego aceptó ser testigo de la Fiscalía. Esto ha permitido conocer a otros implicados.
Aplicando el esquema de operación de las redes criminales en la capital, la investigación subsiguiente ha permitido acercarse, además del menor de edad que integra la célula operativa, a quienes hicieron parte de la logística.
Entre esos están el supuesto transportador, Carlos Mora González; la joven que entregó la pistola y luego se quedó merodeando en la escena, Katerine Martínez Martínez (“Gabriela”); y uno de los coordinadores del operativo, William González Cruz (“el Hermano”).
Actualmente la cacería está enfocada en un personaje conocido como “el Costeño”, quien al parecer participó también en la coordinación y contrató a algunos de los implicados.
Sobre la célula operativa, además del sicario de 15 años, si investiga si pertenecía a alguna banda de la localidad de Engativá.
El misterio está en quiénes son los autores intelectuales. El indicio más cercano tiene que ver con la manera en que la Fiscalía catalogó el caso: un crimen por razones políticas.
Esto quiere decir que los determinadores deben ser personas con intereses en el poder público.
Miguel Uribe es precandidato del partido Centro Democrático y uno de los más acérrimos opositores al Gobierno Nacional en el Congreso de la República. En las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 que se han publicado hasta ahora, no figura entre los favoritos.
Este contexto genera algunas preguntas en los investigadores, ¿será que el objetivo no era sacarlo de la campaña política, sino eliminarlo por lo que simboliza?
Por los testimonios de algunos de los detenidos, se presume que los autores intelectuales aportaron más de $1.000 millones para este golpe, lo que descarta a simples fanáticos políticos y pone sobre a mesa a una organización con capacidad financiera. Alguien está moviendo los hilos detrás de las sombras, ¿esta vez habrá forma de alumbrarlo, o se cortarán los hilos antes de llegar a ese nivel?
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ANEXO: LOS OTROS ATENTADOS EN BOGOTÁ
