El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, ha presentado formalmente una recusación contra la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, alegando prejuzgamiento, falta de imparcialidad y persecución política. La solicitud, presentada por su apoderado, Luis Gabriel Chaves Ortiz, se motiva en las declaraciones de la Fiscal General del pasado 24 de junio, en las que aseguró públicamente que ya se había formulado imputación en su contra.
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La controversia surgió tras una rueda de prensa en Medellín, donde la Fiscal Camargo, al ser consultada sobre los procesos contra el gobernador, afirmó: “En cuanto al Gobernador de Antioquia, el Gobernador de Antioquia tiene fuero, ese fuero es de Fiscal General... que es una investigación que adelanta una Fiscal Delegada ante la Corte por delegación mía, en la cual se formuló imputación, ya se formuló imputación”. Añadió que no era persecución, sino parte de su actividad ordinaria.
Sin embargo, el gobernador Rendón y su defensa aseguran que no hay tal imputación al día hoy y que no ha sido “llamado, citado o notificado” para ninguna audiencia de imputación. Esta discrepancia generó extrañeza en quienes seguían el proceso, e incluso, desde el área de comunicaciones de la Fiscalía se aclaró posteriormente que el proceso contra Rendón continuaría en etapa de indagación.
Los argumentos detrás de la recusación
La defensa de Rendón sostiene que la afirmación de la Fiscal General es “sesgada de la realidad” e “influye directamente en sus subalternos con el mensaje de que hay que imputar”. Además, indica que estas declaraciones “denotan una parcialidad objetiva” que afecta el debido proceso y generan “prejuicio mediático y social” contra el gobernador, así como “incertidumbre jurídica, especulaciones y zozobra en la opinión pública”.
Para la defensa, estas manifestaciones “atentan directamente contra la presunción de inocencia”. El gobernador, por su parte, ha manifestado que su libertad y presunción de inocencia están “bajo amenaza”.
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Rendón también ha cuestionado la “celeridad desmesurada y tan repentina” de la investigación, señalando que, después de dos años y cuatro fiscales, se han desplegado casi treinta actividades investigativas en menos de un mes por parte de la Fiscal 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El proceso se remonta a su paso por la alcaldía de Rionegro (2016-2019), y está vinculado a presuntas irregularidades en dos contratos por aproximadamente $1.270 millones para la construcción de dos CAI. Este caso, que ya había sido objeto de una solicitud de imputación en octubre de 2023, estaba quieto desde noviembre de ese año.
Según la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público (VID) y la Contraloría, las irregularidades tienen que ver con el cambio en la destinación original de los predios donde se hicieron los CAI, que eran para un gimnasio al aire libre y otro era de un privado, la contratación directa como modalidad de contratación y la falta de aval para su puesta de funcionamiento. Es decir, los CAI se construyeron y terminaron pero no se usaron.
Sin embargo, a finales del 2023 la Fiscalía había pedido retirar la formulación de cargos contra Rendón. De allí que tanto el gobernador como su partido, el Centro Democrático, vinculan directamente esta reactivación y la celeridad a la “férrea oposición política” que Rendón ejerce contra el gobierno de Gustavo Petro.
El mandatario antioqueño afirmó que el gobierno “sigue a rajatabla el libreto de Venezuela: perseguir y encarcelar opositores” y que “a Petro y sus aliados les interesa mucho robarme mi libertad, así pondrían un usurpador en la Gobernación de Antioquia” de cara al proceso electoral de 2026.
En ese sentido, la defensa del gobernador invocó la causal 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 para la recusación. Esta causal establece que un funcionario judicial debe declararse impedido si “ha dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”. Argumentan que las declaraciones de la Fiscal Camargo fueron “extrapocesales y de carácter sustantivo y vinculante”, demostrando un “prejuzgamiento directo”.
Por todo lo anterior, se solicitó a la Fiscal General Luz Adriana Camargo aceptar la recusación y declararse impedida para todos los procesos penales que se adelanten contra el gobernador, pidiendo la designación de un nuevo fiscal. En caso de no aceptarla, se pide dar el trámite legal correspondiente.
Por su parte, el Centro Democrático, partido al que pertenece Rendón, ha elevado su voz de protesta ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, solicitando una “vigilancia especial” sobre las diligencias y denunciando la intensificación de “versiones de lo que sería una ‘inminente privación de la libertad’ a Rendón”.
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