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No es un secreto que el gobierno de Abelardo de la Espriella hace de la seguridad una bandera coherente con sus promesas de campaña. A menos de un mes de iniciado el gobierno, los operativos de la fuerza pública muestran tropas cumpliendo su deber y avanzando con contundencia en la recuperación del orden público, descuidado por el gobierno anterior en favor de los ilegales.
Según ADLE, se han registrado 14.422 capturas, incautado 43.684 kilos de estupefacientes y sacado de circulación 1.485 armas de fuego. Ese nivel de bandidaje desmiente a quienes reducen esto a hechos aislados o acciones mediáticas. Esto ha sido una suma de acciones para devolver contundencia a la lucha contra los ilegales, algo que el país había perdido.
Los golpes del gobierno contra los violentos son acciones que, por la naturaleza de sus objetivos militares, resultan necesarias en un país que el gobierno anterior dejó en manos de los bandidos. Basta mirar lo ocurrido con alias Bendito Menor. Para las autoridades, estaba claro que se dedicaba a extorsionar, intimidar y controlar el microtráfico y el territorio, pero nada de eso pareció importarle al gobierno anterior, que maniató a la fuerza pública y, con la avenencia de la Fiscalía, le brindó amparo bajo la sórdida política de Paz Total.
Ahora, algunos se preguntan si esto se quedará en capturas y bajas. Seguro que no. Seguridad y oferta institucional no son excluyentes, al contrario, se complementan bajo el mandato de preservar el Estado Social de Derecho y cuidar la Constitución. Eso legitima la seguridad y la hace sostenible. La gente necesita vivir sin extorsiones ni reclutamiento de sus hijos, poder cultivar la tierra y sacar adelante sus negocios. De eso se trata ejercer autoridad con legalidad para reconstruir la confianza entre el Estado y los ciudadanos.
La izquierda no tolera un modelo así. Desde su lógica reduccionista, lo tilda de inhumano y lo asocia con cualquier referente que polarice o le genere exasperación, haciendo uso de argumentos como el regreso de la seguridad democrática de Álvaro Uribe hasta teorías conspirativas como las que Gustavo Petro suele elucubrar. En entrevista con un medio mexicano, le entendí a Petro que la arremetida de este gobierno contra los violentos haría parte de un “control humano” de EE.UU. e Israel para apropiarse de recursos naturales no renovables y confrontar a los países árabes y a China. Con argumentos así caen miles de incautos, atrapados en relatos que niegan lo evidente: el gobierno pasado normalizó el dominio criminal bajo el argumento de la paz, cosa que no fue ingenuidad ni torpeza, fue deliberada y motivada por ambiciones tan oscuras como los intereses de los bandidos.
Para cerrar esta columna, quédese con esto: es inconcebible vivir con más de 27.000 personas dedicadas a delinquir, presentes en el 56% de los municipios del país y enfrentadas por el control de 14 territorios clave para el tráfico de drogas y armas, la minería ilegal, los cultivos de coca y la trata de personas, por decir solo algunas cosas. En seguridad no caben los relativismos: se actúa con contundencia para que haya Estado, ciudadanía y vida digna en los territorios.
