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Alguna vez sostenía Álvaro Gómez que se debía ser tolerante pero no bobo. En la política, decía, “la tolerancia es una condición indispensable para la verdadera paz. Opera así: La comunidad, reunida en torno a unos principios de organización social básicos, adopta una forma de gobierno que prevea las condiciones de su propia evolución pacífica. Dentro de ese marco de valores morales y de instituciones, se puede y debe transigir con todo... hasta un límite. Porque manifiestamente no es racional que esa transigencia se lleve a un punto en que los enemigos minoritarios de esa concepción política colectiva puedan destruirla con impunidad”. “Aquí la tolerancia”, agregaba Gómez, “empieza a ser un poco boba y con certeza más costosa....”.
Algo similar escribe en el ABC de Madrid el filósofo francés Guy Sorman, al abordar los desafíos que experimenta la democracia en el mundo occidental. Se pregunta: ¿hasta dónde hay que ser tolerante con los intolerantes, demócrata frente a los antidemócratas y aceptar la mentira en nombre de la diversidad de opinión? Y remata con una cita del economista Friedrich Hayek: “Los demócratas somos ya tan pocos que debemos gritar más fuerte que los demás”, dudando que ahora se esté haciendo en la medida en que lo requieren las circunstancias.
En Colombia pareciera que los violentos le hayan estado ganando la partida a los demócratas, ejerciendo una violencia urbana y rural que va para largo. Aquellos se han vuelto intocables frente a las leyes. Arman escándalo y montan actos bochornosos para protestar por cualquier motivo sin que se les pueda –o quiera– aplicar la ley con rigor, y así se les da patente de corso para cometer toda clase de desafueros. Disfrazan de protestas sociales las asonadas, los actos virulentos contra los bienes y la vida de los asociados. Reclaman toda clase de derechos sin que se les aplique la vigencia de los deberes. Se cubren con el manto de la impunidad para cometer fechorías y amedrentar a una sociedad sin defensa por parte de un Estado vacilante y ausente. La autoridad duda por temor a que se le llame fascista, así los que socavan las instituciones sean anarquistas o izquierdistas de extrema.
P.D.: Diez años cumple el acuerdo de desmovilización entre el gobierno Santos y las Farc, y el mismo periodo lleva la Jurisdicción Especial para la Paz con resultados más que bochornosos. Desde el principio se sabía que, habiendo sido concebida y montada por los asesores jurídicos de la misma Farc, de justicia iba a haber poco o nada, y sí mucho de impunidad. Pero que eso fuera conocido, no resta intensidad a la indignación que produce ver las ridículas “sanciones” impuestas a los máximos responsables de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, quienes se jactan de no haber tenido que pagar, ni penal ni económicamente, sus graves culpas frente a las miles de víctimas que se quedaron sin justicia y sin reparación, cargando solas el peso de las violaciones, torturas, deshonras que no cicatrizan ni en sus cuerpos ni en sus almas.
