La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa superior a $8.000 millones a cinco clubes de fútbol profesional colombiano y a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), tras comprobar la existencia de un esquema anticompetitivo que restringió la libre movilidad de los jugadores en el fútbol masculino.
Las entidades sancionadas son Deportivo Boyacá Chicó F.C. S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado F.C. S.A. y Atlético F.C. S.A., además de la Dimayor como gremio organizador de los torneos profesionales.
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Según la SIC, las pruebas evidenciaron la creación de un sistema informal de intercambio de información entre clubes, a través del cual se compartían datos laborales y disciplinarios de futbolistas, desincentivando así su contratación por parte de otros equipos.
Tres patrones de conducta que afectaron la libre competencia en el fútbol
El organismo de control identificó tres patrones de conducta que sustentan la sanción. El primero fue el envío de comunicaciones entre los clubes, con conocimiento de la Dimayor, en las que se informaban aspectos laborales de jugadores específicos, como la vigencia de contratos, presuntas faltas disciplinarias o solicitudes de terminación de vínculos.
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La SIC precisó que en un entorno de libre competencia este tipo de información no debe compartirse entre competidores, ya que afecta las decisiones de contratación y distorsiona el mercado de fichajes.
El segundo patrón consistió en el uso de expresiones como “pacto de caballeros”, “llamado ético” o “solidaridad de gremio”, con el fin de disuadir a otros equipos de negociar con los futbolistas mencionados.
De acuerdo con la Superintendencia, estos llamados no apelaban al cumplimiento de las normas, sino a evitar que los clubes interesados contrataran a dichos jugadores, aun cuando no existiera impedimento legal.
El tercer elemento fue la participación de la Dimayor, que actuó como canal y legitimador de estas prácticas. La entidad gremial no solo tuvo conocimiento de las comunicaciones, sino que en algunos casos las remitió directamente, lo que, según la SIC, demuestra su apoyo a un sistema que afectó la libre competencia.
Impacto en el mercado laboral del fútbol
La autoridad concluyó que este esquema desincentivó la movilidad, negociación y contratación de futbolistas en el país, limitando sus oportunidades laborales y salariales.
La SIC aclaró que, aunque las disputas contractuales son normales en el ámbito deportivo, el mercado de transferencias cuenta con una reglamentación clara para resolver controversias sin recurrir a acuerdos informales entre competidores.
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En este caso, las comunicaciones entre clubes constituyeron evidencia de una intención anticompetitiva que vulneró tanto la libre competencia como los derechos de los jugadores profesionales.
La Superintendencia recalcó que la protección de la libre competencia en el fútbol garantiza no solo un mercado más transparente y dinámico, sino también la dignidad y el desarrollo profesional de los jugadores.
Con esta decisión, el organismo busca promover que los futbolistas puedan negociar libremente sus contratos, acceder a mejores salarios y construir sus carreras sin restricciones indebidas.
Además, la medida busca que los clubes puedan conformar equipos más competitivos, fortaleciendo la disciplina deportiva y el espectáculo, bajo condiciones de competencia justas y equitativas.
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