En Colombia, cada vez más inversionistas se enfrentan a una verdad incómoda pero imposible de ignorar: en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, una mala decisión legal puede representar pérdidas superiores a los $300 millones, dependiendo de la magnitud del proyecto.
El error más común es pensar que basta con elegir una buena ubicación, asegurar la financiación o diseñar un proyecto atractivo. Hoy, lo que realmente determina la viabilidad y la rentabilidad de una obra es contar con un respaldo jurídico desde la primera etapa.
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2 de cada 5 obras tienen retrasos por problemas legale
De acuerdo con Fernando Bermúdez, CEO de Bermúdez Constructores, firma especializada en estructuración legal de proyectos inmobiliarios, los problemas jurídicos son una de las principales causas de retrasos y sobrecostos en la construcción.
Las cifras lo confirman: 2 de cada 5 construcciones en Colombia sufren retrasos por dificultades jurídicas relacionadas con el uso del suelo o la expedición de licencias.
Estos obstáculos no solo ralentizan el cronograma, también pueden volver inviable el proyecto ante bancos, inversionistas o compradores.
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Los conflictos legales más frecuentes en el sector inmobiliario
Según Bermúdez, los conflictos más comunes que enfrentan los proyectos incluyen:
-Retrasos o incumplimientos contractuales con contratistas y proveedores.
-Problemas en la legalización de licencias o trámites con curadurías y entidades locales.
-Disputas por linderos o titularidad del suelo.
-Reclamaciones de compradores.
-Afectaciones en el acceso a servicios públicos.
-Diferencias en la interpretación de normas urbanísticas.
Cada uno de estos factores tiene el poder de paralizar una obra, frenar su valorización y poner en riesgo la rentabilidad.
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Documentos clave para blindar un proyecto inmobiliario
Para que un desarrollo esté correctamente protegido, Bermúdez recomienda contar con, al menos, los siguientes documentos:
-Contrato de obra civil con alcances y exclusiones.
-Licencia de construcción aprobada.
-Pólizas de cumplimiento y estabilidad de la obra.
-Actas de entrega, finalización, garantías y reglamentos de propiedad horizontal (cuando aplica).
-Escrituras públicas que acrediten la titularidad y antecedentes del predio.
“Estos documentos no son un formalismo. Son la base legal que hace viable el proyecto financiera y comercialmente”, explica el directivo.
Por eso, un desarrollo inmobiliario sin esta documentación corre el riesgo de ser detenido, sancionado o enredado en disputas legales que afectan su valorización y comercialización.
“El respaldo jurídico no es un gasto, es una inversión que previene sanciones, optimiza decisiones estratégicas y garantiza que cada metro cuadrado construido tenga sustento legal y comercial”, aseguró Bermúdez.
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