Su discurso fue secundado por Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien aseguró que los recursos adicionales por $12 billones considerados en el presupuesto están amparados en el artículo 347 de la Constitución Política, que faculta al Gobierno a tramitar una Ley de Financiamiento para atender los gastos proyectados.
El Gobierno estima que un 92% del PGN de 2025 es inflexible, es decir que no se podría recortar bajo ningún motivo, y López aseveró que “estas rigideces son en parte resultado de las decisiones de Gobiernos anteriores” por cuenta del déficit del fondo de combustibles o la opción tarifaria.
“Reducir el monto de inversión iría en contra del mandato constitucional de incluir en el presupuesto todos los gastos en los que incurre el Gobierno Nacional. Además, comprometería la priorización de las apropiaciones asociadas con el gasto social, destinadas a atender las necesidades básicas de los ciudadanos”, aseveró el líder del DNP.
Según esa entidad, el gasto del próximo año iría a asuntos prioritarios como el derecho humano a la alimentación, el acceso a la educación para la niñez y la juventud, el cuidado de la primera infancia y el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda, agua y saneamiento.
Por ahora se espera una semana de candentes debates en el Congreso, pues mientras el Gobierno defiende el monto del PGN por las necesidades de inversión social, la oposición le recuerda que ha tenido una baja ejecución y que antes de pensar en una tributaria debe administrar los recursos.
