Una nueva tormenta se posa encima del Grupo Ecopetrol. El abogado Julián Quintana Torres, en representación de Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), radicó ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud formal para reabrir la investigación penal que involucra a altos funcionarios de Ecopetrol y su filial Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos.
Los argumentos del abogado Quintana van en la vía de presuntos delitos de acuerdos restrictivos de la competencia, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
La petición, a la que tuvo acceso este medio, fue dirigida a la Fiscalía 21 Especializada, y cuestiona la decisión de archivo emitida el 22 de agosto de 2025, por considerar que se adoptó “sin agotar las diligencias esenciales del proceso y sin valorar la evidencia aportada”.
En palabras del abogado, “esta solicitud busca que el proceso se reabra, se practiquen las pruebas omitidas y se investigue con rigor. No es un reclamo personal: es una exigencia de transparencia en la contratación pública”.
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Los indiciados y las empresas bajo sospecha
El documento, radicado bajo el número 110016000050202521317, involucra a varios funcionarios y representantes del sector hidrocarburos: Ricardo Roa Barragán (presidente de Ecopetrol), Camilo Bonilla (presidente de Abastecimiento en Cenit), Nicolás Sebastián Murillo Rozo (especialista aeronáutico de Cenit).
Y varios ejecutivos de la empresa Helistar S.A.S., entre ellos Milton Cabeza Peñaranda, Carlo Emmanuel Cabra Martínez, Harold Ramírez, María Angélica Cubillos Bustos y José Federico Escobar González.
Helicol, como parte denunciante, insiste en que la Fiscalía aplicó de manera errada una causal de archivo, al confundir “tipicidad” con “antijuridicidad”, y en que el caso fue cerrado sin agotar las pruebas que demostrarían un patrón continuado de direccionamiento de contratos dentro del grupo empresarial Ecopetrol desde 2011.
De acuerdo con la denuncia, desde hace más de una década Ecopetrol, Cenit y Ocensa habrían mantenido un esquema de contratación recurrente a favor de Helistar, que se consolidó mediante pliegos “diseñados a la medida”, cancelaciones selectivas de procesos y modificaciones técnicas sin justificación objetiva.
“El patrón describe licitaciones hechas a la medida de una sola empresa, adendas inexplicables, plazos imposibles y un monopolio progresivo del transporte aéreo”, señala el documento.
La solicitud detalla que entre 2011 y 2024, Helistar ha sido la adjudicataria exclusiva del servicio de transporte aéreo para el Grupo Ecopetrol.
De hecho, según el texto, “Ecopetrol adjudicó el 79,5% de la demanda a Helistar y solo el 20,5% a Helicol”, lo que configuraría un monopolio sostenido bajo la apariencia de competencia.
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Las fallas en la investigación y el reclamo por imparcialidad
El abogado Quintana afirma que la Fiscalía “omitió valorar las pruebas de la víctima y privilegió las de los indiciados”, dando un trato desigual al acervo probatorio.
El documento de más de 70 páginas sostiene que la investigación fue “superficial, sesgada y prematura”, y que la orden de archivo se profirió con “una celeridad inusual que contraría las reglas básicas de la sana administración de justicia”.
Entre los señalamientos más duros se destaca que la Fiscalía no verificó vínculos laborales ni conflictos de interés entre los funcionarios de Cenit y los directivos de Helistar, no practicó dictámenes técnicos aeronáuticos, ignoró pruebas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y transcribió sin contraste las declaraciones de los empleados de las empresas investigadas.
“La Fiscalía se limitó a copiar y pegar versiones de los propios investigados, sin corroborarlas ni contrastarlas con la evidencia documental aportada por la víctima”, advierte el texto.
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El trasfondo: recursos públicos y deber de transparencia
La defensa de Helicol recuerda que Ecopetrol, Cenit y Ocensa son sociedades de economía mixta con mayoría estatal, por lo que sus actos de contratación deben regirse por los principios de transparencia, moralidad y libre competencia.
El documento cita que “el 88,49% de las acciones de Ecopetrol pertenece a la Nación”, y por tanto, “los recursos que maneja son públicos, aunque opere bajo normas de derecho privado”.
“Donde hay recursos públicos, hay también principios públicos. El régimen privado no es una licencia para desconocer los valores constitucionales de moralidad e imparcialidad”, argumenta la solicitud.
El jurista también critica que el ente investigador haya omitido el carácter público del conglomerado Ecopetrol, lo que, a su juicio, llevó a una lectura equivocada del caso.
“El archivo carece de soporte jurídico porque se funda en una lectura superficial del régimen de contratación y omite el elemento esencial: la vulneración de los principios públicos que rigen el manejo de los recursos del Estado”, sostiene el escrito.
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La petición concluye solicitando a la Fiscalía que revoque el archivo y reabra la indagación penal, con el fin de practicar las diligencias omitidas y garantizar una investigación técnica, imparcial y ajustada a la ley.
“No es una disputa entre empresas. Es una advertencia sobre cómo se están manejando los contratos de una compañía que pertenece en su mayoría al Estado”, enfatizó Quintana.
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