La declaratoria de emergencia económica que el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó en febrero para enfrentar la crisis invernal en la región Caribe y el noroccidente del país entró en discusión.
Un concepto técnico de la Contraloría General de la República, enviado a la Corte Constitucional, advierte que el sustento financiero y técnico del decreto presenta fisuras de fondo.
El documento, firmado por el director jurídico Carlos Óscar Vergara Rodríguez, responde a un requerimiento del alto tribunal dentro del proceso de revisión del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Aunque el Gobierno justificó la medida en las afectaciones por intensas lluvias y frentes fríos, que golpearon viviendas, vías, sistemas de agua y sectores productivos, el órgano de control aseguró que no hay evidencia técnica suficiente que respalde la magnitud de los recursos solicitados ni la necesidad de acudir a una figura excepcional.
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Cifras en entredicho: ¿realmente se necesitan $8 billones?
El corazón del cuestionamiento de la Contraloría está en la cifra global estimada para atender la emergencia, entre $8,26 y $8,68 billones.
Según el Ministerio de Hacienda, ese monto surge de sumar necesidades reportadas por distintas entidades. Sin embargo, la Contraloría advierte que esa agregación carece de una arquitectura financiera sólida.
No existe, dice el informe, “una estructuración consolidada con supuestos homogéneos, metodologías estandarizadas ni trazabilidad completa”. En términos prácticos, se trata de una suma de cuentas parciales sin una hoja de cálculo común que permita verificar su coherencia.
Incluso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reconoce que sus cifras son “preliminares, dinámicas y sujetas a ajustes tras evaluaciones en campo”. Para la Contraloría, esto implica un alto nivel de incertidumbre que impide auditar o contrastar los datos.
Córdoba: el caso que evidencia la brecha de datos
Uno de los ejemplos más contundentes está en Córdoba. Mientras la UNGRD reporta 113.641 hectáreas afectadas por inundaciones, el análisis técnico de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría calcula cerca de 66.276 hectáreas.
La diferencia, 47.365 hectáreas, no es menor, ya que tiene efectos directos sobre la estimación de daños, las necesidades de intervención y, en consecuencia, el costo total de la emergencia.
Para el ente de control, esta brecha sugiere una posible sobreestimación del impacto físico.
¿Se agotaron realmente las herramientas ordinarias?
Otro punto crítico que menciona la Contraloría es la ausencia de justificación sobre por qué no se utilizaron plenamente los mecanismos ordinarios previstos en la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Esa norma fortaleció la capacidad financiera del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y creó fondos territoriales precisamente para enfrentar este tipo de eventos sin necesidad de acudir a estados de excepción.
La Contraloría también trae a colación antecedentes relevantes como la ola invernal de 2010-2011 y el fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023. Este último fue declarado desastre nacional por el actual Gobierno, pero sin recurrir a una emergencia económica.
También el informe señala un vacío llamativo, no hay evidencia de cómo se utilizaron, o por qué no se aprovecharon, los sistemas de monitoreo y alerta temprana del Ideam, la DIMAR o la propia UNGRD.
Esta omisión debilita uno de los pilares jurídicos de la emergencia: la imprevisibilidad. “Si existían alertas o capacidades de anticipación, el argumento de inevitabilidad pierde fuerza”.
Riesgos fiscales: desfinanciación y gasto ineficiente
En el documento, el órgano de control identifica debilidades en la focalización territorial, ausencia de criterios claros de priorización y posibles duplicidades en los cálculos; también detecta que algunas entidades no consideraron plenamente recursos ordinarios disponibles, lo que podría derivar en asignaciones ineficientes o en la necesidad de recursos adicionales no previstos.
A esto se suma otro factor de incertidumbre que son las medidas tributarias diseñadas para financiar la emergencia tienen un carácter probabilístico.
Es decir, dependen del comportamiento económico y de los contribuyentes, por lo que no constituyen ingresos garantizados.
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El informe, además, revela que no existe un plan nacional articulado, detallado y listo para ejecutarse. Lo que hay es una agregación de respuestas sectoriales construidas sobre estimaciones generales.
La UNGRD admite que la fase de desagregación, proyectos específicos, priorización y trazabilidad, aún está en construcción.
En paralelo, “no se ha expedido el acto administrativo de liquidación de los recursos, lo que impide su incorporación al presupuesto y, por ende, su ejecución”.
El resultado es un sistema con diagnósticos incompletos, información territorial insuficiente y debilidades estructurales en la planeación de las intervenciones.
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La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que evalúa la exequibilidad del decreto bajo el expediente RE-390. El concepto de la Contraloría no es vinculante, pero sí marca un precedente técnico relevante.
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