Con el pasar de los días se conocen más detalles del desalojo por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a un lujoso penthouse de la Loma del Campestre en El Poblado, que al parecer era ocupado de manera irregular por un polémico “hacker” ligado al mundo de la política.
Según detalló la entidad en redes sociales, el apartamento 1002 de la unidad residencial Praderas –ubicado en la calle 16 Sur con la carrera 35– estaba siendo ocupado irregularmente por Carlos Arturo Escobar Marín, un sujeto que se autodenomina como “hacker” y que ha tenido problemas con la justicia estadounidense por delitos informáticos.
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Entre sus antecedentes, Escobar Marín estuvo salpicado en el escándalo de las chuzadas a las comunicaciones de los negociadores de paz con las extintas Farc en La Habana, suceso conocido hace 10 años como el caso “Andrómeda”. Escobar sería el mismo hombre que se ve en el video publicado en redes donde aparece insultando a los policías, funcionarios de la SAE y la Personería que realizaron el desalojo.
Según la SAE, Escobar no estaría utilizando en solitario de manera ilegal el inmueble propiedad de la entidad. El mismo espacio era ocupado también por un hombre identificado como Fabián Aulyt Rodríguez Lemus.
Este nombre coincide con el de un expolicía de la Sijín de Bogotá que hoy ofrece su experiencia como experto en ciberseguridad, a la vez que estudia Derecho en la capital del país.
Junto a Escobar y Rodríguez también ocuparía el inmueble un hombre identificado como Andrés Darío Jiménez Restrepo, del cual no trascendieron mayores detalles, así como un menor de edad del que no se comentó si tenía parentesco con los tres hombres o una explicación de qué hacía allí.
Detalles del contrato
Pero la pregunta que queda es ¿cómo fue que Escobar Marín terminó en un inmueble destinado en teoría para las actividades de la SAE?
Según la publicación de la misma entidad, en 2021 se firmó un contrato de arrendamiento que tendría una serie de presuntas irregularidades que con el paso del tiempo dieron pie a un presunto “uso indebido del bien”. “El contrato estaba a nombre de Jénnifer Blanco Nieto y fue suscrito por solo $3.340.000 (al mes), una cifra desproporcionada para la ubicación y características del inmueble”, aseveró la SAE.
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De acuerdo con la entidad, una investigación sobre el contrato “encendió las alertas” y se habría logrado comprobar que Blanco Nieto nunca habría vivido en el inmueble. “En cambio, este era usado para fiestas escandalosas, afectando a la comunidad vecina”, dijo la SAE.
Como ya lo han informado varios medios, el contrato en cuestión es el 8580 del 20 de mayo de 2021, el cual tenía una duración de 60 meses. En efecto, quien aparece como beneficiaria del vínculo es la abogada Jénnifer Blanco Nieto, oriunda de Bucaramanga.
De Jénnifer no hay mayor detalle salvo que laboró anteriormente en el Incoder, la Alcaldía y la Personería de Bucaramanga y el Congreso de la República, donde estuvo hasta 2022. Sin embargo, al parecer, Jénnifer sería allegada a Linda Katherine Galvis Blanco, una experta en marketing digital que en algunos portales se muestra como “una experta en redes sociales colombiana con amplia experiencia en manejo de campañas políticas”. Además, Galvis sería pareja de Escobar al momento de la firma del contrato.
El vaso comunicante entre ambas mujeres es que Jénnifer laboró entre 2020 y 2021 en la empresa Sofis-ticados, un emprendimiento digital de Linda. Curiosamente, el expolicía Rodríguez también aparece como exempleado de esa empresa.
Bajo esa óptica, la aseveración de la SAE de que Escobar estaría habitando presuntamente de manera irregular el penthouse encajaría toda vez que Jennifer, según se desprende de su hoja de vida, entre 2021 y por lo menos 2022, aparecía trabajando para el sector público en Bucaramanga y tenía registrada su dirección de correspondencia en dicha ciudad, no en Medellín.
Otro asunto que también ha levantado suspicacias son las condiciones de pago del contrato, toda vez que el vínculo se firmó para que Blanco pagara por el espacio apenas poco más de $3 millones mensuales, un monto que no encajaría teniendo en cuenta que se trata de un espacio que incluye una imponente terraza, piscina privada y una ubicación privilegiada.
A todo esto se suman las supuestas escandalosas rumbas que Escobar y los otros inquilinos harían en el penthouse, hecho que habría causado problemas de convivencia en la propiedad horizontal.
Historia del inmueble
Según la SAE, el penthouse pasó por varias manos antes de llegar a las suyas. El apartamento fue propiedad de varias personas particulares y negocios, por lo menos desde inicios del milenio. En su época más turbia el penthouse estuvo ligado a Marlon Javier Vergara Uribe, uno de los jefes de la Oficina de Envigado y que fue condenado a 37 años de prisión por el asesinato de un estudiante de aviación llamado Gustavo Pabón.
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Posteriormente el apartamento pasó a manos de Diana Marcela Olaya Galeano, esposa de José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, jefe histórico de las organizaciones La Oficina y La Terraza. Sin embargo, en 2019 el inmueble ya aparecía cobijado por la figura de extinción de dominio en su totalidad.
Nadie habla
Este diario buscó a las partes involucradas para conocer su postura y ahondar en el tema, pero el silencio fue el factor determinante.
Inicialmente se buscó a la administración del edificio para corroborar si allí vivía Escobar Marín junto a Rodríguez y Jiménez –además del tema de las fiestas y escándalos– pero desde allí no hubo respuesta.
También se buscó a la SAE para ahondar en la denuncia, pero en la entidad dijeron que los documentos e información requeridos por este diario “hacen parte de un expediente reservado por parte de la SAE, que se vincula a la investigación en curso que adelanta la Fiscalía”.
Por último se inquirió a Escobar Marín en sus redes sociales para escuchar su versión de los hechos y esclarecer el vínculo que tiene con Jénnifer y Linda. Sin embargo este solo respondió: “Con todas las mentiras que dijeron de las Falcao´s que les mandó Carlos Palacio (sic) los voy es a demandar por calumniadores todo lo que dicen es mentiras (sic)”, escribió Marín, a quien la SAE le dio un plazo de 10 días para sacar sus cosas del controvertido inmueble.
