Un presunto entramado de funcionarios de la Secretaría de Movilidad y una empresa privada que ya arrastra denuncias en otras ciudades habrían montado un jugoso negocio para lucrarse de las inmovilizaciones de carros en Medellín.
Aprovechándose de un parqueadero ubicado en Copacabana y apoyándose en agentes de tránsito, dicha red habría montado un sistema de cobros abusivos que estarían por fuera de la ley.
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El caso se denunció en el Concejo de Medellín durante una intensa sesión, en la que varios cabildantes señalaron a los involucrados de estafar a la ciudadanía.
Para acabar de ajustar, la empresa involucrada en el caso, identificada como J&L, ya estuvo involucrada a comienzos de este año en un escándalo similar en Bogotá, en donde fue señalada por medios de comunicación de urdir una “mafia de caza vehículos”, en la que presuntamente estarían involucrados agentes de la Policía en Bogotá.
¿Un nuevo cartel?
El concejal Andrés Tobón, uno de los citantes del debate, fue uno de los cabildantes que encabezó las denuncias.
El corporado arrancó explicando que los parqueaderos están regulados por varias normas nacionales que, en resumen, no sólo especifican los casos en los que los vehículos pueden ser retenidos, sino las reglas de juego para legalizar y autorizar a los parqueaderos que pueden alojar a los mismos, en este caso con un permiso de la Dirección Seccional de Administración Judicial.
En Medellín, enfatizó el concejal, dichos permisos provienen del Consejo Superior de la Judicatura en su Dirección Seccional de Antioquia, que estipula que todos los interesados con parqueaderos que quieran participar de esa actividad deben registrarse ante la dirección seccional, cumplir varios requisitos y concursar en una convocatoria pública.
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“El tema es tan claro que para 2025 los cuatro parqueaderos que se postularon fueron aceptados”, dijo Tobón, listando que dichos parqueaderos aparecen reseñados como Captucol Copacabana y Doradal, Parqueadero y Almacenamiento La Principal SAS y Embargos La Principal Medellín II.
De igual forma, cada seccional establece un tarifario y fija los límites máximos de los cobros de cada parqueadero, precisamente buscando proteger a los ciudadanos de abusos.
Partiendo de ese contexto, Tobón denunció entonces que a su oficina comenzaron a llegar múltiples denuncias de ciudadanos que aseguraban haber sido obligados a pagar cifras de 3, 5 y hasta 10 millones de pesos, luego de que sus vehículos terminaran en un parqueadero en el que, además, las personas no recibían facturas.
Fue así como, revisando el caso en profundidad, Tobón señaló que serían agentes del Tránsito y la Policía los que, en sus recorridos por la ciudad, estarían identificando los vehículos que tienen orden judicial de secuestro o embargo y luego llamarían a las grúas de dicho parqueadero identificado como J&L, el cual no aparece registrado como autorizado en la Rama Judicial.
Para presuntamente dar apariencia de legalidad a dicha operación, Tobón aseveró que los operarios de las grúas se aprovecharían de la confusión de los ciudadanos para hacerlos firmar un formato, que sería presentado como un inventario, pero que en su letra menuda los induciría a autorizar la entrega de sus vehículos a dicho establecimiento, cuyas tarifas no están reguladas.
Dado que a partir de órdenes judiciales dichos trámites deben ser informados a la rama, Tobón señaló no ver lógico que desde allí no se haya aún detectado una irregularidad. “Quiero partir de la buena fe y de que no se dan cuenta de lo que les está llegando”, dijo.
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A manera de alerta, Tobón señaló que hace cinco años ya se condenó a agentes de tránsito y policías en Medellín por inmovilizar vehículos de forma irregular para después venderlos sin autorización a terceros.
Durante la sesión no fue solamente Tobón el que hizo un llamado a esclarecer lo ocurrido y tomar medidas de fondo, sino también otros cabildantes como Miguel Ángel Iguarán y Alejandro Arias, quienes consideraron ilegal la situación.
Uno de los puntos más delicados del debate, en el que también participaron otros ciudadanos, consistió en la dudas no solo de una acción coordinada entre funcionarios públicos —que en teoría deberían velar por la legalidad de los procedimientos—, sino que también quedó en el aire si dichos funcionarios estarían aprovechándose del monitoreo de las cámaras del seguridad del Distrito, el sistema por excelencia empleado para cotejar que los vehículos que circulan por la ciudad no tengan cuentas pendientes con la justicia.
El secretario de Movilidad de Medellín, el general retirado Pablo Ruiz, también participó de la sesión y expresó su consternación por las situaciones allí denunciadas. El funcionario señaló que desde esa dependencia se emprenderá una revisión a fondo de los procedimientos, con el fin de blindarlos ante prácticas de este tipo, y señaló que convocaría unas mesas de trabajo urgentes para revisar lo ocurrido.
“Vamos a convocar lo más urgente posible una mesa de trabajo, para no solo poner en conocimiento de los problemas que ya ustedes han evidenciado acá, sino intervenir y corregir lo que se esté haciendo mal. Los que con dolo han establecido alguna irregularidad, pues ponerlos en conocimiento de las autoridades disciplinarias y penales para que asuman las responsabilidades”, dijo Ruiz. “Acá no toleraremos la corrupción en absoluto”, añadió.
Para conocer su versión sobre el tema, este diario se puso en contacto vía correo electrónico con la empresa J&L, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.
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