María del Pilar Rodríguez, la mujer que denunció hace casi cuatro años las presiones a contratistas para que aportaran dinero con el fin de apoyar el proyecto político del exalcalde Daniel Quintero recibió con sorpresa el reciente fallo de primera instancia que la Procuraduría emitió en contra del exsecretario Juan Pablo Ramírez y los ex subsecretarios Juan Daniel Pulgarín y Fredy Alonso Agudelo, quienes fueron declarados responsables disciplinariamente, destituidos e inhabilitados por más de 10 años para ocupar cargos públicos.
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Sorpresa, manifiesta Rodríguez, porque quedó desconfiando del papel de las autoridades luego de que la Personería pasada archivara su queja sin hacer mayores investigaciones y de que la denuncia en la Fiscalía parezca estar quieta, pese a que se han recopilado diversas pruebas.
“Lo importante es el fallo, lo que uno siente, la expectativa por lo que puede venirse, qué puede pasar, si podemos lograr que este fallo se sostenga después de que ellos apelen”, sostuvo la denunciante a EL COLOMBIANO.
“Fue muy malo el trabajo que la Personería pasada hizo sobre mi queja”
Rodríguez considera hoy que la Procuraduría, que entregó un fallo de casi 350 páginas, hizo un muy buen trabajo de contrastación de información y de testimonios, un rol que considera que no jugó como debía la Personería de Medellín pasada, cuando el personero era William Yeffer Vivas, pues en febrero de 2024 decidieron archivar el caso.
“Apelé ese auto de archivo, después, ya se había cambiado de personero, ya estaba el nuevo (Mefi Boset Rave) con su nuevo equipo, ellos analizaron las pruebas, porque con el anterior personero la verdad no hicieron nada, se demoraron mucho tiempo, no contrastaron, no tuvieron en cuenta todas las pruebas, fue muy malo el trabajo que hicieron sobre ese tema, afortunadamente pude apelar”, recuerda Rodríguez.
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Fue en marzo de 2024 cuando se reabrió el caso en Personería y en abril siguiente la Viceprocuraduría General de la Nación dispuso de oficio ejercer el poder disciplinario, desplazar del conocimiento de la actuación disciplinaria a la personería Distrital de Medellín y asignar su conocimiento a la Procuraduría Disciplinaria de Instrucción para la Contratación Estatal.
Ahora, con el reciente fallo de la Procuraduría, Rodríguez espera que la Fiscalía agilice la investigación, pues considera que la gravedad de los hechos implican también una investigación y sanción penal y no solo disciplinaria. Aunque también es consciente de que en esta última falta la apelación de los tres destituidos y su resultado en segunda instancia.
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En todo este proceso, Rodríguez dice que no ha recibido amenazas, pero que no deja de sentir temor por lo cual no se expone demasiado en lugares públicos: “No porque me hayan hecho algo, pero sí siento temor porque no son buenas personas”.
“Juan Pablo Ramírez nos citó él mismo a la reunión por WhatsApp”
Hay que recordar que ella era directora de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social para agosto de 2021. Ese día, que cayó un domingo, estaban citados a una reunión convocada por el mismo secretario Ramírez dos días antes por medio de WhatsApp mientras se encontraba en una licencia de paternidad.
“Cordial saludo, quisiera invitarte a que este domingo 8 de agosto nos veamos para compartir un almuerzo entre amigos y tocar algunos temas esenciales, el espacio será: en la unidad residencial San Luis de la Calera”, escribió en el mensaje a todos los directores y otros funcionarios de mando de la secretaría, según las pruebas que reposan en la investigación del caso.
Allí, como lo ha sostenido siempre Rodríguez también estaba su jefe directo, el subsecretario de Grupos Poblacionales Juan Daniel Pulgarín, así como Fredy Alonso Agudelo, a quien llamaban el “flaco” y quien sería el anfitrión de la casa donde los recibieron: vacía, solo con algunas mesas y sillas rimax.
“Juan Pablo nos citó el 6 de agosto estando en la licencia de paternidad. Yo salí ese día a comprarle una joyita a la niña, porque pensé que era por algo del nacimiento de la bebé. Al domingo llegué con regalo en mano y cuando le conté a la subsecretaria de Derechos Humanos, Alexandra (Virviescas), ella se burló de mí. En ese momento se bajó Juan Pablo del carro, le entregué el regalo, me lo recibió, me dijo gracias, lo guardó en el carro y luego nos dijo que entráramos”, recuerda la exdirectora.
Lo que pasó adentro también ya es muy conocido: según la denuncia, les quitaron los celulares a los asistentes y los depositaron en una caja transparente plástica y después, palabras más, palabras menos, les dijeron que debían aportar parte de sus honorarios por medio de la corporación “El futuro se parece a nosotros” para impulsar y consolidar el proyecto político de Quintero, en aras de que fuera presidente en 2026.
De hecho, tal como consta en la declaración juramentada de Rodríguez, consignada en el fallo de la Procuraduría, les habrían dicho: “Como ustedes saben esto es un proyecto de Daniel Quintero en el cual se está proyectando como presidente y nosotros tenemos que hacer campaña y las campañas tienen que tener dinero, nosotros sabemos que muchos de ustedes son funcionarios públicos, pero ustedes no van a tener problema porque uno como funcionario público puede aportar y donar a una fundación libremente”.
Entre las pruebas, incluso, está una carta en la que les indicaron una tabla con los valores que debía pagar cada contratista, desde $20.000 hasta $200.000, según lo que ganara y hasta indicaron a cuál cuenta bancaria se debían transferir los aportes.
Pulgarín sería el encargado de recibir los comprobantes de pago de cada persona, según el relato. Aunque Rodríguez no alcanzó a hacer pagos, la situación se fue volviendo tensa semanas después de la reunión hasta terminar en su salida del cargo, frente a lo cual también ha denunciado presiones de parte del subsecretario para que entregara la carta de renuncia rápido, pese a que ella estaba enferma e incapacitada, pruebas que también puso en manos de las autoridades, pues estas conversaciones quedaron en audios.
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La exdirectora señaló que además de audios, las autoridades tienen en su poder como pruebas pantallazos de conversaciones de WhatsApp, los testimonios de exfuncionarios y excontratistas que asistieron a la reunión así como otros que no estuvieron, copias de correos electrónicos, la carta con los valores que cada uno debía aportar según lo que les dijeron en la reunión y el certificado de la incapacidad previo a su renuncia, entre otras.
Asimismo, Rodríguez respondió a las manifestaciones que han hecho los sancionados sobre que su salida de la Unidad de Niñez se dio por bajo rendimiento. Aseguró que eso es falso, que las tres calificaciones que tuvo durante su paso por la Secretaría de Inclusión desde el inicio del gobierno de Quintero en 2020 fueron sobresalientes, casi perfectas, con calificaciones de más de 100 sobre 110 puntos posibles. Y que, de hecho, la última se la hizo Juan Daniel Pulgarín.
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