“El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al que le hicieron los hermanitos Quintero a Medellín”: Federico Gutiérrez
El mandatario local ha dicho que confía en las autoridades para que los presuntos responsables de cometer actos de corrupción en Medellín respondan por sus actos ante la justicia.
Miguel Quintero Calle y su hermano, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. FOTO: REDES SOCIALES
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó públicamente a las recientes revelaciones de la Fiscalía General de la Nación que vinculan a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, con una presunta red de corrupción que operó desde entidades públicas del área metropolitana.
A través de su cuenta de X, Gutiérrez aseguró que ”el robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al robo que le hicieron a Medellín los hermanitos Quintero”. El alcalde señaló que los responsables son personas que usan el poder y los recursos públicos para enriquecerse, calificándolos de “corruptos y miserables”.
Gutiérrez indicó que su administración ha entregado más de 650 hallazgos de corrupción a los órganos de control y la Fiscalía. Además, sostuvo que las imputaciones por corrupción ya superan los 44, incluyendo al “jefe de la banda”, y aseguró que los implicados “deben ir a la cárcel”, además volvió a insistir en que en conjunto con las autoridades norteamericanas están investigando si parte del dinero que se habrían robado en Medellín habría ido a parar en otros países, como Estados Unidos.
La Fiscalía General de la Nación, en una audiencia llevada a cabo recientemente, señaló a Miguel Quintero como el presunto articulador de contratos irregulares. Se reveló un correo electrónico inédito de febrero de 2024 que denunciaba que Quintero era la “cabeza de toda la trama de corrupción”.
Según la fuente que originó la denuncia, los responsables de la entrega de contratos a Misael Cadavid, representante legal de los bomberos, fueron Miguel Quintero y Álvaro Villada, exsubdirector financiero del AMVA. Los contratos bajo indagación ascienden a cerca de $17.000 millones.
El testigo aseguró que Villada, quien ya está imputado por cuatro delitos, incluyendo peculado por apropiación, era el ”encargado de negociar con Cadavid las coimas”. Estas coimas presuntamente equivalían a $3.200 millones, los cuales salían de la cuenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. En una ocasión, el pago de la coima se habría realizado a través de un vehículo BMW Serie 5 de color negro.
La Fiscalía estima que más de $2.000 millones se habrían apropiado indebidamente, destinando parte de ese dinero a la campaña de Cadavid a la Cámara de Representantes en 2022.
El chat de “Amigos” de Miguel Quintero
Esta semana, Noticias Caracol reveló el contenido de un chat de WhatsApp que Miguel Quintero tenía con Álvaro Villada y Sebastián Ortega, hijo del político de Bello William Ortega, y que ya está en poder de la Fiscalía.
Desde este chat, entre enero de 2020 y marzo de 2021, los participantes compartían información que, según un testigo de la Fiscalía, evidenciaría la injerencia que tenían en la contratación y los asuntos administrativos, jurídicos y financieros del AMVA.
En las conversaciones, se promovían hojas de vida para ubicar personal en la entidad. Por ejemplo, Sebastián Ortega promovió la hoja de vida de César Augusto Chavarría, quien fue nombrado en Metroparques como jefe de la Unidad Logística y posteriormente fue imputado por la Fiscalía por presuntas irregularidades contractuales con el AMVA. En otro intercambio, Quintero incluso habló de reunirse para “tomar decisiones” ante la falta de celeridad en contrataciones.
El penthouse de la SAE para “reuniones”
La Fiscalía también tiene en su poder audios y videos enviados por Miguel Quintero al grupo “Amigos” que hacen referencia a un lujoso penthouse en El Poblado. Este inmueble, de 500 metros cuadrados, fue incautado hace décadas a la mafia y pertenece a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En un audio grabado en mayo de 2020, Quintero recorrió el apartamento y afirmó que el lugar le había sido ”entregado”, y que ya era ”mío, pongámoslo así de esa manera”. El inmueble, que no estaba amoblado, habría sido usado para reuniones. Dos días después del video, Miguel Quintero envió una fotografía suya en el jacuzzi del apartamento con Jorge Liévano, exgerente de Metroparques e imputado por la Fiscalía.
Adicionalmente, un testigo relató a la Fiscalía haber sido citado en agosto de 2021 al apartamento 1301 del edificio Salamanca (el cual podría ser el mismo penthouse) para una reunión en la que se discutió un presunto intento de operación fraudulenta sobre el lote de Carabineros. Según el testimonio, en esa reunión, Miguel Quintero habría propuesto un esquema para vender el lote de la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) por un valor subestimado, y que los 33.000 o 35.000 millones de pesos restantes le fueran entregados a ellos “por debajo”.
Los señalamientos contra el hermano del exalcalde se suman a un amplio expediente de casos de corrupción que involucran a la pasada administración. Daniel Quintero y 36 de sus exfuncionarios y contratistas enfrentan 43 imputaciones por diversos delitos.
Entre los casos más destacados que han avanzado ante la justicia se encuentran:
1. Buen Comienzo: Presunto direccionamiento de contratos por alrededor de $22.000 millones, con una pérdida estimada en $2.333 millones.
2. Aguas Vivas: Caso en el que el exalcalde Daniel Quintero fue imputado por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, relacionado con una supuesta operación fraudulenta por más de $42.000 millones.
3. El Inder y Metroparques: Irregularidades en contratos interadministrativos que resultaron en una pérdida de más de $1.600 millones para la ciudad.
4. Zonas Verdes: Presunto plan para direccionar la contratación del mantenimiento de zonas verdes a un grupo de empresas relacionadas.
Mientras las investigaciones avanzan, el exalcalde Daniel Quintero, ahora precandidato presidencial, ha optado por deslegitimar a la justicia, calificándola de politizada.
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