La llamada Lista Clinton es el nombre con el que se conoce a la “Lista de Nacionales Especialmente Designados” (SDN, por sus siglas en inglés) que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Fue creada en 1995, durante el gobierno de Bill Clinton, como parte de las estrategias para bloquear los bienes y las actividades económicas de personas o empresas vinculadas con el narcotráfico internacional, el terrorismo, la corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Aunque nació con el propósito de golpear financieramente a los carteles de droga latinoamericanos, hoy la lista se aplica también a políticos, empresarios y organizaciones en distintas partes del mundo que representen una amenaza para la seguridad o la economía de Estados Unidos.
Las razones para ser incluido en la Lista Clinton varían, pero en todos los casos deben estar relacionadas con actividades ilícitas o riesgosas para los intereses de EE. UU.
Entre las causas más comunes están: vínculos con el narcotráfico o el lavado de activos, apoyo o financiamiento al terrorismo o a regímenes sancionados, corrupción, violaciones graves a los derechos humanos o desvío de fondos públicos, y participación en redes de tráfico de armas, personas o contrabando.
Salir de la lista es un proceso largo y complejo. La persona o empresa afectada puede presentar una solicitud de revisión ante la OFAC, aportando pruebas de que ya no participa en las actividades por las que fue sancionada o de que hubo un error.
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Si la oficina considera que las condiciones han cambiado o que la designación fue injustificada, puede eliminar el nombre de la lista. Sin embargo, esto ocurre en muy pocos casos, y el proceso puede tardar años.
Por ejemplo, el expresidente paraguayo Horacio Cartes fue sancionado desde 2023 por su “corrupción desenfrenada” y fue recientemente en este año que EE. UU. decidió eliminarlo de su lista, pues consideró que las sanciones “ya no eran compatibles con la política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Otros personajes como la jueza rusa Natalia Mushnikova fue incluida en virtud de la Ley Global Magnitsky de 2017, por cometer abusos contra los derechos humanos; y la jefa de gabinete del presidente salvadoreño Nayib Bukele, Martha Carolina Recinos De Bernal, fue acusada de liderar un “esquema de corrupción multimillonario”.
También han sido sancionados altos mandos militares y funcionarios de Rusia y Bielorrusia por apoyar la invasión de Ucrania, así como exfuncionarios guatemaltecos señalados de desvío de recursos públicos.
La inclusión en la lista no requiere una condena judicial. Basta con que la OFAC tenga evidencia o indicios suficientes para considerar que una persona u organización está involucrada en alguna de estas actividades.
Una vez alguien es señalado por la OFAC, todas sus propiedades e intereses en territorio estadounidense quedan bloqueados y prohíben a las empresas con sede en este país o a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con las personas sancionadas.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados, además del aislamiento financiero, pues pocas instituciones se arriesgan a mantener relaciones con alguien señalado por el Tesoro estadounidense.
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