El candidato presidencial es acusado de permitir que se adjudicara de manera irregular un contrato en su administración.
El candidato presidencial, Rodolfo Hernández no aceptó haber cometido el delito de celebración indebida de contratos por presuntas irregularidades en un contrato de asesoría en la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab).
A Hernández se le acusa de haber permitido que se adjudicara de manera irregular un contrato por 30 años con un costo de $336 millones para la implementación de una tecnología en el relleno sanitario El Carrasco, en Girón, Santander.
Aparentemente, Hernández habría presionado a la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) para que adjudicara el contrato a Jorge Alarcón, de Vitalogic, RSU. Supuestamente, Luis Carlos Hernández, hijo del ingeniero, firmó en una notaría un acuerdo de corretaje para el cobro de una comisión si Emab licitaba con Vitalogic.
Por este caso, la Fiscalía también investiga al exgerente de la Emab José Manuel Barrera; a Rubén Amaya, jefe de disposición final; al contratista Jorge Alarcón y los empresarios Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, cercanos a la familia de Hernández.
Antes de la diligencia, el candidato dijo a sus seguidores que aunque no tenía la obligación de asistir lo hizo “(..) como siempre lo ha hecho, para darles la tranquilidad de que no hay nada que esconder”. Sobre el proceso, agregó: “Esperamos que avance como corresponde y que no se siga dilatando en el tiempo”.
