Un último intento para que se aplazara por tercera vez la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero y 12 personas más por el escándalo del lote Aguas Vivas no surtió efecto ayer y la diligencia tuvo lugar durante seis horas.
La solicitud al respecto vino por cuenta de la exsecretaria Ingrid Vanessa González y de la exsubsecretaria Yina Marcela Pedroza, debido a que sus abogados no pudieron concurrir por compromisos adquiridos con anterioridad. Sin embargo y ante la aceptación del juez del caso de que no se podían violar las garantías procesales de estas, con el fin de no seguir cohonestando posibles dilaciones que lleven a una preclusión, la fiscal 133 del grupo anticorrupción, delegada para adelantar la diligencia, aceptó dejarlas por fuera de la imputación y hacerles la lectura de cargos a las otras once personas.
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Estos son —además de Quintero, González y Pedroza— Carlos Mario Montoya, Fabio Andrés García, Karen Bibiana Delgado, Alethia Arango, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez y Leidy Jiménez. De igual forma, aparecen vinculados a la investigación y también fueron imputados José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
En este proceso la Alcaldía de Medellín solicitó que se le acepte como víctima.
Originalmente la cita de este martes había sido planeada para el 25 de marzo pero sufrió dos aplazamientos sucesivos. El primero corrió por cuenta de los exsecretarios Fabio Andrés García, quien dijo que el mismo día tenía unos grados de maestría y otro compromiso en la Corte Suprema de Justicia, y por parte del defensor de Quintero que alegó necesitar más tiempo para preparar la defensa.
Hace ocho días, fue el abogado Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers, quien representa a Carlos Mario Montoya, el que dijo estar ocupado en otro proceso.
Finalmente, la fiscalía les imputó al exmandatario Quintero y a otros diez presuntos implicados, los cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos por sus presuntas actuaciones alrededor de una seguidilla de hechos mediante los cuales habrían cambiado las reglas de juego que se pactaron en torno a la propiedad de la finca Aguas Vivas, un megalote de casi 147.000 metros cuadrados en la vía a Las Palmas.
Inicialmente este fue entregado de manera gratuita por IDC, Técnicas Constructivas y Villegas Márquez, a cambio de una especie de “bono” que les permitía acreditar con él el pago de obligaciones urbanísticas, una modalidad de compensación con espacio público que deben hacer los urbanizadores y empresarios inmobiliarios por cada proyecto que acometan.
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El predio lo escrituraron el 27 de diciembre de 2019, siendo aún alcalde por primera vez Federico Gutiérrez, pero luego los expropietarios, ante la imposibilidad de negociar el “bono”, buscaron el cambio en las condiciones a su favor. Primero trataron de que les perdonaran obras que debían hacer por valor de $3.000 millones, luego gestionaron para que les aceptaran entregar parte del lote y desarrollar a ellos otra franja, y ante la negativa que siempre obtuvieron de los funcionarios de carácter técnico, buscaron que la Alcaldía les reconociera entre $42.000 y $48.000 millones por el terreno mediante una conciliación que de no ser por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado se hubiera materializado.
Más adelante, Aguas Vivas fue devuelta a IDC, TC y a Villegas. La cereza del postre habría venido cuando el alcalde Quintero y su secretario General, Fabio Andrés García, firmaron en mayo de 2023 el decreto 412 que permitía que allí se construyera a más altura y con mayor densidad de la que figuraba en el Plan de Ordenamiento Territorial —esta era un área con restricciones por su condición de riesgo y presencia de fuentes hídricas—.
Según la Fiscalía, alrededor de todo esto se habrían dado actuaciones ilícitas de parte de los funcionarios y de los particulares que configuran los tipos penales antes mencionados.
Los argumentos de la Fiscalía
“Quisieron comprar un bien que ya era del Estado”, apuntó la fiscal de la unidad anticorrupción.
Después de un largo relato de los hechos siguiendo una línea de tiempo, la funcionaria judicial dividió la imputación explicando primero cómo se habría configurado el interés indebido de parte de Carlos Montoya, Karen Delgado, Sergio López, Natalia Jiménez, Leidy Jiménez y Alethia Arango.
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Expuso cómo a pesar de funcionarios de carrera, de corte técnico, se opusieron en febrero de 2020 a que se modificaran las condiciones contenidas en la escritura suscrita a finales de 2019 sobre Aguas Vivas y a que se les pagara por el lote, en meses posteriores Montoya abrió la puerta para esa pretensión al ordenar un avalúo y luego al proponer dentro de un comité que el Distrito se beneficiaba al pagarles a los anteriores dueños alrededor de $40.500 millones en vez de los $54.000 millones que eran la pretensión inicial, juntando el supuesto valor de acuerdo a un cálculo por áreas geoeconómicas más los supuestos intereses y perjuicios.
Añadió que a Karen Delgado le correspondió anular ese concepto para dar apariencia de legalidad a la conciliación y mutar el contrato de Aguas Vivas, de cesión gratuita a compra venta. Ella habría sido quien, luego de que hicieran a un lado a quienes se oponían, presidió el comité que finalmente le daba vía libre a la conciliación.
También, según la Fiscalía, a Sergio López le correspondió emitir un concepto favorable con respecto a esa misma salida y gestionar el pago con dinero de un fondo a donde van a dar los recursos que recauda la Alcaldía por pagos en dinero de las compensaciones urbanísticas. En esas aprobaciones habrían estado igualmente Leidy Jiménez y Natalia Jiménez.
Sin embargo, ese fue el trato que fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Antioquia y que luego objetó ante el Consejo de Estado Alethia Arango, como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, pero que finalmente también dejó sin piso la máxima instancia del Contencioso
“El aporte de cada uno de ustedes fue determinante y fundamental para ejecutar la conducta punible, porque de no haberse realizado no se hubiera tramitado dicho contrato objeto de imputación hoy, vulnerando los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad que rige la funciona administrativa”, les dijo la fiscal.
Luego, la fiscal pasó a imputar los presuntos delitos de prevaricato por acción al exalcalde Quintero y a García, su exsecretario General por la firma del Decreto 412 de mayo de 2023 con el que se reglamentó el Valle del Software, pero que, concretamente, habría favorecido a los propietarios de Aguas Vivas valorizándoles el terreno. Con base en esa norma, de acuerdo con la fiscal, se tramitaron tres licencias de construcción y se alcanzó a iniciar una obra que después fue demolida ante la inminencia de sanciones para los ejecutores.
García habría incurrido también en prevaricato por acción al firmar la resolución que terminó con la cesión gratuita de Aguas Vivas y dio paso a que lo devolvieran a TC, IDC y Villegas.
Por su parte, Moreno, Rueda y Villegas habrían incurrido en peculado por apropiación agravado en provecho propio por todas las gestiones que hicieron para lograr un negocio con grandes ganancias, incluidos los derechos de petición y reclamaciones que efectuaron. También existen versiones de que alrededor de su gestión habría existido un tráfico de influencias en las oficinas de la administración distrital.
Decisiones pendientes
La diligencia de imputación estaba programada de manera virtual a partir de las 2:10 p.m. pero comenzó con más de media hora de retraso. Otro rasgo fueron los momentos en que se advertía cierto caos en las intervenciones de las partes y los reclamos al manejo dado por el juez 50 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín.
También hubo dificultades en la conexión de internet de la fiscal, que le quitaron por momentos celeridad a la diligencia.
En medio de una intervención, el abogado de Quintero, Luis Antonio Hernández, pidió que no se permita que la Alcaldía asista a las audiencias en condición de víctima, por considerar que no es adecuado que esta pueda intervenir, tras asegurar que supuestamente funcionarios de la actual administración también estarían involucrados en los hechos del caso.
Igualmente, el abogado Santiago Trespalacios, defensor de Natalia Jiménez y Leidy Jiménez, pidió invalidar la imputación, teniendo en cuenta que habían “brillado por su ausencia” los hechos jurídicamente relevantes; es decir, que no se había dejado lo suficientemente clara la participación de esas exfuncionarias en el caso Aguas Vivas. Y luego los demás abogados dieron sus propias explicaciones de por qué sus defendidos no deben estar tampoco en el banquillo.
Tras más de cinco horas y media, el juez decidió que por la complejidad de las peticiones se daría un tiempo hasta el próximo 21 de abril.
