La Comisión Accidental deberá presentar un informe que será presentado a la plenaria del Senado, que decidirá si acoge o rechaza la apelación.
Pasados 15 días del estrepitoso hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado –lo que llevó al presidente Gustavo Petro a arreciar su discurso, tomar distancia del Congreso y anunciar una consulta popular–, este miércoles se conoció el nombre de los siete congresistas que estarán a cargo del estudio de una apelación con la que sectores cercanos al Gobierno buscan revivir la iniciativa.
El recurso fue presentado el pasado 18 de marzo, horas después del hundimiento del proyecto, por parte del el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, quien hizo parte del bloque en contra de archivar la reforma. Se trata de una apelación ideada para revisar la determinación y revivir el proyecto.
“La Ley Quinta, que regula el Congreso, nos faculta para apelar este tipo de decisiones. La apelación llegará a la plenaria del Senado y se nombrará una comisión accidental que debe rendir un informe a la plenaria. De aprobarse la apelación se redirige a otra comisión el debate de la reforma laboral”, explicó en ese entonces Díaz.
Por ello, desde la mesa directiva del Senado fue nombrada una comisión accidental para que analice si hay argumentos que permitan aceptar la apelación. Como coordinador de la Comisión aparece el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, quien el año pasado resultó salpicado en el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Gallo, al igual que otros ocho congresistas, fue salpicado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, como uno de los participantes de un complejo entramado para otorgar contratos de la entidad por hasta $90.000 millones a parlamentarios a cambio de sus votos en favor de los proyectos del Gobierno.
La Comisión estará conformada además por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien ha tenido varios choques con el primer mandatario en defensa de la independencia de poderes, así como por el congresista de oposición José Luis Pérez (Cambio Radical).
Por parte del oficialismo aparece el senador petrista Pedro Hernando Flórez (Pacto Histórico), mientras que de la Alianza Verde fueron nombrados los senadores Angélica Lozano y Ariel Ávila. El grupo lo cierra el senador conservador Marcos Daniel Pineda.
La Ley Quinta, que regula el procedimiento del Congreso, establece que cuando un proyecto haya sido negado o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión, el Gobierno o el vocero de los proponentes podrá apelar la decisión ante la plenaria de la respectiva cámara, en este caso el Senado.
La norma indica que la Plenaria, previo informe de una Comisión Accidental, decidirá si acoge o rechaza la apelación. En el primer evento, la Presidencia remitirá el proyecto a otra Comisión Constitucional para que surta el trámite en primer debate, y en el último se procederá a su archivo definitivo.
El proyecto naufragó luego de que ocho de los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado respaldaron la ponencia negativa. Detrás de ese respaldo estuvo el mismo bloque parlamentario que justo hace un año hundió otro de los proyectos del corazón del petrismo: la reforma a la salud, que justamente nuevamente será debatida en esa célula legislativa. No obstante, del bloque se ausentó la senadora Norma Hurtado, del Partido de La U.
Fueron ocho los votos que respaldaron la ponencia de archivo: dos del Partido Conservador a través de Nadia Blel y Esperanza Andrade; dos votos del Centro Democrático, de Alirio y Honorio Henríquez; uno de Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, quien es coordinador ponente, y los dos de Berenice Bedoya y Lorena Ríos. A este grupo se sumó también la senadora Ana Paola Agudelo, de MIRA.
