La Cancillería colombiana había anunciado liberaciones el 19 de octubre, pero ninguna se cumplió. Las familias acusan abandono e indiferencia estatal.
Celdas de apenas 2x2 metros, camas de cemento, comida vencida, delgadas colchonetas de espuma y condiciones insalubres; así fue como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) describió la cárcel donde 38 colombianos están detenidos —sin pruebas y sin un juicio— por supuesta conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro.
Mientras las familias de los detenidos piden justicia, las promesas diplomáticas parecen escritas sobre arena. La Cancillería colombiana conoce la situación, y había prometido que el 19 de octubre se liberaría a varios de los detenidos. Eso no sucedió.
Por lo pronto el tiempo sigue corriendo, algunas familias llevan más de un año sin saber de sus seres queridos.
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Además del dolor de no saber nada sobre quienes aman —más allá de los reportes de organizaciones de derechos humanos que relatan el horror que viven los detenidos en Venezuela—, las familias de los 38 colombianos presos por el régimen de Maduro también han tenido que vivir la violencia y revictimización institucional.
Ante la falta de garantías procesales en el vecino país, tanto los detenidos como sus familias tienen claro algo: solo el Gobierno de Gustavo Petro puede interceder por ellos. Esa ayuda ha sido lenta, tímida, casi silenciosa; y ha estado marcada por promesas rotas.
Lo han intentado todo: viajes infructuosos hasta Caracas, marchas en la Plaza de Bolívar en Bogotá, protestas en el Congreso, huelgas, advertencias de encadenarse en edificios públicos, grupos en redes sociales, cadenas de oración; incluso viajaron hasta el Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera colombovenezolana para pedir por sus familiares.
”No sabemos qué más hacer”, dijeron en los videos de protesta.
Aquel llamado fue atendido días después por la Cancillería que, aunque en mayo aseguró que mantenía reuniones periódicas con los familiares de los detenidos, no había dado respuesta en semanas. Esta vez, gracias a la iniciativa de las víctimas, el Gobierno estableció una ruta formal para atender la situación.
EL COLOMBIANO conoció en primicia la “guía diplomática” que Mauricio Jaramillo Jassir —vicecanciller de asuntos multilaterales de Colombia— propuso y prometió presentarle a Venezuela para empezar el proceso de liberación.
En ella, se establece que el objetivo es “garantizar la asistencia consular oportuna, continua y sin obstáculos a los ciudadanos detenidos en el territorio del otro Estado, promoviendo la comunicación con sus familiares y representantes legales, y asegurando condiciones dignas de reclusión”.
EL COLOMBIANO ya había hablado con Jaramillo Jassir al respecto. Aseguró que el 17 de mayo, una delegación de la Embajada de Colombia en Caracas, encabezada por el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, visitó la cárcel El Rodeo. Tenían como objetivo hablar con los detenidos y entregarles kits de aseo. Sin embargo, las autoridades venezolanas no permitieron ninguna de las dos cosas.
Para el 29 de mayo, en conversación con este diario, el viceministro aseguró: “La Cancillería venezolana ha abierto todos los canales de comunicación, pero no siempre obtenemos información, sobre todo con lo relacionado a las autoridades carcelarias y a la Rama Judicial”.
A pesar de la preocupación sobre atención consular, para las familias este no debería ser el objetivo final. ”Queríamos la liberación, que se revisaran sus casos. Que, al ver que eran inocentes, los liberaran”, dice una de las familiares —bajo reserva— en diálogo con EL COLOMBIANO.
Otra de las familiares de los detenidos también habló con EL COLOMBIANO al respecto.
“Ahí no piden nada de libertad, no exigen el respeto de los derechos humanos, sino información y visita consular. En diálogo con el vicecanciller nosotros le dijimos que lo que estamos exigiendo como familia es la liberación, la libertad de cada uno de estos connacionales, siendo ellos inocentes, siendo personas que están secuestradas, porque ellos ni siquiera están detenidos. Si estuvieran detenidos estuviesen un debido proceso, una debida defensa, lo cual no ha sido posible”, aseguró.
Ambas familias que conversaron con este diario aseguraron que, por el momento, sus peticiones fueron escuchadas, y se hará un cambio en el objetivo de la guía diplomática.
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Sin embargo, aquellas diferencias solo marcaron más la distancia entre el Gobierno y las familias. A principios de octubre, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, citó a los familiares de los detenidos a una reunión.
Allí, Villavicencio admitió que son “detenciones arbitrarias”, que el embajador colombiano no ha podido ingresar a las cárceles y que saben que a los detenidos no se les ha permitido defenderse con un abogado; pero, agregó la canciller, hay otros intereses nacionales y “si se cierra la frontera es peor”.
La canciller también les aseguró que durante el encuentro de Naciones Unidas en Nueva York se cruzó con el canciller venezolano Gil y le recordó este tema. Además, dijo que tenía que irse a una reunión con el presidente Petro: “le voy a recordar este tema. Pero no sé hace cuánto no habla con el presidente Maduro”.
Ese fue el inicio de otra promesa que, hasta, ahora, no se ha cumplido: la de poder establecer un diálogo directo entre las familias y el presidente Petro.
“En la última reunión que tuvimos, la ministra Villavicencio dijo que nos iba a colaborar agendando una reunión con el presidente Petro. Que ese mismo día nos iba a dar razón, porque se iba a ver con él en la tarde. Han pasado varios días, y todavía no sabemos nada sobre eso”, dijo una de las familiares bajo reserva.
Al respecto, otra de las mujeres que aún lucha por recuperar a su ser querido aseguró: “Al gobierno de Colombia no le interesa la situación que está viviendo cada uno de estos ciudadanos en Venezuela. Es algo terrible, es algo que como familia nos hace sentir mucha impotencia, indignación, rabia, frustración. Hemos luchado con uñas y dientes por la libertad de ellos, pero también hemos sido totalmente ignorados”.
En aquella reunión con la Cancillería, una de las familiares aseguró que Villavicencio fue despectiva.
Este fue el testimonio que Nubia Mise —hermana de David Josué, detenido hace un año— le dio a EL COLOMBIANO hace varios días: “La señora canciller de forma grosera no nos dejó hablar, yo le dije ‘señora canciller, escúcheme’ porque este tema me pone muy sensible, ella igual se paró, me dejó con la palabra en la boca. Sentimos que estaba de cuerpo presente, pero de mente ausente en la reunión.
Este diario ha seguido la historia de varias familias. El caso de David Josué, por ejemplo, está marcado por la injusticia. “Él era mototaxista de años allá en la frontera y estaba haciendo un servicio a un señor peruano con pasaporte estadounidense. Por ese simple hecho se lo llevaron”, contó Nubia, quien nunca ha podido hablar con él desde que desapareció en los pasillos de aquella cárcel.
El ciudadano peruano también fue detenido, pero hace algunas semanas lo liberaron tras gestiones de Estados Unidos. A David, en cambio, lo tienen recluido en Rodeo I.
Yari Navarro, tía de Brayan Navarro —detenido el 6 de enero— asegura que aún no sabe nada de él. La última vez que escuchó su voz fue gracias a una llamada de 5 minutos, hecha el 15 de mayo vía WhatsApp, en donde el joven repetía: “estoy bien, no crucen la frontera, soy inocente”.
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Tanto Yari, como la hija de Brayan y sus amigos se quedaron esperándolo en mayo para jugar un torneo de fútbol.
Por otro lado, Lorena Espieta ha esperado a su hermano Arley por más de un año. Sabe que está enfermo desde que llegó a la prisión. “En mayo pudimos hablar muy poco con él y nos dijo que no estaba en las mejores condiciones, que le daban una o dos veces agua al día, una hora al patio con capuchas y esposados. Él esta enfermo, tiene gastritis y alergias en las manos y muñecas”, explicó.
El caso de Arley no es aislado, sino parte de una serie de violaciones a los derechos humanos. Según el último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destacó que la situación es especialmente preocupante para los presos políticos, quienes sufren en condiciones extremas, con algunos de ellos presentando síntomas graves de desnutrición, diarrea constante y hongos en los pies.
Yari Navarro también lo confirmó, puesto lo último que supo fue que su sobrino Brayan estaba pasando por un cuadro de gripa y gastroenteritis. “También nos contó que había varios casos de dengue activos”, dijo.
EL COLOMBIANO se ha contactado en varias ocasiones con la oficina de prensa de la Cancillería y con el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir para hablar sobre la situación de los venezolanos. Sin embargo, ninguno de los cuestionarios ha recibido respuesta.
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