El caso de reclutamiento de menores en el conflicto armado se ha convertido en uno de los procesos más simbólicos y complejos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia.
Recientemente, la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, quien lidera la Sala de Reconocimiento de Verdad en la JEP, habló sobre este, el caso 07, y anunció que pronto se tomarán decisiones sobre el tema.
Rueda afirmó que uno de los mayores desafíos es encontrar un equilibrio entre la verdad, la reparación y el tiempo en un caso que afecta a miles de víctimas. “No podemos sacrificar los derechos de las víctimas ni el debido proceso de los comparecientes”, explicó la magistrada.
La JEP escuchó recientemente a 61 víctimas en el departamento del Meta y cada uno de los testimonios es más desgarrador que el anterior y da cuenta de la complejidad que implica tomar una decisión frente a realidades tan dolorosas. Una de las sobrevivientes recordó la tragedia de cómo, a los 11 años, fue obligada a portar un arma y a disparar. “¿Cuáles son las razones para obligarme a participar en un combate con el Ejército a mis 12 años?”, cuestionaba ella, como seguramente se lo han cuestionado los cerca de 9.800 víctimas de este caso que ha registrado la JEP.
Según la JEP, el 54% de las víctimas acreditadas son niños y adolescentes reclutados, mientras que el 46% restante corresponde a familiares de menores desaparecidos o secuestrados. Otro dato que llama la atención es que la mayor parte de estos casos tienen como victimario al Bloque Oriental de las FARC, responsable del 47% de los hechos.
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Entre las más de 9.800 víctimas que han sido acreditadas en este subcaso, hay comunidades indígenas que también sufrieron el impacto de estas prácticas de horor.
Para la magistrada Rueda Guzmán, este proceso es una oportunidad de justicia histórica que debe respetar tanto los derechos de las víctimas como los derechos de los comparecientes para garantizar su total reintegración. “Nuestro desafío es lograr un buen balance entre ser célebres y no sacrificar los derechos de las víctimas”, señaló.
La próxima semana, la JEP emitirá lo que se llama un auto de determinación, un documento que incluirá las nuevas decisiones sobre las responsabilidades de los comparecientes en el reclutamiento de menores, luego de esto pdrían encontrarse máximos responsables que será juzgado y potencialmente condenados.
Las organizaciones de víctimas son las mas atentas a estos casos y la decisión de la JEP deberá garantizar la satisfacción de este grupo que lleva esperando años por una reparación digna.
