Fabiola Perea llegó a Bogotá huyendo de la violencia que la desplazó de su lugar de origen, con la esperanza de encontrar estabilidad para ella y su familia. Durante un tiempo pensó que lo había logrado, hasta que terminó envuelta en una trama judicial, política y mediática, luego de que a su entonces jefa, Laura Sarabia, hoy canciller de la República, se le extraviara una maleta con dinero en su residencia.
Perea, quien trabajaba como empleada doméstica en la casa de Sarabia, tomó la decisión de demandar a la Nación tras haber sido víctima de interceptaciones ilegales en 2023. Su caso se convirtió en uno de los escándalos más polémicos del primer año del gobierno Petro.
Los hechos ocurrieron luego de la denuncia por la desaparición de una suma de dinero en efectivo. En el marco de la investigación, Perea y Marelbys Meza, otra trabajadora del hogar fueron señaladas como sospechosas, y sus comunicaciones fueron interceptadas de manera irregular por miembros de la fuerza pública, quienes las incluyeron en un proceso ficticio vinculado al Clan del Golfo.
Con los alias de “la madrina” y “la cocinera”, los números telefónicos de las dos mujeres fueron ingresados a una listado de personas que harían parte o tendrían vínculos con el Clan del Golfo, para de esta manera, interceptar su comunicaciones durante varios días.
La revelación del caso generó una crisis política que llevó a la salida de Sarabia del cargo de jefa de gabinete en 2023. No obstante, meses después fue designada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y posteriormente nombrada canciller. El episodio, sin embargo, sigue teniendo repercusiones judiciales.
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Con su demanda, Fabiola Perea busca una reparación económica cercana a los 800 millones de pesos, argumentando que las afectaciones no solo vulneraron sus derechos fundamentales, como la intimidad y el debido proceso, sino que también impactaron profundamente a sus hijos y al resto de su familia, quienes vivieron episodios de estigmatización, miedo y ansiedad como consecuencia del escándalo.
“Se obligue a las entidades accionadas a que realicen un acto público de disculpas y desagravio a las víctimas de las interceptaciones ilegales por estos hechos, donde además se convoque a las personas implicadas directamente en este asunto, sean o no funcionarios públicos para ese momento, correspondientes a Laura Camila Sarabia y demás funcionarios públicos que intervinieron en las interceptaciones referidas”, se lee en un aparte de la demanda revelada por la revista Semana.
La demanda se respalda en la aceptación de cargos de varios miembros de la Policía involucrados en el caso algunos de los cuales ya fueron condenados.
El caso, además, desencadenó en el suicidio de un coronel de la Policía y en la condena de otros miembros de la Fuerza Pública por ejecutar las interceptaciones telefónicas y el uso del polígrafo contra las dos mujeres a quienes señalaban del robo de una millonaria suma de dinero en efectivo del apartamento de la ahora canciller.
