Una orden expresa a las juntas de acción comunal, para que controlen el acceso de las prostitutas en las áreas rurales, es una de las medidas más insólitas impuestas por las disidencias de las Farc en los sitios bajo su dominio.
Esta situación quedó expuesta tras una revelación del diario El Tiempo, que presentó el contenido de varios documentos incautados por las autoridades a las facciones disidentes comandadas por Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) y su enemigo Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).
El material incluye propaganda insurgente, manuales de convivencia, doctrina antigubernamental y normas para la carnetización de los pobladores y visitantes.
En uno de estos papeles, los criminales explican que “para el caso de las trabajadoras sexuales, debe existir un control por parte de las juntas de acción comunal, cada trabajadora debe presentar su carnet de control médico general por lo menos 5 días antes de su llegada”.
Y advierten que “queda prohibido desplazarse por el territorio o fuera de su lugar de trabajo, de lo contrario, serán multadas y sancionadas”.
De igual manera, los terroristas estarían auspiciando una recompensa de $10 millones para los líderes sociales que lleven a sus comunidades a votar en masa por el candidato de su predilección.
Regístrate al newsletter