La inseguridad le cuesta al departamento el equivalente al 1,07% de su PIB cada año. Esa es la cifra que puso a un grupo de investigadores de la Universidad Eafit para construir un modelo económico con la finalidad de responder una pregunta: ¿cuánto puede ganar Antioquia si invierte en seguridad?
La respuesta del centro de pensamiento Valor Público de Eafit es que un recaudo cercano a $1 billón, generado por la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, puede traducirse en $4 billones de ganancia neta para la economía departamenta. Es decir, un retorno de cuatro a uno.
El estudio fue elaborado por cuatro investigadores y profesores de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT: Alejandro Torres García, Jesús Botero García, Álvaro Hurtado Rendón y Diego Alejandro Quintero Ríos.
Para llegar a esas cifras usaron un modelo de Equilibrio General Computable (CGE), que simula cómo interactúan entre sí todos los sectores de la economía cuando cambia una variable, en este caso, el nivel de seguridad. El horizonte de análisis va de 2025 a 2027, con proyecciones de largo plazo hasta 2030.
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El impuesto que nadie veía: el costo de la inseguridad en Antioquia
Antes de calcular las ganancias, el modelo tuvo que medir el daño. Por ejemplo, a nivel de América Latina y el Caribe, el costo total del crimen y la violencia llegó al 3,44% del PIB en 2022.
Ese costo se divide en tres grandes rubros: pérdida de capital humano, gasto público y costos del sector privado. En Colombia, solo la pérdida de capital humano asociada a homicidios representa el 0,76% del PIB regional.
Asimismo, según el informe, las empresas y los hogares colombianos gastan el equivalente al 1,6% del PIB en seguridad privada y en pérdidas por robos. Es decir, el Estado traslada a los particulares la responsabilidad de protegerse, y eso tiene un precio que se descuenta directamente de la competitividad económica.
Para Antioquia, el costo total de la inseguridad equivale al 1,07% del PIB departamental en 2025.
El desglose por tipo de delito muestra el peso desproporcionado del homicidio y la extorsión. De esta manera, homicidio: 0,58% del PIB departamental; extorsión: 0,31% del PIB; secuestro: 0,10% del PIB; amenazas: 0,08% del PIB; y terrorismo: 0,03% del PIB.
La violencia, entonces, no es solo un problema social. Es un impuesto implícito que paga toda la economía sin que nadie lo haya votado ni aprobado, según el estudio.
La fotografía se complica cuando se mira por subregiones. Por ejemplo, en zonas de alta conflictividad como el Nordeste y el Suroeste, el costo de la inseguridad sube al 3,63% y al 3,52% de su PIB respectivo. Son territorios que soportan una carga tres veces mayor que el promedio departamental, con economías más frágiles y sin la capacidad fiscal para hacerle frente.
Esa brecha territorial es uno de los argumentos centrales del estudio para justificar la tasa departamental, que los municipios más afectados son precisamente los que menos pueden financiar su propia seguridad.
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La tasa de seguridad: cómo funciona, quién paga y cuánto se recauda
La base legal de este recaudo es la Ordenanza 50 de 2024 de la Asamblea Departamental de Antioquia, aprobada el 5 de diciembre de 2024 en medio de polémica por aumento de impuestos en tiempos de crisis, impacto al bolsillo de los ciudadanos y empresarios, y críticas a transparencia en ejecución de recursos.
La norma establece un gravamen sobre el consumo de energía eléctrica para financiar inversiones en seguridad en el departamento. La tasa se fija en Unidades de Valor Tributario (UVT) por kilovatio-hora consumido. El diseño del tributo tiene una decisión política incorporada, los hogares de estratos 1, 2 y 3 están completamente exentos. La carga recae sobre los sectores de mayores ingresos y sobre el mundo empresarial.
Las tarifas aprobadas son:
-Estratos residenciales 4, 5 y 6: 0,0017 UVT por kWh.
-Sector industrial: 0,0013 UVT por kWh, con tope de 500.000 kWh al mes.
-Sector comercial: 0,0015 UVT por kWh, con tope de 70.000 kWh al mes.
-Sector oficial: 0,0012 UVT por kWh, con tope de 70.000 kWh al mes.
Para dimensionar el impacto sobre cada agente, el estudio calcula que la tasa representa apenas el 0,06% del valor de la producción para las empresas y el 0,01% del ingreso para los hogares de mayores ingresos. Una carga baja en términos individuales, pero que se acumula en un volumen de recaudo significativo.
El modelo inicial proyectaba un recaudo de $1,2 billones en tres vigencias. Sin embargo, al corte del 11 de diciembre de 2025, el recaudo efectivo reportado fue de $135.540 millones. La diferencia evidencia que el universo real de aportantes resultó distinto al proyectado, un dato que el propio estudio reconoce y que será clave para ajustar las proyecciones hacia adelante.
Cinco escenarios y uno que cambia todo
El modelo CGE simuló cinco escenarios distintos de política y el más relevante, denominado “MEJORA”, asume una reducción del 6% en los delitos de alto impacto como resultado directo de la inversión financiada con la tasa. Ese escenario es el que produce los resultados más contundentes.
Si la implementación logra esa reducción del 6%, los beneficios económicos no solo cubrirían el costo del tributo, también los excederían. Por ejemplo, a corto plazo, se generarían incrementos inmediatos en el valor agregado de la economía cercanos a los $75.000 millones al tercer año de implementación.
En el largo plazo, a 2023, el aumento acumulado del valor agregado llegaría a 340.000 millones de pesos, equivalente al 0,14% del PIB departamental. Además, a valor presente neto, al traer todos esos beneficios futuros a pesos de hoy, se estima en cerca de $4 billones.
El estudio también advierte sobre el costo de la inacción. En otras palabras, en un escenario de deterioro de la seguridad, el departamento podría enfrentar pérdidas de valor agregado del orden de los $183.000 millones. En ese sentido, la tasa no es un gasto, sino que es una póliza de seguro con retorno positivo.
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¿En qué se gasta el billón? Así es el mapa de la inversión
Para que el modelo de ganancia funcione, el gasto tiene que ser eficiente y focalizado. El presupuesto asignado a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia suma $978.933 millones y se distribuye en cinco líneas de acción:
1. Tecnología como columna vertebral (46% del presupuesto): con $451.429 millones, este es el rubro más grande del plan. La estrategia busca suplir la escasez de pie de fuerza con herramientas tecnológicas como cámaras, sistemas de vigilancia, inteligencia artificial aplicada a la seguridad y plataformas de información en tiempo real.
2. Placas polideportivas y convivencia (24%): se destinan $233.603 millones a infraestructura social y deportiva, con foco preventivo en jóvenes. La lógica es que la convivencia tiene que construirse también desde los espacios comunitarios, no solo desde la represión.
3. Justicia disuasiva, la nueva cárcel departamental (15%): con $146.700 millones se financia la construcción de una nueva cárcel departamental. El estudio cita evidencia que respalda este tipo de inversión, la apertura de 100 nuevas estaciones de policía en Colombia redujo la criminalidad en sus vecindades en un 12% para delitos violentos y un 22% para delitos contra la propiedad. Sin embargo, los investigadores advierten que las cárceles deben integrarse con una gestión operativa adecuada para evitar que se conviertan en focos de inseguridad patrimonial.
4. Escuadrones militares y policiales, programa EMPAS (11%): recursos por 106.845 millones de pesos financian el programa Antioquia Segura (EMPAS), que busca fortalecer la presencia territorial de la fuerza pública en zonas de alta conflictividad.
5. Infraestructura para la fuerza pública (4%): una inversión de $40.355 millones para mejorar las condiciones físicas de trabajo de soldados y policías en el departamento.
La radiografía fiscal: por qué Antioquia necesita recursos propios
El estudio de Eafit también explica por qué el departamento necesita generar recursos propios en lugar de depender de las transferencias de la Nación.
La fotografía fiscal es preocupante, por ejemplo, en 2024, el 55% de los ingresos departamentales correspondió a transferencias externas de la Nación. Solo el 45% fueron ingresos corrientes generados localmente. El departamento, en términos de autonomía fiscal, vive a medias de lo que produce y a medias de lo que le transfieren.
A nivel subregional, la situación es más grave, ya que el 70% de las subregiones de Antioquia opera con alta rigidez financiera, dependiendo directamente de la Nación para funcionar.
Los indicadores de autonomía fiscal muestran la brecha así: Gobernación de Antioquia: índice de autonomía de 3,36; Valle de Aburrá: 2,69; Urabá: 1,17; y Suroeste: 1,19.
Esa estrechez fiscal se traduce en que entre el 60% y el 77% de los ingresos propios de las subregiones más débiles se van exclusivamente en gastos de funcionamiento, no queda margen para invertir en seguridad. La tasa departamental, entonces, aparece como un mecanismo alternativo para cerrar brechas y financiar proyectos que los municipios no podrían costear solos.
El estudio de EAFIT, asimismo, hace un diagnóstico de la situación de seguridad en el departamento entre 2023 y 2025, y la imagen es de dos velocidades.
-Homicidio: a nivel departamental descendió un 4,3%, pasando de una tasa de 25,6 a 24,5 por cada 100.000 habitantes. Pero el agregado oculta realidades opuestas: el Bajo Cauca registró un aumento del 34,3% y el Suroeste del 31,6%.
-Extorsión: bajó un 19,2% en el departamento. Sin embargo, el Oriente antioqueño lidera la problemática con un incremento del 88% en el mismo periodo.
-Hurto: es el delito con la tendencia más positiva. Registró descensos en todas las subregiones sin excepción, con una caída departamental del 34,3%.
-Secuestro: aunque la tasa departamental bajó un 24,1%, el Occidente se convirtió en foco de alarma con un incremento del 486% en este tipo de delito.
A su vez, hay un dato del estudio que golpea con fuerza cuando se pone en contexto empresarial, las pequeñas y medianas empresas destinan el 7,8% de sus ventas anuales a seguridad privada. Las grandes empresas gastan el 4,1%. La inseguridad es un impuesto regresivo que cobra más a quien menos tiene para pagarlo.
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La conclusión del modelo: un círculo virtuoso posible
El estudio de Valor Público de Eafit termina con una afirmación que llama la atención, la tasa de seguridad, bien ejecutada, puede corregir una falla del mercado, que es la provisión insuficiente de un bien público esencial.
Cuando el Estado no provee seguridad adecuada, los agentes económicos internalizan ese costo. Contratan vigilancia privada, aseguran activos, se abstienen de invertir en zonas de alta conflictividad o simplemente se van. Todo eso reduce la productividad, limita la inversión y frena el crecimiento.
Si la tasa logra una reducción del 6% en los delitos de alto impacto, los investigadores proyectan que se activaría un círculo virtuoso, más seguridad atrae más inversión, más inversión genera empleo e ingresos, y esos ingresos fortalecen la base tributaria que sostiene los servicios públicos, incluida la seguridad.
La clave del éxito, según el estudio, estará en que los recursos se traduzcan en mejoras tangibles en la capacidad operativa del Estado, especialmente en regiones estratégicas como el Valle de Aburrá, el Oriente y Urabá, tres zonas que concentran buena parte del motor económico del departamento.
El estudio también sitúa esta experiencia en un contexto más amplio. Si Antioquia logra demostrar que la inversión pública en seguridad genera retornos económicos medibles, el modelo puede convertirse en un referente no solo para los demás departamentos de Colombia, sino para América Latina, una región que sigue pagando uno de los costos más altos del mundo por la violencia y el crimen.
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