El lunes se sabrá si Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha contra las drogas. Y aunque la palabra suena enredada, es sencillo. Se trata del rotulo que le tiene Estados Unidos a la ayuda económica y militar que entrega para la lucha contra las drogas. Si el gobierno de Donald Trump decide cancelar la ayuda se trataría de un sablazo al presidente Gustavo Petro por los pocos avances en la reducción de cultivos de coca en el país.
Por estos días, Colombia pisa suave en tres posibles escenarios: la certificación total, la condicionada o la temida descertificación. Si se da este último escenario, el que más preocupa a Petro y que lo tiene desempolvando viejas fórmulas como el glifosato –del que antes fue crítico–, el golpe sería inmediato. Bien dicen que “a grandes males, soluciones extremas”.
Las consecuencias no serían menores. Se tambalearían las relaciones diplomáticas, se congelaría buena parte de la asistencia bilateral, se bloquearían créditos en bancos multilaterales y hasta la ayuda fiscal del 2026 podría verse afectada. Traducido en números, Colombia dejaría de recibir alrededor de US$453 millones en apoyos económicos, según cálculos de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham).
Aunque el panorama luce complejo, a Trump tampoco le conviene que Colombia, uno de los principales productores de coca del mundo, pierda fuerza en su lucha contra el narcotráfico. En medio de todo, ambos países luchan contra el mismo flagelo.
La defensa de Colombia
Para que la decisión de Trump sea favorable al país, el embajador en Washington Daniel García-Peña, anda en plena maratón de reuniones tratando de convencer a la Casa Blanca de que Colombia sigue comprometido. Su mensaje es claro y es que el Gobierno no ha bajado la guardia y sigue comprometido con la lucha contra las drogas.
“En las últimas semanas, vimos la muerte de 13 policías en Amalfi y los atentados en Cali, los efectos de la lucha contra el narcotráfico. Vamos a seguir haciéndolo por convicción y por interés nacional, pero sin duda podemos hacerlo mucho mejor con Estados Unidos que sin ellos”, dijo en entrevista con Caracol Radio.
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García-Peña recordó que la violencia derivada del narcotráfico no se explica únicamente por dinámicas internas. Subrayó que la demanda de cocaína en Estados Unidos es un factor clave que alimenta el negocio. “Si no fuera por el consumo y por los millones de dólares que se gastan en cocaína, el negocio no tendría lugar. Colombia está poniendo los muertos porque sabemos que este flagelo afecta a la humanidad y a Estados Unidos en particular”, afirmó.
Según el embajador, una desertificación solo beneficiaría a los grupos al margen de la ley. “En el caso eventual de una desertificación, los únicos ganadores serían los grupos criminales y los grupos transnacionales, por lo tanto, seguimos insistiendo en que por razones de interés de seguridad nacional, seguiremos trabajando contra el narcotráfico”, dijo el embajador.
Con el panorama todavía incierto, el propio embajador le bajó al tono y recordó que la descertificación no es una sola vía, sino un abanico de opciones con diferentes niveles de impacto. “Hay un menú de posibilidades, si uno coge a cada uno de ellos, podría haber consecuencias por ejemplo en reducción de operaciones antinarcóticos, pero aun en ese caso, la ley dice que los efectos antinarcóticos no serán afectados, entonces aun en un caso hipotético de desertificación habría que esperar a ver exactamente cuál de la larga lista que existe de posibilidades efectivamente sean aplicados”, dijo el embajador.
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La decisión, según Geoff Ramsey, asesor para asuntos de Colombia en el Atlantic Council de Washington, ya estaría tomada. Al memorando solo le falta la firma del presidente de Estados Unidos, quien por estos días está concentrado en la crisis desatada tras el homicidio del comentarista y activista ultraconservador Charlie Kirk.
“A estas alturas la Casa Blanca sabe muy bien lo que va a hacer, mi expectativa es que Estados Unidos va asegurar de que esta decisión sea lo más costoso para el presidente Petro pero buscando minimizar el costo para la relación bilateral y para otros intereses de los Estados Unidos”, analizó el asesor en Caracol Radio.
La descertificación no es nueva en la historia del país. De hecho, la única vez que se aplicó fue durante el gobierno de Ernesto Samper, en 1996, cuando el escándalo del proceso 8.000 tenía al mandatario en la mira. En ese momento, Washington le bajó el pulgar a Colombia y Samper denunció que la certificación había sido usada como un mecanismo de presión en su contra.
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