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¿Vicios de trámite? Cuestionan legalidad de nueva consulta popular radicada por el Gobierno Petro

La oposición cuestionó la legalidad de la consulta popular radicada por el ministro de Salud, al considerar que no tenía facultades constitucionales para hacerlo. Acusan al Gobierno de improvisación.

  • Jaramillo (centro) radicó la nueva consulta de la mano de sus colegas de Trabajo (izquierda), Antonio Sanguino, e Interior (derecha), Armando Benedetti. FOTO: MINTRABAJO
    Jaramillo (centro) radicó la nueva consulta de la mano de sus colegas de Trabajo (izquierda), Antonio Sanguino, e Interior (derecha), Armando Benedetti. FOTO: MINTRABAJO
hace 50 minutos
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Horas después de la radicación de una nueva consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro –conformada no solo por asuntos laborales, sino también por preguntas relacionadas con la salud–, desde la oposición alertaron por presuntos vicios de trámite que frustrarían el proceso.

Según reclamó el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, la radicación fue liderada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien hasta este lunes estaba desempeñando funciones presidenciales ante el viaje del presidente Gustavo Petro en China.

Sin embargo, Forero alertó que en los distintos decretos que le dieron piso jurídico a la designación no se incluyeron facultades relacionadas con el artículo 104 de la Constitución, el cual faculta al jefe de Estado para “convocar al pueblo” a través de este tipo de mecanismos de participación ciudadana.

“La consulta popular radicada por Guillermo Alfonso Jaramillo ante el Senado estaría viciada. Al revisar los decretos 506 y 528 de 2025, por medio de los cuales se delegan funciones presidenciales en el ministro de Salud y Protección Social, por ningún lado aparece el artículo 104 constitucional, que es el que faculta al presidente de la República para consultar al pueblo decisiones trascendencia nacional”, reclamó Forero.

De acuerdo con el representante, este tipo de actuaciones demostraría la “improvisación y chambonería” del Gobierno Nacional. “Estamos evaluando denunciar a Guillermo Alfonso Jaramillo por abuso de función pública, ya que consideramos que habría violado el artículo 428 del Código Penal”, precisó.

Las nuevas preguntas que incluyó el Ejecutivo en la consulta popular están relacionadas con el sector salud, aunque inicialmente el Gobierno se bajó de la idea de la regulación de medicamentos y dejó una pregunta más abierta sobre la compra y producción.

“Esa nueva consulta lo que quiere es volver a que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora y que por fin haya las bases para que todo colombiano pueda acceder a la salud, a sus medicinas y a un derecho universal de la salud”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una rueda de prensa en la que figuró Diego González, secretario del Senado a quien por poco golpea la semana pasada.

El ministro Jaramillo, quien se negó a recibir preguntas de los periodistas en la rueda de prensa, recordó que el Congreso ha hundido la reforma a la salud en dos ocasiones. A partir de eso justificó las nuevas preguntas que “fueron orden del señor presidente”.

Expertos cuestionaron las cuatro nuevas preguntas, en particular el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que “son un engaño”. Con respecto a la pregunta de la entrega oportuna de medicamentos, dice: “¿Quién no va a estar de acuerdo? ¿Pero qué hay detrás? ¿Pretende el Estado nacionalizar toda la industria farmacéutica? En el mejor de los casos es un engaño y en el peor, el anticipo de un desastre”.

Las preguntas adicionales

-¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes?

-¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a Hospitales y clínicas?

-¿Está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto?

-¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?

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