Aunque la denuncia parte del caso de Jineth Bedoya, la ONG aseguró que la impunidad es un problema generalizado en el país.
Jineth Bedoya Lima lleva 25 años buscando justicia luego de ser víctima de abuso sexual en el año 2000, cuando desarrollaba su ejercicio periodístico. Y lo que comenzó como un proceso personal, en silencio, terminó en una lucha por todas las mujeres del país que, al igual que ella, quedaron esperando que quienes las violentaron obtuvieran una cita y sentencia con la Justicia.
Eso no pasó. Y para el 99% de las mujeres que denuncian ser víctimas de acoso y abuso sexual, la Justicia tampoco es algo conocido. Este panorama fue reconocido por Amnistía Internacional, ONG que, además, envió una alerta.
En el informe, la ONG hizo énfasis en que, en caso de Bedoya, ella no sólo ha tenido que enfrentar la impunidad y abandono institucional, sino que también ha tenido que soportar amenazas por alzar la voz. Una situación que tampoco ha sido investigada.
En este caso, el Estado colombiano tiene las manos llenas de responsabilidad, así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021.
Y en el nuevo informe de Amnistía Internacional, la ONG destacó que el 31 de mayo del año 2000 le emitió una alerta a Colombia por la inseguridad que vivían los periodistas. Aquel documento fue publicado 5 días después del secuestro y abuso que sufrió Bedoya.
Ellos no fueron los únicos. En aquel mes los llamados a la Justicia también se hicieron por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Ninguno de los llamados ha sido atendido.
De hecho, ni siquiera la sentencia de la CDIH fue suficiente para que el Estado colombiano continuara con las investigaciones y condenas.
”El pasado 28 de abril ella manifestó públicamente su intención de desistir de su acción judicial. Amnistía Internacional lamenta que un sistema judicial que debería atender sin dilación y proteger a las víctimas, las agote mediante procedimientos revictimizantes, sin perspectiva de género en las investigaciones, y perpetuando la impunidad hasta llevarlas víctimas a desistir de sus demandas”, dice la denuncia de Amnistía.
Luego de hacer un resumen de los dolorosos hechos que debió vivir Jineth -que sería revictimizante replicarlos- Amnistía Internacional resaltó que, según el informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en la última década se han realizado, en promedio, 23.000 valoraciones por presuntos delitos sexuales cada año en el país.
Es decir, diariamente 63 personas en Colombia acuden a un centro médico por haber sido víctimas de violencia sexual. En 2023 ocurrieron más de 24.000 casos, de los cuales el 88% fueron mujeres, y el 66%, niñas menores de 14 años.
Un informe reciente de la Red Nacional de Mujeres escudriñó en los detalles de aquellos casos. Según lo que encontraron, el 78 % de los feminicidios y el 99 % de los casos de acoso o abuso sexual permanecen sin resolución judicial. La impunidad parece ser Ley en Colombia.
Le puede interesar: “Sucede por la precariedad a la que nos empujan”; triple feminicidio en Argentina visibiliza necesidad de políticas inclusivas
Con base en estos datos, Amnistía Internacional le hizo un llamado de atención al Estado y Gobierno colombiano: “Amnistía Internacional ha observado con preocupación, tanto en este como en otros casos en Colombia, un patrón de procesos judiciales que se extienden indebidamente en el tiempo mientras las víctimas sufren nuevas agresiones y presiones para desistir de su búsqueda de justicia, que se suman a la prolongada impunidad”.
Y añadieron: “El resultado son dificultades y barreras persistentes para participar en los procesos judiciales, a veces incluso el exilio, mientras las dilaciones procesales agotan a las víctimas y, en el caso de Jineth, la llevaron a su declaración pública de desistir en la búsqueda de justicia”.
Amnistía también instó al Estado colombiano a tomar cartas en el asunto, y señaló que, si bien la lucha de Jineth ha dado grandes frutos simbólicos y jurídicos, la responsabilidad de Justicia es institucional.
Lea además: Aliados y cifras dejan al descubierto “feminismo” oportunista de Petro
Entre tanto, el informe de la la Red Nacional de Mujeres refleja que la impunidad no solo deja vacíos de justicia, vacíos físicos y emocionales, sino que también crea barreras de desconfianza entre las mujeres -todas, no solo las que denuncian- y las instituciones estatales.
Regístrate al newsletter 
