Apenas una semana después de la controversia que estalló en el Suroeste antioqueño por la creación de la primera Área de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en el municipio de Concordia, el Gobierno Nacional. Regresó a la carga similar y declaró dos nuevas áreas en esa subregión.
La decisión fue informada por el Ministerio de Agricultura durante la noche del pasado jueves 16 de octubre, precisando que los nuevos municipios que estarán cobijados por la polémica figura serán Fredonia y Venecia.
Lo que se sabe de la nueva declaratoria
Según precisó el MinAgricultura, el área declarada para Fredonia tiene una extensión de 11.381 hectáreas, equivalentes al 44,80% de la superficie total del municipio.
En el caso de Venecia,el área abarca el 24,36% de la superficie total del municipio, en una extensión de 3,498 hectáreas.
El Gobierno Nacional aseveró que para declarar ambas áreas se habrían realizado 18 mesas de discusión en Fredonia y otras 17 en Venecia.
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"Estas nuevas Appa recogen y reconocen la producción agropecuaria de muchas familias, y la protección de los suelos que hoy hacen de los alimentos un elemento fundamental en la economía de estos municipios. Con esta declaratoria reafirmamos la decisión de proteger los suelos agropecuarios, y ofrecer a los municipios elementos técnicos que les permiten, en el marco de la reglamentación del uso del suelo, conforme a su facultad constitucional, avanzar en el ordenamiento del suelo rural agropecuario", expresó la ministra de Agricultura Martha Carvajalino.
Una figura cuestionada
Esta declaratoria del Gobierno Nacional aparece en medio de una fuerte controversia política y jurídica, en la que varios expertos, autoridades y organizaciones locales han asegurado que la figura entraría en conflicto con la autonomía territorial y podría generar efectos colaterales.
Uno de los principales críticos ha sido el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha sostenido que las Appa afectarían la potestad de los propios productores de alimentos y del sector privado para definir qué uso darle al suelo.
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“Esta declaratoria sí limita la actividad agropecuaria porque restringe los cultivos que no son para alimentación humana. Además, el gobierno Petro decidirá sobre usos productivos del suelo y establecerá restricciones a algunas actividades económicas como el ecoturismo, posadas turísticas y el comercio veredal. Si el municipio tuviera la autonomía como demandan la Constitución y la ley, no estarían ustedes imponiendo estas restricciones como lo hacen con este nefasto instrumento”, expresó Rendón.
“En Antioquia contamos con instrumentos para blindar la seguridad alimentaria: es el Departamento con mayor producción agropecuaria, hemos aumentado cinco veces los recursos del PAE y tenemos la cifra más baja de los últimos 20 años en muertes por desnutrición de niños menores de 5 años. Los antioqueños no queremos, ni necesitamos APPA, un mecanismo que solo pretende dejarnos en manos de un burócrata en Bogotá”, agregó el gobernador.
Por su parte, la ministra Carvajalino, tal como lo planteó en entrevista con este diario, ha argumentado que las Appa no cambiarían la vocación productiva de la región, sino que garantizarían que el suelo no tenga presiones para que se cambie su uso.
“No estamos tratando de revertir procesos ya consolidados de desarrollos urbanos, ni de cambios de uso del suelo que ya tienen actividad minera, acá estamos es protegiendo estos suelos que tienen producción agrícola, o pecuaria, o forestal para garantizar que a futuro mantengan su capacidad de producción”, argumentó la funcionaria.
Otro frente de controversia se asocia a la legalidad de la figura, tal como lo han advertido abogados constitucionalistas que han demandado la figura.
“El Gobierno justifica la necesidad de generar unos entornos de producción agroalimentarios, que es un principio loable, partiendo de la base de que los municipios están retrasados en su actualización de los planes de ordenamiento. Entonces el Gobierno se atribuye la definición del uso del suelo y definió el uso lícito del suelo en unos municipios en los que Minagricultura estableció que allí se deben producir alimentos. Es como si se pusiera en tensión el derecho fundamental a la alimentación frente a la soberanía territorial”, argumentó la abogada Lorena Garnica de la Espriella, experta en ordenamiento territorial y quien ha defendido una demanda de constitucionalidad al artículo del Plan de Desarrollo que dio vida a las Appa.
En este último pulso, es la Corte Constitucional la que analiza los argumentos de ambas partes y se pronunciará sobre la legalidad de la iniciativa.
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