El gobernador Andrés Julián Rendón se sumó a los reclamos hechos por varios alcaldes para que las instancias nacionales acometan obras con el fin de mitigar el riesgo en un tramo de la variante de Caldas que en los últimos días les ha quitado el sueño a las comunidades y los transeúntes ante la posibilidad de que, si se viene un alud, este pueda afectar varias residencias y la infraestructura vial.
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“Urge que el Gobierno Nacional emprenda obras de mitigación y gestión del riesgo en Pacífico 1, sector Las Chachas, entre los municipios de Sabaneta y Caldas, una vía de alto flujo vehicular”, publicó el mandatario departamental en su cuenta de X.
A renglón seguido, Rendón fue más directo al pedir: “Señores @ANI_Colombia, @InviasOficial y Covipacífico esta vía requiere acciones ya. Los ciudadanos requieren soluciones y no excusas”.
La variante de Caldas marca el ingreso desde el Área Metropolitana hacia el suroeste antioqueño y el sur del país a través de las concesiones Pacífico I y Pacífico II. Esta presenta cuatro puntos críticos, pero el más grave está en jurisdicción de Sabaneta, en el límite de ese municipio con La Estrella y Caldas, y hay temor generalizado de que se pueda desatar una emergencia por los movimientos en masa de grandes proporciones y en especial con el invierno que se ha desatado.
Esta semana, en un pronunciamiento público, el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, recordó que hace más de un año persiste un derrumbe que no ha sido atendido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Covipacífico, pese a los reiterados llamados de las autoridades locales.
El lunes pasado, en un consejo de gestión del riesgo que contó con la presencia de los alcaldes de los tres municipios involucrados, la ANI, el concesionario, el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Antioquia) y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se acordó que las entidades nacionales harán una visita técnica este jueves al lugar y luego enviarán un informe técnico con cronogramas específicos para trabajar en las intervenciones, pero los mandatarios locales consideran que hasta no tener el documento en la mano no estarán tranquilos del todo ante el riesgo que se corre.
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Ante esta situación, los tres municipios están estructurando una acción popular con la que buscan que se obligue a las entidades responsables a hacer las obras de mitigación del riesgo para garantizar la seguridad de las personas en riesgo.
