En una carta de cuatro páginas, el gobernador Aníbal Gaviria propuso la terminación anticipada del contrato Boomt entre EPM y la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., firmado desde el 10 de septiembre de 2010.
Ese acuerdo establecía que sería la sociedad la encargada de la construcción, el montaje y el mantenimiento de la central hidroeléctrica. Con el tiempo, sin embargo, las relaciones entre EPM e Ituango S.A E.S.P (propiedad de la Gobernación y el IDEA) se fue debilitando, especialmente después de la contingencia que vivió el proyecto en 2018.
Es tanto así que hay activo un tribunal de arbitramento entre las partes. En la carta, el gobernador expone que entre ambas partes hay controversias contractuales serias. La sociedad le reclama a EPM el pago de las cláusulas de apremio por los retrasos sucesivos de la obra, que debió haber estado lista en 2018 y apenas comenzó a operar, de manera parcial, en 2022.
La sociedad también reclama, argumentó el gobernador, los ingresos dejados de percibir por cuenta del retraso de la obra. Sin embargo, ese no es el motivo esencial de la petición de la Gobernación de Antioquia. Unos párrafos más abajo, el gobernador expone que, según las proyecciones hechas por EPM, Hidroituango no generará ingresos para la sociedad.
Según las proyecciones de EPM, el proyecto tendrá un Valor Presente Negativo (VPN) a 50 y 70 años. A paso seguido, el gobernador hace un reclamo: “No puede ser que, en 50 años de operación de la hidroeléctrica, EPM gane miles de millones de dólares mientras la sociedad Hidroituango y sus socios, la Gobernación de Antioquia y el IDEA, no reciben un solo peso, dineros necesarios esperados y para la inversión en los 125 municipios del departamento”.
En la última de las cuatro páginas, la carta del gobernador, que está dirigida al gerente de EPM, Jorge Carrillo, insiste en la necesidad de dar por terminado el contrato de manera anticipada. En uno de los puntos finales dice que, de no concederse esta petición, se pedirá el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación con el fin de llegar a un trato justo.
Como era de esperarse, la petición de la Gobernación ha causado varias reacciones. En Twitter, donde se publicó la misiva, el abogado constitucionalista David Suárez dijo que veía poco viable que se aceptara esta propuesta.
