Alrededor de 70 familias conformadas por cerca de 300 personas estarían confinadas en el área rural de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Así lo informó la Fundación Sumapaz con base en información que recibió de fuentes comunitarias en la región.
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De acuerdo con el investigador de esa organización de derechos humanos Óscar Yesid Zapata, campesinos de las veredas La Bonga y La Capilla reportaron no poder estar saliendo a cumplir con sus faenas en el campo debido a la zozobra que les produce la actuación de grupos armados ilegales.
Fuera del confinamiento y el riesgo de desplazamiento forzado, los labriegos reportan su temor a que se presenten reclutamientos de menores de edad y el miedo por material explosivo que estaría sembrado en la zona.
Esta situación se extendería también hasta el corregimiento de Puerto López, un área que de tiempo atrás ya ha presentado alertas por el recrudecimiento del conflicto.
Según Zapata, aunque autoridades en la localidad dijeron no estar enteradas del tema, tendrían planeada una jornada de verificación para el próximo lunes, 7 de abril.
EL COLOMBIANO también trató de comunicarse con personal de la Alcaldía de El Bagre, pero hasta ahora no ha sido posible.
Un episodio desencadenante de la actual situación en La Bonga y La Capilla sería el ocurrido el fin de semana pasado en el que guerrilleros asesinaron a una persona a la que señalaron como integrante del Clan del Golfo.
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Al respecto, la ONG IPC informó que el sábado 29 de marzo la comunidad fue obligada por el Clan del Golfo a realizar una jornada de limpieza en la escuela rural Villa Chica y en medio de la misma ingresaron integrantes del Eln, presentándose un enfrentamiento entre ambas organizaciones ilegales.
“Esto ha puesto la cosa tensionante porque es una zona de mucha presencia del Clan del Golfo, pero también están avanzando las disidencias y estos otros no se van a quedar con los brazos cruzados”, advirtió Zapata.
De acuerdo con el IPC, el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) está asentado en ese territorio, impone las reglas de convivencia y determina las dinámicas comunitarias.
“La persona de la vereda que no asiste a su colectivo o espacio, lo sancionan y lo ponen a pagar cuotas económicas. Han hecho un copamiento de todo el proceso y de la estructura comunitaria y se ha perdido la autonomía de las organizaciones”, dice un testimonio recogido por el IPC.
