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Gustavo Petro ha decidido conducir a Colombia hacia el abismo. No se trata de errores o improvisaciones, es cálculo puro. Petro avanza metódicamente, aplicando el manual del populismo autoritario: debilita las instituciones, fractura la sociedad, destruye la economía, coopta la justicia, silencia la oposición e instala el caos como pretexto para perpetuarse en el poder.
Ese libreto ya está en marcha y se evidencia en el plan sistemático contra tres figuras que hoy incomodan al Gobierno: Miguel Uribe, Federico Gutiérrez y Vicky Dávila. Ninguno se arrodilla, todos le hablan al país de frente, denuncian los abusos y representan alternativas reales frente al proyecto autoritario.
El primer golpe lo sufrió Miguel Uribe. El atentado, milimétricamente diseñado y que casi le cuesta la vida, no fue un accidente. Lo sucedido fue un atentado político, planificado para enviar un mensaje violento al joven, que encarna uno de los liderazgos más visibles de la oposición. Mientras Miguel lucha por recuperarse, el Gobierno se esconde detrás de teorías conspirativas y guarda un silencio cómplice frente a la violencia real. La vida de un opositor estuvo en juego y el Estado, lejos de solidarizarse, optó por la indiferencia.
A la par, Petro dirige desde sus redes y micrófonos una campaña de persecución constante contra Federico Gutiérrez. Fico, alcalde de Medellín, se ha convertido en la mayor obsesión del presidente. Además, ha utilizado a la senadora Isabel Zuleta para poner a los bandidos de Itagüí a desprestigiar e inventar relatos. No es casualidad. El 21 de junio, en Medellín, lo dejaron en evidencia: subieron a la tarima de un evento público a los mismos criminales que Fico capturó y sigue combatiendo, fue un acto de provocación sin precedentes. El mensaje fue claro: “Estamos del lado de los bandidos, y no del lado de ustedes”.
El plan tiene más aristas. La tercera pieza es Vicky Dávila. Periodista crítica y hoy precandidata presidencial, desde el día en que oficializó su aspiración ha sido blanco de amenazas, matoneo y campañas de desprestigio. El presidente puso al “bobo útil” de Daniel Quintero para silenciar y distraer su voz. El poder la percibe como una amenaza y ya activaron las bodegas y los sicarios digitales para “quemarla”.
Esto no es una serie de hechos aislados ni casuales. Es un plan articulado, una estrategia de intimidación, deslegitimación y neutralización de las voces que se oponen al rumbo del país. Y lo más grave es que ocurre bajo la mirada cómplice de quienes hoy detentan el poder, que se victimizan mientras la violencia política escala.
A la par, la crisis económica no es una consecuencia involuntaria, sino una pieza central del plan. Petro necesita sembrar la desconfianza, ahuyentar la inversión, debilitar las finanzas públicas y llevar al país al borde del colapso. ¿Para qué? Para justificar medidas extraordinarias, concentrar más poder y avanzar, al margen de la institucionalidad, hacia su verdadero objetivo.
Si los tiempos o la legalidad no le alcanzan, ya tienen listo el siguiente paso: declarar un estado de excepción con la excusa del caos que ellos mismos provocan. Aunque temporal, este mecanismo permite instalar un clima de miedo, parálisis y control que allana el camino. La verdadera jugada es la Asamblea Constituyente, la vía más directa y estructural para perpetuarse en el poder, reescribir las reglas de juego y eliminar cualquier límite.
El mayor riesgo no está en una sola fechoría, sino en el uso progresivo y coordinado de todas: crisis fabricada, estado de excepción, captura del Congreso y la justicia, silenciar y distraer a la oposición y, finalmente, la Constituyente. Es el libreto que destruyó Venezuela y que Petro podría intentar replicar aquí. Crean el desastre, alimentan el miedo y luego se venden como la única salida.
La ola de violencia que desborda regiones como el Cauca, Valle del Cauca, Santanderes y Antioquia tampoco es casual. Los grupos armados avanzan y se fortalecen mientras el Gobierno guarda silencio o, peor aún, justifica su accionar y los gradúa en una “paz total” que nunca existió. La descomposición del orden público podría ser la excusa perfecta para comenzar a suspender derechos, aplazar elecciones y gobernar sin controles.
