La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) manifestó su preocupación ante el borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), que plantea elevar hasta 40% los aranceles de importación para automóviles de combustión interna y hasta 35% para motocicletas con motor de gasolina.
Para el gremio, esta propuesta, fechada el 7 de noviembre de 2025, carece de sustento técnico y económico, penaliza el origen de los vehículos y representa un golpe directo al mercado automotor, al encarecer los precios, limitar la oferta y afectar la libre competencia.
“El decreto castiga el origen de los vehículos e impone barreras al libre comercio. No hay justificación técnica ni económica para tomar una decisión que encarezca los precios, limite la oferta y afecte la libre competencia en el sector automotor”, afirmó Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos.
El gremio también advirtió que el incremento arancelario supondría un retroceso en la modernización del parque automotor, al desincentivar la compra de automóviles nuevos, más seguros y con mejores estándares ambientales.
Además, impactaría a fabricantes de países como Japón o China, con los que Colombia mantiene o busca fortalecer relaciones comerciales.
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¿Qué propone el Gobierno y por qué?
El decreto, aún en fase de consulta, forma parte de la política de reindustrialización verde del Gobierno nacional. Según el MinCIT, la meta es desincentivar la importación de vehículos contaminantes y promover la producción y el ensamblaje local de tecnologías limpias, como los híbridos y eléctricos.
En el documento oficial se detalla que los automóviles incluidos en la partida 87.03 del Arancel de Aduanas tendrían un gravamen del 40 %, mientras que las motocicletas de la partida 87.11 enfrentarían uno del 35 %.
La medida no afectaría los productos amparados por Tratados de Libre Comercio (TLC), que conservarían sus beneficios arancelarios, y entraría en vigor entre 15 y 90 días después de su publicación definitiva.
De acuerdo con el Gobierno, esta política busca reorientar el mercado hacia una movilidad más sostenible, recordando que el 95,9 % de la demanda energética del país aún depende de combustibles fósiles como gasolina y diésel.
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Un impacto directo en precios y consumidores
Aunque el decreto aún puede sufrir ajustes, el sector automotor anticipa un aumento de precios en los vehículos importados de combustión interna y una reducción en la oferta para los consumidores.
Hasta el momento, la Subdirección de Estudios Económicos de la Dian no ha publicado estimaciones oficiales sobre cuánto podría recaudar el Estado con esta medida. Sin embargo, analistas coinciden en que el impacto fiscal sería menor frente al costo que asumirían los compradores, especialmente los de segmentos populares o de trabajo.
En el caso de las motocicletas, que también tendrían un arancel del 35 %, el golpe podría ser significativo. Colombia tiene más de 11 millones de motos registradas y cada año se venden cerca de 800.000 nuevas, muchas de ellas utilizadas como herramienta laboral.
Un aumento de precios podría afectar directamente a miles de familias y trabajadores que dependen de este medio de transporte.
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Llamado al diálogo
Andemos pidió al Ministerio de Comercio abrir un espacio de diálogo técnico para revisar el alcance del decreto y garantizar decisiones basadas en evidencia, que promuevan tanto la sostenibilidad ambiental como la libre competencia.
El gremio reiteró su compromiso con una movilidad segura, sostenible y competitiva, y advirtió que el país necesita políticas públicas coherentes, que promuevan la renovación del parque automotor sin castigar al consumidor.
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