Intentar tomar un vuelo hacia Medellín fue el último error que cometió el primer turista estadounidense que fue condenado a cadena perpetua por visitar la ciudad para abusar sexualmente de niñas.
En uno de los precedentes más importantes en medio de la lucha que emprendió la ciudad en contra de la explotación sexual infantil, un tribunal de Estados Unidos envió de por vida tras las rejas a Stefan Andrés Correa por haber abusado sistemáticamente de menores de edad en la capital antioqueña.
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Pese a ser un visitante asiduo de la ciudad, viajando impunemente más de 40 veces desde finales de 2022, fue gracias a un esfuerzo coordinado entre múltiples entes de Colombia, el Distrito de Medellín y Estados Unidos que este turista extranjero pudo ser llevado ante la justicia.
Cacería contra abusadores
Los primeros esfuerzos del operativo para rastrear a abusadores como Correa se remontan a comienzos de 2024, cuando por varias razones el Distrito de Medellín, la Fuerza Pública y varias entidades estadounidenses se sentaron a revisar varias problemáticas asociadas al auge turístico que experimenta la ciudad desde hace varios años.
Desde Estados Unidos, la principal preocupación se mostraba asociada a varios casos que durante ese año se presentaron con ciudadanos de ese país encontrados muertos en extrañas circunstancias en Medellín, muchas veces tras concertar encuentros con mujeres a través de aplicaciones de citas.
En reuniones iniciales en las que se discutió el tema, la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Alcaldía, además de comprometerse a emprender una estrategia de largo aliento para esclarecer esos casos y mejorar las condiciones de seguridad para los turistas, también aprovecharon para señalarle a las autoridades estadounidenses que un segmento de los visitantes de la ciudad estaba arribando con el objetivo de participar en dinámicas de explotación sexual infantil, incursionar en negocios ilegales y consumir drogas.
De esta manera se formuló un plan de trabajo conjunto, en el que mientras desde la ciudad se lanzó un plan para proteger a los turistas, desde Estados Unidos se abrió un frente investigativo para perseguir a los ciudadanos de ese país que estaban llegando a Medellín a cometer delitos en contra de niños, niñas y adolescentes.
Tal como entonces lo informó la Alcaldía, de esos primeros acercamientos surgieron estrategias conjuntas con varias compañías de aplicaciones de citas y Airbnb para incrementar la seguridad de los turistas, pero también se creó el listado AngelWatch y se acordaron esfuerzos con Migración Colombia para incrementar los controles en contra de los presuntos abusadores.
En medio de esos primeros esfuerzos, un caso marcó un punto de inflexión. En plena Semana Santa, la Policía recibió un llamado hacia las 6:30 de la noche del viernes 29 de marzo de 2024 en la que un denunciante alertó que un ciudadano estadounidense estaba con dos niñas en un lujoso hotel de El Poblado, ubicado en el cruce de la carrera 37 con calle 9A y que cobraba cerca de $1.300.000 la noche.
En un hecho que desató una fuerte controversia y abrió un debate sobre las capacidades de las autoridades policiales para reaccionar ante esos casos, pese a que un grupo de uniformados irrumpió en el sitio y encontró dentro de la habitación al extranjero con dos niñas de 12 y 13 años, este posteriormente quedó en libertad y huyó.
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Según reveló días después el alcalde Federico Gutiérrez, quien se sumó a los cuestionamientos por el manejo del caso por parte de las autoridades, el turista aparecía identificado como Timothy Alan Livingston, de 36 años, y había llegado a Medellín procedente de un vuelo Fort Lauderdale a donde regresó ese mismo viernes.
“Una vez entra la Policía, este ciudadano extranjero, este pervertido, este depravado, es llevado al CTP (Centro de Traslado por Protección) y allí permaneció alrededor de 12 horas, donde fue individualizado e identificado plenamente”, informó entonces el alcalde.
“El ciudadano estadounidense que fue descubierto en su hotel en compañía de dos menores de edad debería estar tras las rejas y no de regreso en su país. Que ni crea que se salió con la suya. Las menores de edad están bajo la ruta de protección. Esta es una realidad que no vamos a ocultar. Esta solo es la punta del iceberg”, agregó.
Pese que posteriormente se filtró que en el hotel se habían encontrado condones usados y varias sustancias psicoactivas ilegales, desde la Policía se informó que el extranjero había quedado en libertad luego de que las menores implicadas aseguraran no haber sido coaccionadas para estar allí.
Mientras el hotel en el que ocurrieron los hechos fue cerrado posteriormente, Livingston fue requerido días después a través de circular azul de la Interpol, luego de que el 5 de abril un juez de control de garantías en Colombia también emitiera una orden de captura en su contra por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y explotación sexual comercial con menor de 18.
Si bien Livingston no fue encontrado, su caso expuso la urgencia de profundizar en los operativos en contra de pederastas. De esta manera el Homeland Security Investigations (HSI), la Policía con su Dirección de Protección de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín se sentaron en la misma mesa para revisar el caso en detalle y evaluar medidas adicionales.
Una red en expansión
La revisión del caso Livingston, en un ejercicio en el que investigadores del HSI llegaron a Medellín a realizar entrevistas forenses, arrojó como principal conclusión que lo ocurrido con este turista estaba lejos de ser un asunto aislado y que en su estadía en Medellín este se habría beneficiado de una red de explotación mucho más amplia, en la que otros hombres de ese país mantenían contacto permanente con miras a planear sus visitas a la ciudad.
En esas revisiones, que incluyeron procesamiento de datos encontrados en celulares, fue que apareció el nombre de Stefan Andrés Correa, junto a por lo menos otros 14 extranjeros que también harían lo mismo.
En el caso de Correa, una de las principales señales de alerta fue su amplio número de visitas a Medellín, en las que se presumía tenía contacto con varias mujeres que actuaban como proxenetas.
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Como una medida para dar con Correa y otros implicados en la investigación, las autoridades emitieron una alerta aeroportuaria con miras a detectar a tiempo si planeaban viajar de regreso a Medellín.
Fue así como el 19 de abril de 2024, Correa fue sorprendido poco antes de abordar un vuelo en dirección a la capital antioqueña y abordado por funcionarios del HSI y CBP (Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés), quienes lo interrogaron y le exigieron entregar su celular para revisarlo.
Dicho análisis arrojó el hallazgo de más de 100 videos y múltiples conversaciones y registros que darían cuenta de al menos 50 niñas de entre 11 y 17 años víctimas de abuso, dando inicio así al juicio que lo puso de por vida en la cárcel.
En sus investigaciones, las autoridades establecieron que Correa se dirigía a Medellín para asistir a un encuentro previamente organizado con cuatro niñas de entre 10 y 12 años, por las que habría pagado $300.000 por cada una y habría ofrecido darles un iPhone.
En esa última visita, los enlaces de Correa habrían sido dos mujeres, identificadas como alias Lili y alias Camila, señaladas a su vez de concertar más encuentros con otros extranjeros.
En el caso de alias Lili, tal como informó la Fiscalía, las autoridades colombianas determinaron que esta ya habría organizado un encuentro entre Correa y una prima suya de 11 años, siendo detenida y enviada a juicio, en el que le fueron imputados los delitos de proxenetismo con menor de edad y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.
En un juicio de primera instancia, esta mujer fue encontrada culpable y condenada a pagar una pena de 21 años y 2 meses de prisión.
Entre tanto, en Estados Unidos, Correa fue objeto de un juicio que duró más de un año.
A diferencia de alias Lili, quien insistió en su inocencia y hasta apeló el fallo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Correa admitió de entrada su culpabilidad y buscó tratamiento especial, pidiendo una condena de entre 15 y 30 años acompañado de un tratamiento sexual.
Sin embargo, en la diligencia, la Fiscalía Federal de Florida pidió cadena perpetua, argumentando que en casos similares, con menor acervo probatorio, se habían impuesto condenas de más de 80 años a raíz del riesgo de nuevas conductas similares en caso de quedar en libertad.
Además de las entidades estadounidenses que participaron de la investigación, en el juicio también estuvieron delegados de la Policía y Fiscalía colombianas, así como de la Alcaldía de Medellín.
