La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca, debido a los graves riesgos de violaciones de los derechos humanos. En el documento se advierte que hay un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación entre grupos armados ilegales.
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Según la entidad, esos grupos que están generando riesgo en la población son el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central–Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.
La alerta temprana de inminencia señala que las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos, han generado un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, así como homicidios selectivos y enfrentamientos armados.
“La presencia de estos actores incrementa el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas”, señala la Defensoría.
En ese sentido, se advierte que el escenario combina la disputa territorial, el control de rentas ilícitas y la presión armada sobre liderazgos comunitarios. Por lo cual, las comunidades están enfrentando un riesgo inminente de homicidios múltiples y selectivos y mayor propagación del uso de explosivos en zonas urbanas.
“Se prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos rurales”, señala el documento, al mismo tiempo que advirtió que las mujeres campesinas, líderes sociales y juventudes también se encuentran bajo amenazas específicas de violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de estos grupos.
Por otro lado, se alertó que en Riofrío hay riesgo es su cabecera municipal y dos corregimientos; en nueve corregimientos de Bolívar y un resguardo indígena, y en Trujillo en 10 corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas.
Las solicitudes de la Defensoría al Gobierno
Ante esto, la Defensoría entregó seis recomendaciones al Gobierno para atender esta situación de violencia. En primer lugar, mencionó la necesidad de coordinación y planeación interinstitucional que esté liderada por el Ministerio del Interior para articular un plan de acción con plazos y seguimiento verificable.
En cuanto a la seguridad, expresaron que el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, debe reforzar la presencia y control territorial con patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y en las cabeceras urbanas donde se han presentado los hechos más graves.
“Se hace indispensable fortalecer las medidas de prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los niños, niñas y adolescentes, así como para mujeres rurales y líderes sociales, garantizando entornos seguros y rutas de atención, frente a riesgos de reclutamiento, confinamiento y violencia de género”, indicó la entidad.
De igual manera, indicó que la Unidad para las Víctimas debe ampliar la capacidad de respuesta humanitaria y actualizar los planes de contingencia en coordinación con gobernaciones, alcaldías y personerías municipales para enfrentar posibles emergencias de desplazamiento y confinamiento con un enfoque diferencial.
Finalmente, solicitaron a la Fiscalía priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género.
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