Las tropas del Ejército en Antioquia están pagando los platos rotos de los recortes presupuestales ordenados por el Gobierno Nacional a la Fuerza Pública en el país.
Pese a ser una de las regiones más críticas, siendo escenario de un recrudecimiento en las confrontaciones entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, las Fuerzas Militares no solo le hacen frente a los violentos con un reducido pie de fuerza, sino con múltiples faltantes logísticos, que van desde carencia de combustible para sus vehículos, dificultades para recibir apoyo aéreo durante las operaciones y problemas en su dotación básica, como botas, papelería, alimentación y hasta chalecos antibalas.
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Al tiempo que los principales grupos armados se fortalecen, consiguen armamento más avanzado y hasta ya adelantan operaciones con drones, los embates de esa reducción presupuestal han reavivado las preocupaciones de que la asimetría entre los ilegales y las fuerzas del Estado crezca y el país retroceda a escenarios que se pensaban superados hace más de dos décadas.
Entre tanto, estas afugias han dado pie para profundizar las fracturas entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales que, pese a tener un presupuesto ostensiblemente menor, son los que están asumiendo de sus propios bolsillos dichos faltantes.
La tijera del Gobierno Nacional
Los primeros datos públicos que se conocieron este año del recorte presupuestal que sufre la Fuerza Pública fueron publicados el pasado sábado por la Revista Semana, que vía derecho de petición indagó por dicha desfinanciación.
De acuerdo a los datos entregados por el Gobierno Nacional a ese medio, mientras las Fuerzas Armadas tenían necesidades por cerca de $50 billones, apenas recibieron para este año una asignación de $33 billones.
Tan solo el Ejército, que proyectaba necesidades por $22 billones, tuvo un presupuesto de $12 billones para esta vigencia. Igual situación sufrió la Policía, que pedía $23 billones y solo recibió $14 billones; la Armada, que necesitaba $4,6 billones y recibió $3 billones; y hasta la Fuerza Aérea y el Comando General de las Fuerzas Militares.
En los soportes contables publicados por ese medio, se conoció también un desagregado de las apropiaciones aprobadas para las brigadas del Ejército en Antioquia este año, siendo la situación más crítica la de la Cuarta Brigada, cuya asignación pasó de $97 millones el año pasado a $32 millones este año.
Igual situación pasó la Brigada 14, que pasó de $86 millones en 2024 a $65 millones en 2024; y la Brigada 17, que pasó de 104 millones a $75 millones. La única que no sufrió un recorte fue la Brigada 11, con sede en Montería pero con injerencia en el Bajo Cauca antioqueño y Valdivia, que mantuvo su asignación en $101 millones entre este año y el anterior.
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Si bien estos datos deben evaluarse con cautela, ya que la mayor parte de los costos operativos y de manutención de los soldados son asumidos desde el nivel central, el indicador da cuenta de que los recortes son una realidad generalizada para todas las dependencias del Ejército.
De igual forma, según señalaron fuentes cercanas a las Fuerzas Militares, es precisamente en estos rubros generales en los que se sienten las afugias, que algunos señalan no se veían desde mediados de la década de 1990.
A nivel departamental, la Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Seguridad, levantó un balance actualizado de las necesidades más recurrentes del Ejército en el departamento, asumiendo en muchos casos de su propio bolsillo estas.
Según informó recientemente el gobernador Andrés Julián Rendón, quien ha sido una de las principales voces críticas a dichas afugias por las que pasa la Fuerza Pública, los faltantes van desde lo pequeño a lo grande, incluyendo asuntos como papelería, lapiceros, alojamiento, alimentación, botas, gasolina y hasta chalecos antibalas.
“Los antioqueños hemos asumido responsabilidades en varios frentes que son competencia del Gobierno Nacional. Uno de ellos: la seguridad, es decir, recursos económicos para la operatividad y dignidad de nuestros Soldados y Policías”, dijo Rendón recientemente al referirse al tema, alertando en contraste que, solo en Antioquia, mientras el Ejército y la Policía se debilitan, las disidencias de las Farc han crecido un 70% y el Clan del Golfo un 60%.
Asimetría operativa
A los reparos por las incomodidades de los soldados y policías en su labor diaria, se ha sumado una preocupación por la asimetría en la que se están viendo las Fuerzas Militares respecto a los grupos armados.
Según señalan fuentes cercanas al Ejército, uno de los componentes que se han vuelto más críticos tanto en Antioquia como en el resto del país son las dificultades de las unidades en tierra para recibir apoyo aéreo, la ventaja táctica por excelencia de las fuerzas del Estado y que ha permitido asestar duros golpes a los ilegales.
En este campo, por ejemplo, uno de los problemas que se han vuelto recurrentes es la cada vez más reducida disponibilidad para tener un robusto apoyo helicoportado, ya que la flota de la que se dispone cada vez está más trajinada y no permite un acompañamiento que se sostenga en el tiempo.
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En zonas como los límites entre Antioquia y el sur de Bolívar, fuentes señalan por ejemplo que el Ejército ha logrado detectar grandes movimientos de hombres de estructuras ilegales y muchas veces las ofensivas contra estos han tenido que frenarse precisamente por no haber margen para desplegar tropas en terreno y sostener una ofensiva apoyada por aire por largo tiempo.
Al tiempo que estas operaciones se frenan, los grupos armados ya están teniendo acceso a tecnología de drones, tanto para realizar ataques como para interceptar los drones de la Fuerza Pública.
Además del aire, en tierra las afugias también se sienten, ya que, por ejemplo, mientras los ilegales tienen vehículos nuevos y están en capacidad de hacer largos desplazamientos, la escasez de combustible para utilizar los vehículos oficiales afecta en contraste el margen del Ejército para confrontarlos.
Para conocedores de la historia de las fuerzas militares, esta asimetría ha abierto la preocupación de que los grupos armados vuelvan a fortalecerse en varias zonas del país como ocurrió hace más de dos décadas, cuando agrupaciones como las entonces Farc pudieron pasar de las tácticas de guerra irregular a la guerra de posiciones y dominar zonas enteras cuya recuperación representó un desafío para el Estado.
Los puntos críticos de Antioquia
Todas estas preocupaciones aparecen además en medio de uno de los panoramas de orden público más complejos para Antioquia en años recientes, en donde subregiones como el Bajo Cauca, el Norte, el Nordeste y el Magdalena Medio se han convertido en el escenario de una lucha por el control territorial por parte del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, estas últimas que en el departamento operan bajo el rótulo del Estado Mayor Central (EMC).
En diciembre de 2024, de acuerdo con un informe rendido por la Secretaría de Seguridad a la Asamblea Departamental de Antioquia, el Clan del Golfo ya tenía operaciones en por lo menos 90 de los 125 municipios de Antioquia, captaba rentas anuales superiores a $1 billón (principalmente asociadas al tráfico de drogas y la minería ilegal) y seguía en su avanzada por afianzar su presencia principalmente en la zona del sur de Bolívar y el Magdalena Medio.
De igual forma, para diciembre de 2024, se estimaba que el ELN ya tenía presencia en 33 municipios de Antioquia y el EMC en 22 municipios, siendo ambos grupos los que buscan no ser desplazados de las zonas en disputa.
Mientras desde el Gobierno Nacional se ha señalado que esta reducción presupuestal obedece a la realidad fiscal del país, en Antioquia la Gobernación ha formulado duros reparos a la situación y justamente medio año después de la aprobación del controvertido proyecto con el que se creó la tasa especial de seguridad —que ya comenzó a facturarse físicamente en meses recientes—, el gobernador Rendón anticipó que con cargo a dicho fondo regional una de las líneas que se tienen previstas es la de asistir en dotación a las Fuerzas Armadas y efectuar adecuaciones en estaciones de Policía y bases militares.
Además de la Gobernación, la carga de solventar al Ejército también la están asumiendo los municipios con fondos de seguridad constituidos, desde donde también se están tapando y mitigando los huecos contables que vienen del gobierno central.
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