Por primera vez en décadas, la Universidad de Antioquia tendrá una inspectora in situ del Gobierno Nacional vigilando y reportando las acciones y las medidas que se toman en la alma máter que enfrenta un hueco financiero que cada vez se hace más grande: el faltante de liquidez para este resto de año es de cerca de $179.000 millones y en las propuestas del presupuesto para el próximo año se habla de recortes de hasta $100.000 millones.
Si bien la resolución del Ministerio de Educación que ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial en la Universidad es del pasado 29 de agosto, y desde la misma Universidad ya habían apelado esa resolución porque consideraban que tiene una “falsa motivación y desconoce la autonomía universitaria”, el viernes pasado ya el ministro Juan Daniel Rojas firmó la nueva resolución que deja designada como inspectora in situ a la funcionaria Angielly Paola Martínez Ruiz.
¿Quién es y qué hará?
La respuesta corta es que Martínez Ruiz es la mano (o el ojo, en este caso) derecha del ministro Rojas. La larga es que de acuerdo con su hoja de vida pública, Angielly Paola Martínez Ruiz es una abogada con especialización en Desarrollo Territorial y Gestión Pública, que trabajó desde el 2018, año en que se graduó como abogada, hasta el pasado 25 de febrero en la Sociedad de Activos Especiales, SAE, donde laboró en los últimos años mano a mano con el ahora ministro Daniel Rojas, quien estuvo al frente de la SAE entre 2022 y 2024.
Durante sus primeros años en la entidad, Martínez Ruiz fungió como profesional para la territorial del Valle del Cauca, pero en marzo del 2023, ya con Rojas como director, cambió de dependencia, primero a la seccional de Bogotá y luego directamente al despacho de la presidencia de la entidad. Su último puesto dentro de la SAE fue como gerente comercial; allí estuvo entre julio del 2024 y febrero del 2025, cuando se retiró para acompañar a Rojas en su nuevo cargo.
Su hoja de vida para ser contratada como “profesional especializada” del despacho del ministro se publicó el pasado 28 de abril y el enganche se concretó el 15 de mayo, de manera que esta será su primer gran encargo en materia de educación.
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Según el decreto del Ministerio, el objetivo de Martínez Ruiz será “vigilar permanentemente y mientras subsistan las situaciones que originaron las medidas, la gestión administrativa y financiera de la Universidad de Antioquia, así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y calidad”, es decir que Martínez Ruiz tiene pasaje de venida a Medellín, pero no de regreso.
Con el antecedente reciente de la Universidad Nacional, donde parte de la comunidad universitaria y el Gobierno Nacional están en una garrotera desde el 2024, cuando el presidente Petro hizo todo lo que estuvo a su alcance para hacer nombrar como rector a Leopoldo Múnera a pesar de que el primer elegido por el Consejo Superior Universitario había sido José Ismael Peña, no parece muy descabellada la pregunta de si esta inspección inédita en la UdeA realmente tiene como objetivo sacar a la institución de la crisis financiera en la que está o si es más una movida política para poner a un rector más cercano al Presidente y al Ministro, y salir del actual rector, Jhon Jairo Arboleda. Arboleda, hay que recordar, es el rector de la Universidad desde el 2018 y el año pasado fue reelegido —en unas votaciones llenas de polémicas y movidas políticas— hasta el 2027 por el Consejo Superior Universitario, con seis de los ocho votos posibles, incluidos los de las dos representantes del Gobierno Nacional en el CSU. Sin embargo, en una primera votación, las representantes del Gobierno se habían decantado por otro candidato.
¿Quieren sacar a Arboleda?
Aunque en las motivaciones del Ministerio para ordenar la inspección solo se encuentran argumentos financieros, la pregunta sobre el alcance real de esta inspección inédita es inevitable.
Hasta el cierre de este artículo, tres días después de la resolución, la inspectora Martínez Ruiz no se había contactado con las directivas de la Universidad; no obstante, para David Hernández, secretario general de la institución, ella no tiene facultades para tomar decisiones ejecutivas y el Ministerio no ha señalado en ningún momento irregularidades sobre los mecanismos de elección del gobierno universitario. Sus labores, aunque no tienen fecha de terminación definida, se limitarán a una verificación en campo y recopilación de información sobre las medidas que tome la institución en pro de salir de la crisis financiera que enfrenta. “Esta medida no tiene que ver con el proceso de designación de rector, es una medida que tiene que ver con la situación de liquidez y lo que deseamos y esperamos es que la tarea del inspector se concentre efectivamente en esa situación, porque revisando la resolución del mes de julio, en ningún caso se han puesto en tela de juicio los mecanismos de gobierno universitario que están claramente estipulados en nuestro estatuto general y en la Ley 30”, señala Hernández.
Lo que dice el Gobierno Petro
Según el Gobierno Nacional, la intervención en la UdeA se decidió después de dos visitas en abril y septiembre del 2024 en las que encontró lo críticas que están las finanzas de la institución. En primer lugar, los informes señalan que la UdeA “no suministra la información financiera pertinente según lo estipulado en la Ley 30” y anota que “existen diferencias en los saldos de activos, pasivos, entre los Estados Financieros y otras fuentes de información”.
Señala que el flujo de efectivo de la institución muestra que es necesario eliminar gastos urgentemente, pues ha habido “un aumento considerable en la adquisición de propiedades, planta y equipo”, que debe evaluarse en función de su eficiencia en el largo plazo.
Además, señala que tiene una “alta dependencia en sus cuentas por cobrar” que se ven reflejadas en indicadores como prueba ácida, capital de trabajo y márgenes operacional y neto”.
La prueba ácida es una razón financiera que mide la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo sin vender su inventario, utilizando para ello únicamente sus activos más líquidos (efectivo, equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar de corto plazo). En 2022, la prueba ácida era de 1,45, es decir, que la Universidad tenía activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes 1,45 veces. El año pasado, ese mismo indicador era de apenas 0,68 veces.
Por su parte, el capital de trabajo, que es el resultado de restarle los pasivos corrientes a los activos corrientes, ha caído en un 94% en los últimos dos años. Lo más grave es que según el Ministerio, “no se evidencia ningún plan de contingencia para superar las situaciones adversas”. No obstante, vale la pena preguntarse, si con la intervención del Gobierno Nacional esas “situaciones adversas” van a mejorar o a empeorar. La respuesta puede estar en lo que ya ocurrió con el sistema de salud.
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