Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
El 1 de mayo del 2025, todo el país vio a Angie Rodríguez al lado de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar agitando la bandera de “guerra a muerte” que hizo tristemente famosa el mandatario. En ese momento nadie se imaginó que era premonitorio: un año después, la que fue mano derecha del Presidente de la República, salió con evidente desespero, como quien salta asustado de una trinchera, a gritar a los cuatro vientos la insólita guerra que se vive dentro de la Casa de Nariño.
En la Casa de Nariño, según las palabras de Angie Rodríguez “hay un juego por el poder y el dinero que los tiene enceguecidos”. No es una metáfora poética. Es el diagnóstico de una funcionaria que tiene porque saberlo pues vivió en el corazón del gobierno colombiano —fue directora del Dapre y todavía hoy es directora del Fondo de Adaptación—. Más allá de que ella misma tenga mucho que responder al país, no deja de ser importante el que haya decidido contarlo todo.
Rodríguez denunció un presunto “concierto para delinquir” dentro de la Casa de Nariño para difamarla, espiarla y forzar su salida del gobierno. La forma de operar de esta presunta red, según la funcionaria, consiste en meterle al presidente “cuentos y temas para distraerlo y alejarlo de las personas” que le son leales. De Rodríguez le hicieron llegar al presidente acusaciones de tener alianzas con paramilitares, ser la “reina del fentanilo” y contrabandista.
Y también, según la misma Rodriguez, el presidente Petro habría sacado al comandante de la Policía, general Carlos Triana, porque le llegó al “chisme” de que estaba reunido con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hablando de un supuesto complot.
La paranoia característica del Presidente es, sin duda, explotada por intereses de quienes le hablan al oído.
Lo que más estremece no es la violencia de las acusaciones sino su lógica. Según Rodríguez, muchos en ese entorno creen que el gobierno no va a continuar y, por eso, buscan “exprimirlo” antes de que se acabe. La filosofía que, al parecer, rige los pasillos del palacio: no el proyecto político, no el cambio prometido, sino el Estado como botín de último momento.
Pero sería un error tratarlo como una novedad. Hay precedentes que se repiten con una coherencia pasmosa. Ya una funcionaria del Dapre, Carolina Calderón, había dicho: “Hay que andar con cuchillo en Palacio”. La imagen es brutal en su precisión: la Presidencia de Colombia, en 2026, es un lugar donde sus propios funcionarios sienten que deben blindarse para sobrevivir. La propia Rodríguez grita por los micrófonos: “Presidente proteja mi vida”. El mismo Petro dijo alguna vez que estaba dedicando más tiempo en problemas internos de Casa de Nariño que gobernando y hasta la primera dama Verónica Alcocer denunció ante la Fiscalía una campaña de desprestigio contra ella proveniente del propio gobierno.
Antes de Angie estuvo el pastor Alfredo Saade, cuya breve jefatura de despacho fue un catálogo de despropósitos. La Procuraduría lo suspendió por tres meses al encontrar que había impartido órdenes ilegales a funcionarios de la Cancillería en el escándalo de los pasaportes. El gobierno, en lugar de acatar la sanción, lo nombró embajador en Brasil.
Antes del pastor estuvo Carlos Ramón González, excompañero de armas de Petro en el M-19. Hoy tiene orden de captura en Colombia por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. Huyó del país justo antes de que la Fiscalía anunciara su imputación.
Y antes de todos ellos, el caso que abrió el expediente de impunidad: Laura Sarabia. Su niñera fue llevada a los sótanos de la Casa de Nariño, sometida a un polígrafo sin orden judicial, y falsificaron informes para vincularla con el Clan del Golfo. Los policías involucrados confesaron que la orden llegó desde Presidencia. Sarabia renunció, regresó tres meses después como directora del Dapre, y el caso terminó enterrado en medio de la confusión y el caos.
Y aún hoy no le queda claridad al país sobre la extraña muerte del coronel Dávila que estuvo implicado en el caso y que estaba dispuesto a hablar con los medios, pero de repente apareció muerto a bala en la calle al frente de su apartamento. Lo presentaron como un suicidio.
No se trata de funcionarios que de vez en cuando cometen errores o que sucumben ante tentaciones puntuales. Lo que las declaraciones de Angie Rodríguez confirman —y lo que los antecedentes ilustran— es que el gobierno de Gustavo Petro ha creado un ecosistema donde la cultura delincuencial no es la excepción.
¿Qué dice esto del presidente? Nada. A cada uno de estos escándalos ha respondido con un silencio ensordecedor. O no sabe lo que ocurre en su casa, lo que lo hace peligrosamente ingenuo para el cargo que ocupa, o lo sabe y lo tolera, lo que lo hace cómplice.
El presidente ha nombrado, reiterada y sistemáticamente, a personas que terminan envueltas en escándalos graves. Eso no es mala suerte. Eso es un patrón de selección.
El candidato presidencial Mauricio Lizcano, quien también fue director del Dapre con Gustavo Petro, resumió todo con una frase que, aunque sea de campaña, no deja de ser exacta: la Casa de Nariño parece más bien la casa del terror.
Las declaraciones de Angie Rodríguez no son sólo un escándalo más. Son, en el fondo, la radiografía de un gobierno que por la ambición y la corrupción se devoró a sí mismo.