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A poco más de un año de que se conozca quien será el nuevo presidente de Colombia, es hora de comenzar a hacer los balances en salud e ir discutiendo de manera amplia, qué deja el actual gobierno y cuáles acciones habría que tomar en lo inmediato y en el mediano plazo para solventar la profunda crisis financiera, institucional y de credibilidad en la que se encuentra sumido este sector.
Una situación de tal severidad como la presente no se veía desde la década de 1980 cuando comenzó el declive del Seguro Social agobiado por sus elevados e ineficientes gastos, incapaz de aumentar la cobertura a otros sectores de la población, sumado a graves escándalos de corrupción. Hechos que dieron inicio a su liquidación que se consolidó con la Constitución 1991 y la Ley 100 de 1993 que dieron los primeros pasos para convertir la seguridad social en un derecho fundamental de todos los ciudadanos y ya no solo de los trabajadores formales del país.
Al próximo presidente le espera una enorme bomba en salud que deberá desactivar rápidamente liderando con cautela, pero sobre todo con decisión e independencia los cambios requeridos pensando primero en los pacientes que sufren. Tendrá que hacerles frente a los daños causados por el actual gobierno y comenzar a desmontar los múltiples intereses contrapuestos en este sector cooptado por mafias político clientelares que han impedido su transformación.
En lo inmediato hay que implementar un plan de choque para desactivar el grave desfinanciamiento, comenzando por cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional de revisar y ajustar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) desde 2022, Esto debe venir complementado con un mecanismo para allegar los recursos y pagar la deuda con EPS y prestadores que asciende a cerca de $18 billones de pesos.
A mediano plazo hay que concertar con todos los actores la reforma que de años atrás requiere este sector, en la que se revisen aspectos esenciales como el rol de articulación entre pacientes y prestadores de servicios que ejercían las EPS en un 70% intervenidas por el gobierno, el asignar recursos en función de los resultados y no de la cantidad de servicios consumidos, la conformación de redes integrales de prestadores de servicios público privadas, la despolitización en el nombramiento de sus directivos y nuevos mecanismos para la compra y distribución de medicamentos, entre otros.
No es de poca monta la tarea que se debe emprender dada la magnitud y complejidad del reto, pero que desafortunadamente aún no aparece con claridad y como una prioridad en las agendas de los candidatos. No se ha pasado de repetir las conocidas frases de cajón utilizadas con frecuencia para querer quedar bien con todos y no tocar nada como ha ocurrido en la última década, que no representan ninguna solución y que tampoco llegan a desarrollarse a pesar de la evidente crisis que este gobierno agravó.
