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Para mi generación, la desigualdad es una obsesión colectiva. Es quizá la principal preocupación de la opinión pública. Y hay buenas razones para que así lo sea. En las últimas tres décadas, la brecha entre los más ricos y el resto de la población ha aumentado en la mayoría de los países desarrollados y las grandes economías emergentes. Este, sin embargo, no ha sido el caso en América Latina. Mientras el coeficiente de Gini de ingresos en países como Francia, Estados Unidos y China ha aumentado desde comienzos de los 90s, en toda Latinoamérica, excepto Costa Rica, este disminuyó—en países como Bolivia, El Salvador, Perú o Chile cayó más de 10 puntos.
Esto puede resultar paradójico para quien conozca el tono de la discusión social en la región. El debate latinoamericano se ha vuelto cada vez más negativo y enfático respecto de la desigualdad. Las protestas de 2019-2021 estuvieron alimentadas, principalmente, por el descontento con lo que sus líderes describían como “crecientes disparidades económicas y sociales”. Es más, fue sobre esa narrativa que la última ola de la marea rosa llegó a Chile, Colombia, y Brasil. Pero la izquierda latinoamericana no solo se ha equivocado al interpretar la trayectoria de la desigualdad. También ha tendido a equivocarse respecto de las fuerzas que la generan.
Por un lado, la vieja izquierda vive en un mundo donde los grandes hacendados, a través de su control de la tierra, son capaces de limitar el acceso a toda oportunidad productiva a las masas. Como si el campo no produjera menos del 8% del PIB regional. Por otro lado, la nueva izquierda, en parte influida por la experiencia reciente de Estados Unidos y Europa Occidental, ve al empresario que acumula fortunas extraordinarias en sectores altamente escalables—e.g. la tecnología, las finanzas—como la principal fuente de desigualdad. Y refutar esto último es un poco más difícil. Después de todo, es eso lo que justamente ha propiciado en las últimas décadas el aumento de la desigualdad en buena parte del mundo.
Aunque carecemos de los datos ideales para testear esa hipótesis, una forma razonable de pensar al respecto es mirar la concentración del ingreso en el 1% más rico. Según los datos del World Inequality Database, en un país latinoamericano promedio, el 1% más rico recibe alrededor del 21,6% del ingreso total, una cifra muy similar a la de Estados Unidos (20,9%) y no muy distante del promedio mundial (19,2%). Colombia, por ejemplo, con alrededor del 19,3% del ingreso concentrado en el 1% más rico, está lejos de países como Maldivas, a la cabeza del ranking, donde esa cifra alcanza 35,6%.
Donde la particularidad latinoamericana sí aparece es al mirar más abajo en la pirámide económica. El 10% más rico concentra alrededor del 57% del ingreso regional, mientras que el 50% más pobre recibe apenas el 7,9%. Eso sí es excepcional en el contexto internacional. Y valga la pena decir que para llegar al 10% más rico en Latinoamérica no hace falta ser millonario. En Colombia, un hogar está allí si sus ingresos son de $4–5 millones de pesos (USD 1100-1200) mensuales por persona.
Es decir, el problema latinoamericano no está tanto en la existencia de una pequeña élite de emprendedores multimillonarios. Está en la enorme distancia entre una clase media y media-alta relativamente próspera, calificada y conectada con la economía moderna, y una mayoría de trabajadores atrapados en empleos informales y de baja productividad terriblemente pobres.
Lo interesante de todo esto es que quizá la principal fuerza que dificulta el surgimiento de grandes emprendedores riquísimos sea, en buena medida, la misma que mantiene a millones de personas lejos de ingresos que les permitan una vida digna. Me refiero a la incapacidad de los Estados latinoamericanos para proveer incluso los bienes públicos más básicos. Podría hablar de educación, salud, infraestructura o transporte. Pero hay una función del Estado todavía más elemental y que, en nuestra región, ha tenido históricamente una provisión mucho más precaria que en otras regiones con niveles de ingreso similares: la seguridad.
Ningún caso ilustra esto tan bien como el colombiano.
Durante décadas, los principales afectados por la violencia estuvieron en ambos extremos de la distribución del ingreso. Por un lado, la violencia golpeó con especial dureza a los más pobres del país. Fueron las zonas rurales alejadas y los barrios periféricos de las grandes ciudades los territorios que grupos armados ocuparon y controlaron; allí ocurrieron las masacres y desplazamientos. Pero la violencia también se dirigió contra quienes habían logrado acumular capital. Secuestros, extorsiones, amenazas, y atentados se hicieron cotidianos entre empresarios. Muchos abandonaron el país o trasladaron sus actividades a lugares más seguros. El resultado fue un entorno en el que producir, invertir y rentabilizar el capital (físico y humano) se volvió extraordinariamente difícil.
La misma debilidad institucional que condenó a millones de personas a la pobreza, también limitó la capacidad de quienes acumulaban capital para convertirlo en riqueza.
Y aquí aparece el que, para mí, es error más grave del diagnóstico de la izquierda sobre la desigualdad: pensar que los choques agregados no afectan a los dueños del capital. Y me parece grave porque implica ignorar la naturaleza sistémica de nuestras sociedades. Nuestras sociedades son organismos. Y claro, quienes las componemos competimos por recursos, por oportunidades y por posiciones sociales, pero nuestra supervivencia y nuestra prosperidad dependen, en última instancia, de la capacidad conjunta para generar riqueza y oportunidades.
