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Uno de mis estudiantes, Garry Piepenbrock, recibió recientemente el premio J. E. Wallace Sterling, uno de los reconocimientos más prestigiosos de Stanford. La ceremonia en la que se entrega el premio tiene una tradición muy especial. Cada galardonado invita a dos personas: el profesor de Stanford que más influyó en su paso por la universidad y el profesor de colegio que marcó su formación. Allí, los profesores pronuncian unas breves palabras sobre el galardonado y luego comparten la cena con él. Yo fui uno de los dos invitados de Garry.
Fue un evento muy emotivo, que, además, me dio la oportunidad de recordar cómo la educación universitaria es apenas una etapa de una construcción que comienza muchísimo antes.
Y cuando uno piensa en la industria de la construcción, es fácil reconocer que los errores tempranos en la etapa de construcción son mucho más costosos que los errores tardíos. Por ejemplo, si al terminar un edificio, uno descubre que se equivocó al elegir el lote donde se construyó o al calcular la resistencia de las columnas, posiblemente el proyecto entero haya sido un fracaso. En cambio, si el error estuvo en elegir el color de la pintura de la fachada o las especies de plantas en el paisajismo, el impacto de ello en el éxito del proyecto es menor.
Además, en los proyectos de construcción, entre más pronto se detecta y corrige un error, más barato resulta hacerlo. Si uno se da cuenta que el lote elegido es inapropiado antes de comenzar obra, es posible venderlo y empezar de nuevo en otro lugar. Si ese es el caso, poco se ha invertido y poco se perderá. Pero si el problema del lote solo se identifica cuando el edificio ya está construido y listo para entrar en funcionamiento, corregirlo es prácticamente imposible.
En conjunto, esto hace que los buenos constructores concentren su atención en las etapas iniciales del proyecto. Es allí donde los errores pueden prevenirse o corregirse a un costo aceptable, y donde cada decisión tiene efectos desproporcionadamente grandes sobre el resultado final.
Algo muy similar ocurre con la formación de las personas. Durante la primera infancia, los niños desarrollan muchas de las habilidades cognitivas y socioemocionales que luego les permitirán aprender, trabajar y relacionarse con otros. Cuando esas bases no se forman bien, es posible corregir parte del problema más adelante, pero hacerlo resulta mucho más costoso y menos efectivo. La investigación en economía laboral ha documentado este fenómeno con bastante claridad. La investigación de James Heckman, uno de los economistas más influyentes de los últimos 30 años, está repleta de evidencia que sugiere que las inversiones tempranas en capital humano tienen retornos promedios mucho más altos que las tardías.
Sin embargo, a pesar de lo intuitiva que resulta esta lógica—y de la abrumadora evidencia que la respalda—la política educativa en buena parte de América Latina organiza sus recursos en el orden inverso. La mayor parte del gasto público educativo se concentra en la educación universitaria y secundaria. En cambio, el preescolar y los programas de primera infancia reciben muchos menos recursos. En otras palabras, invertimos más cuando las intervenciones son más costosas y menos efectivas.
¿Pero y por qué hacemos esto? ¿Por qué los sistemas educativos terminan invirtiendo tan poco en la primera infancia versus las etapas posteriores? La respuesta, como suele ser el caso en este ámbito, está en la política. Los gobiernos priorizan las preferencias e intereses de quién tiene recursos y capacidad para organizarse e influir políticamente. Y, para empezar por lo obvio, los principales beneficiarios de la inversión en primera infancia son niños; una población que no tiene derechos políticos, ni capacidad alguna para organizarse y presionar al Estado.
En cambio, las etapas posteriores del sistema educativo gozan de algunos grupos de interés más poderosos de la región. El gasto universitario, por ejemplo, es permanentemente promovido por movimientos estudiantiles, grupos profundamente homogéneos, altamente ideologizados y con mucha disponibilidad para movilizarse. La educación secundaria, por su parte, disfruta de los sindicatos de profesores; cuyos miembros, muy numerosos y bien organizados, tienen intereses fuertísimos por mantener privilegios de la era de la gran burocracia pública bajo la cual emergieron los sistemas de educación media en la región.
Noten, entonces, que no es solo un problema de eficiencia. Es también un problema de justicia. Los intereses de quienes no tienen voz terminan subordinados a los de quienes sí la tienen. Y de allí parten las raíces estructurales de la desigualdad económica. Cuando una sociedad no logra ofrecer una educación inicial de alta calidad para todos, las diferencias de origen comienzan a acumularse. Los niños provenientes de hogares con altos ingresos encuentran formas de compensar esas deficiencias a través de la oferta privada de educación temprana. Pero quienes no, cada día se rezagan más. Entonces, si existe una avenida razonable para la búsqueda de igualdad de oportunidades es el reenfoque de la política educativa hacia la educación temprana. Y el paso más importante para ello es reconocer que el principal obstáculo viene de los intereses de grupos particulares, que suelen vender su accionar como necesario activismo altruista.
