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De un tiempo a esta parte el modelo chino de crecimiento económico se ha estado asentando sobre la producción orientada a la exportación. Hay una razón para ello y es que la producción manufacturera sobrepasa ampliamente la demanda de la población interna, un fenómeno exacerbado por una crisis inmobiliaria que aún no consigue corregirse. La atonía de la disposición de los individuos al gasto y la desconfianza en torno al futuro económico del país impacta sectores de punta como los carros eléctricos, las baterías y el acero.
Ello tiene lugar en el preciso momento en que los mercados internacionales se tensan y el libre comercio ya no es más la regla. La tónica en relación con China por parte de muchos países que han sido sus tradicionales socios comerciales es la imposición de barreras a intercambios en un intento de reducir la dependencia de importaciones. El caso es que los mercados mundiales siguen abarrotados de excedentes de producción chinos. Aunque infinidad de países benefician de estos productos a bajo costo, ello amenaza el surgimiento de industrias locales en muchas regiones del planeta.
Es así como, en la opinión de numerosos expertos, este modelo está llegando a su límite. Para los estrategas gubernamentales una de las soluciones a este complejo ajedrez y una vía para paliar a la desaceleración que ya experimenta el gran gigante de Asia, ha sido la de incrementar sensiblemente las inversiones externas. Este, sin duda, ha sido un recurso útil pero también tiene sus bemoles. La nueva Ruta de la Seda ideada por Xi Jingping ha dado buenos resultados en lo atinente a garantizar el acceso a mercados de países emergentes. Producir en el exterior, a la vez que sostiene las exportaciones de bienes intermedios y al tiempo que evita tensiones comerciales gracias al aporte de tecnología y de empleos al país receptor de la inversión, también provoca reticencias dentro de la comunidad internacional por la incisiva y determinante dependencia de Pekin que se origina en el país beneficiario del financiamiento o de la inversión. La presencia de inversiones chinas en muchos países es ya un tema de seguridad nacional.
La conclusión es que cualquier corrección que se quiera implementar para resolver la sobrecapacidad industrial tiene un costo y Pekín está consciente de ello.
La situación no puede ser más preocupante para los líderes en Pekin. Se hace imperativo tomar medidas internas drásticas como las implementadas hace 30 años cuando el Primer Ministro, Zhu Rongji, impulsó medidas heroicas, aunque dolorosas, para atender la sobreproducción. Su lógica era sencilla: menos fábricas, pero más productivas; menos empresas estatales, pero más competitivas; menos empleo improductivo, pero una economía fuerte. En aquel entonces, liberarse de industrias ineficientes le costó al país cerca de 40 millones de empleos. Miles de plantas cerraron dentro del criterio de mantener solo las eficientes.
Las circunstancias del país hoy son radicalmente distintas. La economía crece a ritmo inferior al de entonces, el desempleo juvenil permanece en niveles preocupantes, el mercado inmobiliario sigue deprimido y la confianza de consumidores y empresas continúa debilitada. En ese contexto, un ajuste de la magnitud del impulsado por Zhu Rongji podría desencadenar tensiones sociales que el Partido Comunista considera inaceptables. Xi Jinping ha convertido la estabilidad política en un objetivo superior, de modo que corregir la sobrecapacidad industrial ya no es solo un desafío económico: es, sobre todo, un delicado problema de gobernabilidad que limita el margen de maniobra de Pekín.
