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Hay errores políticos que nacen de confundir la confrontación con el poder. La llamada ‘batalla cultural’ puede movilizar a los propios, pero también facilitar la cohesión de la oposición. A poco más de dos meses de asumir, Abelardo de la Espriella ordenó retirar más de 30 piezas del Museo Nacional como parte de la anunciada ‘contrarrevolución cultural’. ¿Qué gana el Gobierno y qué les está regalando a sus adversarios?
El Gobierno puede cuestionar los relatos de las instituciones públicas y revisar los criterios con que se cuenta la historia. Pero tener razones para librar una batalla no significa que cualquier momento sea oportuno.
Las protestas del sábado 17 de octubre reunieron a más de 500 personas frente al Museo Nacional y se reanudaron el domingo. La controversia salió de las salas del museo y se convirtió en un frente de confrontación pública.
Una vez abierta la confrontación, el Gobierno no controla por sí solo el significado que adquiere. Sus adversarios pueden desplazar el debate desde la revisión cultural hacia la acusación de censura y convertir la controversia en una causa de movilización. El riesgo es que el Ejecutivo termine defendiendo su decisión en el terreno que otros eligieron, en lugar de mantener la iniciativa política.
Ahí está el riesgo político. Una oposición fragmentada tiene dificultades para construir alianzas, coordinar liderazgos y articular una causa común. Una decisión que despierta el rechazo de sectores distintos puede ayudarla a poner sus diferencias en segundo plano. No necesitan compartir un proyecto de país ni ponerse de acuerdo en todo; basta con coincidir en aquello a lo que se oponen.
Esta es la asimetría que el Gobierno debería considerar: mientras el Ejecutivo tiene que gobernar, ejecutar su agenda y demostrar resultados, sus adversarios pueden aprovechar un rechazo común sin acordar un programa ni resolver sus diferencias internas. Para ellos, basta con coincidir; para el Gobierno, esa misma controversia puede convertirse en una disputa que debe administrar.
Las elecciones regionales de 2027 añaden una dimensión estratégica, pero no conviene confundir una causa de movilización con una fuerza electoral. Que sectores distintos coincidan hoy en rechazar una decisión del Gobierno no significa que vayan a construir alianzas ni que este episodio determine sus votos. El riesgo es más inmediato: la controversia puede ofrecerles un motivo para mantener la movilización, articular sus críticas y establecer vínculos. Que esa convergencia tenga consecuencias electorales dependerá de lo que hagan después.
La pregunta no es si el Gobierno tiene razones para dar la batalla cultural, sino si ha calculado quién puede capitalizar las consecuencias políticas de la forma y el momento elegidos. La política no se mide por la intensidad del combate, sino por quién termina fortalecido después de él. Ignorar esa diferencia es calcular la política desde la emoción de la batalla y no desde la aritmética del poder.
